BCN y la Generalitat acuerdan un recargo de hasta cuatro euros a la tasa turística

Un año y cuatro meses después de su último encuentro, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han celebrado este lunes una reunión de la comisión mixta bilateral entre ambas instituciones. La delegación municipal estaba encabezada por la propia alcaldesa, Ada Colau, y la del Ejecutivo catalán, por la ‘consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, y aunque no es que los pactos alcanzados vayan a cambiar el mundo tal y como lo conocemos, el tono y el resultado mostrado tras algo más de dos horas de debate ha sido manifiestamente mejor que el de la anterior edición, de julio del 2018. Entonces, Colau tuvo como interlocutora de la hoy concejala de Junts per Catalunya Elsa Artadi, antecesora de Budó, y la sintonía brilló por su ausencia.

En síntesis, del encuentro sale buena voluntad pero no un acuerdo sobre la deuda que la Generalitat tiene en cuanto a financiación de la escuela infantil, ni sobre la deuda ciudadana, por el dinero que la Administración catalana dejó de invertir en Barcelona cuando la crisis obligó a apretarse el cinturón. Sí ha habido un pacto concreto sobre una medida relevante: el recargo de hasta cuatro euros a la tasa turística que el pleno municipal aprobó en septiembre pasado a propuesta de ERC. Tampoco es que se esperara la oposición del Ejecutivo catalán, a la vista de que los padres de la propuesta son los republicanos, socios de ese Govern.

Dinero para cambiar el turismo

El recargo, que según los republicanos podría llevar a la capital catalana a recaudar hasta 100 millones de euros más cada año, está contemplado en el proyecto de los presupuestos que el gobierno de Barcelona en Comú y el PSC se dispone a negociar con la oposición. En este caso, se calcula que si el recargo se pone en práctica durante el 2020 supondría un ingreso extra de 20 millones en las arcas municipales durante el próximo año. Son recursos que se dedicarían, según el guión de la propuesta, a mejorar el sector, a transformar la oferta turística.

Para que eso suceda, no solo es imprescindible que el consistorio apruebe sus cuentas, también tienen que ver la luz verde los del Parlament. De hecho, la previsión es que la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos regule el recargo. Si el recargo prospera, supondrá uno de los grandes cambios normativos del modelo turístico después del plan de regulación hotelera que restringió la construcción de hoteles en las zonas más frecuentadas por los visitantes de la ciudad, el PEUAT.

Buenas y malas noticias

“Serían recursos que se dedicarían a un cambio de modelo turístico que la ciudad necesita. Es un gran acuerdo que va en la línea de la carta municipal”, ha afirmado el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, que ha comparecido por parte del ayuntamiento para explicar el contenido de la reunión.

Collboni ha admitido que en otros campos no ha habido avances. Es el caso de la deuda de la Generalitat en la financiación de la escuela infantil, que ha generado sentencias en su contra. Ayuntamiento y Generalitat crearán una comisión para que analice la situación y llegue a conclusiones en un mes. Barcelona reclamaba en enero del 2018 al Gobierno catalán 41,8 millones de euros que debió dedicar a las guarderías y que invirtió en salarios de la concertada.

Tampoco en cuanto a deuda ciudadana ha habido novedades. Las dos partes destacan que la deuda estricta de la Generalitat con el ayuntamiento, que en el 2015 superaba los 100 millones de euros, se ha reducido hasta 25 millones (Collboni ha dado esa cifra, aunque Budó la ha elevado a 33 millones). Pero la deuda ciudadana, vinculada al gasto autonómico en la capital catalana en asuntos como la vivienda, la educación y la sanidad, se mantiene en las cifras en las que estaba en julio del 2018, cuando Colau denunciaba que desde el 2011 la ciudad había dejado de recibir 350 millones de euros.

Collboni ha explicado que en estos momentos Barcelona recibe una inversión de la Generalitat de unos 200 millones de euros al año, cuando debería ser de 230 millones.

Un Govern “municipalista”

“Somos un Govern municipalista”, ha asegurado Budó, que ha repasado los acuerdos y los desacuerdos y ha destacado entre ellos el frente común entre ambas administraciones para acabar con el muro que la ley Montoro, la ley que obliga a las administraciones a contener el gasto y que en opinión de los afectados debe ser derogada.

Las dos partes también han mostrado un acuerdo sobre la convicción de que el momento es “excepcional” y de que “la negociación y el diálogo” tienen que servir para “encontrar soluciones políticas al conflicto político existente” -en palabras que figuran en un texto repartido por el consistorio- en probable alusión al logro de un acuerdo de investidura entre el PSOE y Podemos que no es viable sin el pacto con otros interlocutores, entre los que destaca ERC.

Por mucho que cada institución sostiene que sus presupuestos son importantes por sí solos, no hay duda de que el acuerdo de investidura del Gobierno central, los presupuestos de la Generalitat y los del ayuntamiento están considerablemente conectados por un hilo invisible que indican que es más que probable que o bien todos prosperen o bien todos se frustren.