El TSJC obliga a Airbnb a eliminar de su web 12.000 pisos turísticos ilegales en Catalunya

Tras cinco años de pugna legal, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a la Direcció General de Turisme (DGT) de la Generalitat por exigir que el gigante de las plataformas de alojamiento Airbnb cumpla la normativa catalana y, en consecuencia, deje de anunciar en su portal las viviendas que no cuentan con número de registro turístico (lo que acredita su legalidad) o que se publicitan con uno erróneo o inexistente. Hasta ahora solo estaban retirando lo anuncios de Barcelona ciudad a través de un convenio con el ayuntamiento y solo después de que este los detectara.

La sentencia obliga a la postre a eliminar casi 12.000 anuncios de este tipo (en toda Catalunya), aunque es especialmente relevante porque  enfatiza que la sede barcelonesa de Airbnb tiene un papel activo en su entramado empresarial y por tanto debe acatar las reglas del juego territoriales. La contundencia del dictamen lleva a pensar a los responsables de Turisme que un posible recurso de casación de la empresa difícilmente prosperará. Si la compañía no la acata, el Govern exigirá la ejecución judicial.

Sector en continua evolución

El director de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, explica a este diario que la DGT no cuestiona los nuevos formatos de negocio turístico que incluso pueden «generar nuevas oportunidades», sino que exige el cumplimiento de la legalidad en cualquiera de sus canales. El requerimiento realizado desde el 2013 a las siete principales plataformas digitales de reserva de alojamiento había dado fruto con todas (en algunos casos previa vía judicial), hasta el punto de que Airbnb era la única que seguía anunciando pisos sin número de registro. 

El Govern no exige un  trámite de autorización de la actividad turística (alquiler para  menos de 31 días) en un piso, pero sí una declaración responsable en el ayuntamiento del municipio, quien lo traslada a Turisme generando un número de registro que da legalidad a esa actividad y permite esencialmente «evitar el fraude y tener transparencia sobre la oferta real», agrega Bono.

En marzo del 2014 Turisme inició actuaciones administrtivas contra Airbnb Ireland (ABBI) y Airbnb Online Services Spain SL –Ahora Airbnb Marketing Services– (AMS) para que suprimiera cualquier publicidad de viviendas turísticas sin registrar.  Agotada esta vía y tras numerosos recursos, la plataforma trasladó el caso a los tribunales, con una defensa férrea de sus intereses argumentando (entre otros) que la sede barcelonesa solo se encargaba del márqueting local, que no realizaba una actividad turística sino de operaciones tecnológicas de software, que la normativa catalana vulneraba la directiva 2000/31/CE de comercio electrónico  y la ley de servicios de la Sociedad de la Información, que ABBI solo debía cumplir la norma de Irlanda o que sus servicios eran se simple conector, no de intermediario.

Por su parte, el Govern «aportó pruebas» de que ambas sedes «actúan de mutuo acuerdo y de que el único accionista de AMS es la matriz americana Airbnb INC», relata la subdirectora de la DGT, Anna Maria Martínez, que centra buena parte de su labor en la inspección y cumplimiento de la regulación catalana.

Desestimado

Finalmente, la sala contenciosa-administrativa sección quinta del TSJC ha desestimado las demandas presentadas desde Barcelona e Irlanda, confirmado las resoluciones recurridas por ambas. En cifras, supone que la plataforma –que tiene anunciados 38.800 alojamientos turísticos– debería retirar 5.343 pisos sin número y otros 6.478 con número no coincidente con los registros oficiales.  Además de poder sancionar las irregularidades (que no es el objetivo de la DGT) y de exigir la eliminación de estos anuncios de alojamientos no legales (mejor arma para erradicar su actividad), Bono se congratula porque en la sentencia se reconoce a Airbnb como un solo grupo empresarial (con independencia de sus distintas personalidades jurídicas), siendo de aplicación la ley de turismo cuando actúan en Catalunya; y se precisa que el dominio airbnb.es (registrado por la matriz americana) solo puede ser de pesonas físicas o jurídicas con vínculos con España.También se detalla que el portal ha de discernir cuál es su oferta turística (ofrecen otros alojamientos que no lo son)  y reconoce su papel activo en la contratación. 

El director de Turisme destaca también el reconocimiento de que la normativa catalana «no vulnera marcos jurídicos europeos y estatales» sobre las plataformas tecnológicas. La sentencia incluso se remite a casos de fraudes denunciados, para corroborar la valía de la regulación.