La doble velocidad de los dentistas de Colau

-¿Tiene alguna alergia?

-No.

-Yo tampoco. Ya tenemos algo en común.

El odontólogo Llàtzer Fernández suaviza con una broma la visita de María Luisa Varela, 82 años y vecina del Raval. Hasta hace poco, apenas tenía dientes de abajo. “Mi nieto se volverá loco, no me va a reconocer. Yo estaba muy acomplejada”, afirma exultante mostrando el resultado de la atención que ha recibido en el servicio odontológico abierto por el Ayuntamiento de Barcelona hace casi un año en la calle de Viladomat, donde antes se encontraba la antigua mutua municipal, el Pamem. Este es el dentista de Ada Colau que sí funciona, el que atiende a personas sin recursos. Luego está el otro, el dentista municipal que tanto apareció en campaña, pero que todavía no ha abierto sus puertas, a raíz de una denuncia del sector.

Pero regresando al primero, en la sede de Viladomat, desde noviembre pasado --y antes, como prueba piloto, de julio a noviembre en el CAP de Cotxeres--, el consistorio ha atendido a 1.079 personas. Son pacientes sin recursos, derivados por los servicios sociales. Varela es una de ellas. Una asistente social, a la que conoce del comedor al que acude a diario, excepto los fines de semana, le recomendó el lugar.

Los 1.079 pacientes aludidos han recibido un total de 4.812 visitas: se les ha hecho 2.005 obturaciones, 170 endodoncias, 538 prótesis removibles, 22 férulas de descarga. El servicio no incluye implantes, por su coste elevado, ni extracciones, por estar contempladas en las prestaciones de la sanidad pública catalana. También se han hecho 1.046 visitas para tratamientos de higiene. El presupuesto del servicio es de 420.000 euros anuales y para poder utilizarlo hay que tener un expediente abierto en servicios sociales e ingresos anuales inferiores a 7.410 euros.

Esperando un piso

También Lluís Doporto, 66 años, parado de larga duración, ha sido tratado en el servicio de Viladomat. Fue de los pioneros. Primero, en servicios sociales le invitaron a ir a la Seguridad Social a detectar qué problemas bucodentales tenía, con el fin de pedir presupuesto a dentistas. “Me pidieron de 5.300 a 8.400 euros”, cuenta. Y apareció la opción del servicio para personas sin recursos: “Hice de conejillo de indias”. Le han puesto prótesis “arriba y abajo”, le han tratado de siete caries.

Doporto vive en Sagrada Família, en una habitación por la que paga 435 euros. De la ayuda que recibe, le quedan 169 euros para sobrevivir. Le han denegado el cobro por la jubilación, trabajó en la restauración. Desgrana un rosario de peticiones por ahora desatendidas, entre las que destacan sus quejas contra el gobierno de Colau, que si bien le ha arreglado la boca, no le consigue un piso: afirma que lleva en lista de espera municipal desde el 2014, y que ha enviado cuatro mails a Colau, a una dirección que ella le dio tras interpelarla en distintos actos. “No me los ha respondido”.

El dentista electoral

Más allá del dentista para usuarios de servicios sociales, el ayuntamiento aprobó en marzo la creación de la figura del dentista municipal, con un ahorro previsto de entre un 13% y un 40% sobre el coste habitual. Fue protagonista durante la campaña electoral. En varios mítines. “Los pobres ya podemos sonreír, porque Ada nos ha puesto un dentista”, proclamaba en un acto una de las oradoras de confianza de Barcelona en Comú, provocando el aplauso general. Sin embargo, no se puede decir que Colau se apoyara en el dentista municipal para ganar las elecciones, porque no las ganó.

El caso es que el Col·legi Oficial d'Odontòlegs presentó un recurso administrativo contra la figura y el juez suspendió cautelarmente su actividad. La concejala de Salud, Gemma Tarafa, confía en que a final de año o principio del 2020, el juez levante la restricción. El dentista municipal se activaría diez meses después. Habrá dos gabinetes, un primero en Nou Barris y otro, unos dos años después, en una zona por determinar, con 45 profesionales en total. La idea es que el 12% de barceloneses que no van al dentista, presumiblemente por no poder afrontar su coste, echen mano de esta opción, que prevé atender a 36.000 personas cada año. No existe límite de ingresos, pero sí pasados seis meses la demanda desborda la previsión, podrían establecerse.