Los usuarios de las motos compartidas de Barcelona deberán respetar el Código de Buenas Prácticas

"Ordenar el espacio público y proteger al peatón". Bajo estas premisas, el Ayuntamiento de Barcelona otorgará unas 7.000 licencias para motos compartidas y unas 4.000 más dirigidas a las empresas de 'bike sharing' antes del 1 de enero del 2020, coincidiendo con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, que prohibirá la circulación a los vehículos más contaminantes, los que no tienen el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y es que se trata de facilitar otros modos de transporte más sostenibles. Las empresas interesadas en operar en la capital catalana tendrán una serie de obligaciones que deberán acatar y, en el caso de las motos, las personas usuarias deberán respetar un Código de Buenas Prácticas.

Las empresas de motos de uso compartido deberán comprometerse a difundir entre sus usuarios ese decálogo de buenas prácticas elaborado conjuntamente con el consistorio. Entre las conductas que pueden suponer la expulsión del servicio durante un tiempo todavía indefinido figuran conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida, conducir bajo la influencia de drogas, conducir de manera temeraria o imprudente o permitir el uso del vehículo a una persona diferente a la registrada. El objetivo de este código y este registro de personas expulsadas es “bajar la siniestralidad con vehículos de uso compartido”, ha dicho la concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Alarcón, si bien no tiene datos exactos o desglosados.

Entre las obligaciones principales de las empresas, tanto de bicis como de motos,  figuran la geolocalización de todos los vehículos en tiempo real, la reubicación de los vehículos mal estacionados en un máximo de 24 horas, garantizar el aparcamiento en las U invertidas del ayuntamiento (en el caso de las bicis) y no concentrar más del 50% de la flota a la zona centro (Ciutat Vella, Eixample y parte de Gràcia) por un periodo superior a dos horas. El incumplimiento por parte de las empresas puede comportar la retirada de estas licencias.  

Reparto a partes iguales

El consistorio otorgará exactamente 6.958 licencias para motos compartidas, de las cuales un máximo de 2.319 se podrán adjudicar a una misma empresa, y 3.975 para bicicletas, de las cuales una misma empresa solo podrá optar a un máximo de 1.325. Cada licencia tendrá una vigencia inicial de 3 años prorrogable a un año y en ningún caso, ha subrayado Alarcón, “no se podrán traspasar ni vender”. Con este punto el ayuntamiento persigue la diversidad de empresas y evitar así que las pequeñas empresas puedan acabar engullidas por las grandes.

Siete empresas de ‘moto sharing’ –actualmente hay 5 operando en la ciudad de Barcelona- y otras siete de bicicletas compartidas –actualmente son dos- están interesadas en estas licencias. “La previsión es que todas las empresas que se presenten puedan obtener licencias porque se repartirán a partes iguales en función de la demanda”, ha explicado la concejal, quien ha definido como “innovador” el procedimiento de adjudicación, que será el siguiente: el número total de licencias disponibles se dividirá entre el número de solicitantes que cumplan con los requisitos; en una primera instancia se adjudicará a cada empresa esta cifra o el número total de licencias solicitado si es inferior, y la asignación de las licencias restantes se realizará por el mismo sistema.

Las empresas de ‘bikesharing’ y ‘motosharing’ interesadas en operar en la capital catalana deberán pagar 71,51 euros anuales y por vehículo.

La regulación de los patinetes eléctricos

La regulación de los patinetes eléctricos compartidos se iniciará en abril con otro periodo de presentación y solicitud de licencias. Actualmente hay 25 empresas de ‘sharing’ interesadas en operar en la ciudad, de las cuales 23 han respetado el acuerdo y dos no. Tras las sanciones, ha recordado la concejal, se ha procedido a la retirada de vehículos. En total, el consistorio ya ha confiscado unos 400 patinetes.

Mientras las bicis y las motocicletas compartidas están en una situación “alegal” ahora mismo, según palabras de Alarcón, que recuerda que las empresas todavía no pagan ninguna tasa; los patinetes eléctricos tienen un trato diferente porque “hacen un uso intensivo del espacio público” y “no está demostrado que sustituyan a los motociclistas” sino a los peatones.