Vecinos de Poble Sec ahuyentan a una empresa que intenta desalojar a okupas

Una movilización vecinal ha vuelto a frenar este miércoles a una empresa especializada en desahucios que pretende expulsar a seis familias que ocupan algunas viviendas del llamado Bloc Llavors, en la calle de Lleida de Barcelona. Cuatro hombres han intentado regular el acceso a la finca pidiendo el contrato de alquiler o de propiedad a las personas que entraban. El vecindario del bloque, el Sindicat de Barri de Poble Sec y otros grupos se han concentrado en la puerta de la finca para impedir esta acción. Poco después han llegado los Mossos, que han intentado mediar. Finalmente, los cuatro hombres se han marchado. La propiedad de este edificio, que ya intentó desalojar sin éxito el pasado 10 de octubre,  es un fondo inversor.

Según el Sindicat de Barri de Poble Sec, el fondo propietario está intentando que los vecinos que viven con contrato de renta antigua y los dos propietarios firmen un documento diciendo que las familias que han ocupado pisos generan conflictos y mala convivencia. En un comunicado la referida entidade vecinal sostiene que los individuos que han intentado realizar el control de acceso de los vecinos pertenecen a la empresa Citylock Auxiliares y que uno de ellos "ya había sido denunciado hace dos días por allanamiento de morada en un intento fallido de la misma empresa de desalojar ilegalmente a las familias del mismo bloque".

La estrategia

El llamado "control de acceso" es, según el Sindicat de Barri Poble Sec, uno de los sistemas utilizados para desalojar inquilinos sin papeles. "Los matones se ponen en la entrada del edificio e impiden el acceso a todas las personas que no tengan contrato de alquiler o no sean propietarios de alguna de las viviendas". Para la entidad, "esta estrategia es ilegal ya que vulnera el derecho a la vivienda".

El edificio Bloc Llavors fue adquirido en buena parte por Vauras Investment hace cuatro años. Entonces, los vecinos que no tenían contrato de renta antigua se tuvieron que marchar. Los pisos recuperados por la propiedad fueron restaurados y puestos a la venta por unos 400.000 euros, afirma la asociación vecinal. Pero en el verano del 2017 seis familias ocuparon algunas viviendas vacías y plantearon pagar un alquiler social, a lo que se negaron los dueños del bloque. El juez decretó entonces los desalojos, que se han ido interrumpiendo en cuatro ocasiones gracias a la presión vecinal.

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Documento para el juez

"En estos momentos la propiedad está intentando que los vecinos que viven con contratos de renta antigua y los dos propietarios que compraron sus pisos al fondo buitre firmen un documento conforme las familias que viven en precario, sin contrato, generan conflictos y mala convivencia para presentárselo al juez y que este justifique un desalojo con la fecha abierta", afirman fuentes del Sinicat de Barri Poble Sec.