Ir a contenido

BARCELONEANDO

El gafe de los semáforos

Barcelona tropieza de nuevo con un contrato público que ya pasó un calvario burocrático hace cuatro años

Carlos Márquez Daniel

Semáforos en la avenida Diagonal de Barcelona.

Semáforos en la avenida Diagonal de Barcelona. / DANNY CAMINAL

El primer semáforo eléctrico de Barcelona se instaló en 1929 en el cruce de Balmes con Provença. Un agente de la Guardia Urbana se encargó durante las primeras semanas de que todo fuera bien, y de que los automovilistas respetaran y entendieran la nueva señal. Tres años antes ya había uno  en Madrid. El precursor fue Gran Bretaña, que en 1868 plantó un semáforo frente al Parlamento británico. Tenía dos brazos con sendos farolillos de gas, uno de color verde y otro de color rojo. Todo parecía ir bien. Hasta que a los dos meses explotó y mató al policía que lo manipulaba. Los semáforos, a veces, los carga el diablo. 
El ayuntamiento está inmerso en la licitación del contrato de gestión de los 36.000 semáforos que están operativos en toda la ciudad. El presupuesto es de 12 millones de euros anuales, repartido en dos lotes: uno para el lado Besòs y otro para el del Llobregat. La cosa no habría llamado la atención de este diario si el concurso no estuviera viviendo un peculiar déjà vu en forma de problemas e irregularidades que están convirtiendo el proceso en un calvario administrativo.  

Entre el 2014 y el 2015 ya fue necesario repetir la licitación en tres ocasiones. Ahora ya vamos por la segunda y el tema se ha vuelto a encallar, incluso antes de la adjudicación. El contrato tiene una duración de 24 meses, prorrogable otros dos años si las cosas se hacen bien. En teoría, el nuevo periodo va de octubre del 2019 a septiembre del 2021, pero la nueva intentona ya ha eliminado la mención a los meses. Visto lo visto, más vale prevenir.  

Cuando ‘no’ no es ‘no’

El primer concurso de la presente convocatoria se publicó el 1 de abril, pero 17 días después, el propio ayuntamiento lo dio por desistido tras advertir «una infracción en las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación», puesto que se había previsto «valorar un criterio habiendo informado erróneamente de los parámetros que se tendrían en cuenta para otorgar la puntuación». Suena a metida de pata gorda, pero el mismo documento lo aclara más adelante: en el pliego de condiciones aparecía un «no» que daba un sentido completamente opuesto al que se quería dar en una frase. Pero hay otros defectos de forma. En el documento también se hace referencia a la carga de un vehículo y se habla de 600 metros cúbicos. Pedazo de camión. Querían decir seis metros cúbicos. El informe municipal recoge otras tres erratas más, con lo que el consistorio, tras el dictamen de la dirección de servicios jurídicos, y a la vista de que «podían incitar a la confusión y a la poca transparencia», procedió al desistimiento de la licitación. 

El ayuntamiento se embarcó en la segunda tentativa tras enmendar los errores de la primera, pero ahora el tema ha quedado una vez más detenido porque tres de las empresas postulantes han presentado un recurso. Hasta que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic no delibere, habrá que esperar. Manel Valdés, gerente de Movilidad e Infraestructuras del ayuntamiento, teme que la cosa se alargue hasta mediados del año que viene, con lo que ya se ha firmado una prórroga del presente contrato. Se da el caso de que una de las compañías que ha presentado recurso es una de las concesionarias actuales, con lo que, parando el proceso, se ha ganado este semestre de más con un dinero asegurado. 

Regreso al futuro  

El asunto, para entender el gafe que arrastra este negociado público, requiere de un poco de historia previa. En noviembre del 2013, el contrato de semáforos se detiene tras una controvertida subasta celebrada el 18 de septiembre que terminó con el precio reventado. Una baja temeraria en toda regla, hasta el punto de que la oferta estaba por debajo del coste laboral. Al frente de toda la operación estaba el entonces gerente de Seguridad, Joan Delort, un auténtico todoterreno de la política contemporánea. Dos empresas y un sindicato presentaron sendos recursos y la Generalitat, en enero del 2014, tumbó la adjudicación.  

Sice fue una de las compañías que presentó una queja al considerar que el sistema de puntos para la licitación «era irregular, carente de objetividad, no igualitaria y poco transparente». Tras aquel tropiezo, el gobierno de Xavier Trias decidió descartar la puja. Entre otras cosas, porque la oposición cayó en tromba sobre los convergentes, a los que acusaron de haber impulsado una subasta «desastrosa».  

Valdés cuenta que en los últimos años se ha notado una «oleada de impugnaciones» por parte de las empresas que quieren entrar en el sector público. «Cada vez es más habitual, quizás porque las empresas asumen muchos riesgos y, sin ven que pueden perder o si ya han quedado fuera, les es muy fácil presentar un recurso y detener el proceso». Pasó lo mismo, por ejemplo, con el Bicing. Clear Channel, la empresa que lo explotó durante los 10 primeros años y que fue substituida por una filial de Ferrovial, logró seguir un año y medio a base de reclamaciones ante el tribunal. 

Los controladores de las señales siguen trabajando a la espera de noticias. No hay excesiva inquietud, ya que el ganador debe asumir la plantilla actual. Pero ese, el de la adjudicación, será otro capítulo, donde sin duda seguirá el gafe de los semáforos.