Barcelona reserva 8,8 millones para expropiar las casas de la calle de Encarnació

El Ayuntamiento de Barcelona ha incluido entre las inversiones previstas en los distritos de la ciudad durante el 2020 la cantidad de 8,8 millones de euros para expropiar las dos viviendas situadas en los números 13, 15 y 17 de la calle de Encarnació, en Gràcia, y erigir allí una escuela infantil.

Las viviendas cuentan con un jardín en el que se erige una encina bicentenaria que fue la que lo empezó todo. Los vecinos se conjuraron en noviembre del 2018 para evitar que la familia propietaria de las viviendas y del terreno talara el árbol, derribara las casas y construyera 28 pisos para destinarlos al alquiler.

Aunque la propiedad contaba con los permisos para llevar a cabo sus plan, y aunque el concejal de Gràcia, Eloi Badia, advirtió de entrada que no existía un motivo para revertir la operación, la movilización, encarnada en el colectivo Salvem l’Alzina, pesó más y Badia rectificó y anunció en febrero del 2019 que las casas serían expropiadas. Por la vía de catalogar la encina quedó anulada la licencia de obras existente.

ERC y los presupuestos

Al analizar el proyecto de presupuestos municipales para el 2020, ERC dio con los 8,8 millones consignados en las inversiones que hacen los distritos, y no directamente el ayuntamiento, que son una pequeña parte del global. De hecho, para el año que viene esa cantidad es de 11,8 millones para todos los distritos. Los republicanos no cuestionan la naturaleza de la iniciativa, pero consideran excesivo que de esos 11,8 millones que se destinan a los distritos casi el 75% de la suma, los citados 8,8 millones, se inviertan en la operación de Encarnació.

El consistorio da por hecho que la cantidad final será inferior y dice que el resto se dedicará a otras inversiones en Gràcia

Fuentes municipales precisan que el coste final está por determinar porque la compensación que recibirá la familia propietaria de las casas no está todavía fijada, ya la negociación al respecto sigue abierta. Además, indican que una parte de los 8,8 millones se dedicará a otros aspectos en Gràcia, pero hasta que no se sepa cómo se indemniza a la propiedad no quedará claro cuanto dinero queda para otros proyectos en el distrito. La familia que iba a construir los 28 pisos sostiene que hasta que tuvo lugar la protesta vecinal el ayuntamiento no solo cuestionó el proyecto, y afirma que técnicos del consistorio les instaron a demoler las viviendas, cuando ellos, inicialmente, planteaban conservarlas y remodelarlas.