19 feb 2020

Ir a contenido

LA GESTIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN BARCELONA

Críticas a la falta de medidas urgentes para solucionar la crisis de los realojos

La tercera reunión del gabinete de crisis acaba sin soluciones a corto plazo para las 600 familias que esperan en pensiones una vivienda de emergencia

Colau pide a la Generalitat 1,2 millones para abrir un equipamiento para 70 familias y ésta le responde que apruebe primero su frustrado decreto del alquiler

Helena López

Celebración del fin de la suspensión de la ley catalana antidesahucios. 

Celebración del fin de la suspensión de la ley catalana antidesahucios.  / RICARD CUGAT

Las propuestas a medio o largo plazo planteadas por el ayuntamiento han decepcionado a las entidades que forzaron la reunión a cuatro, que finalmente ha sido a tres. El plantón de la Delegación del Gobierno ha sido lo primero que han afeado tanto la concejala de Vivienda del consistorio, Lucía Martín, como el secretario de Hábitat Urbano de la GeneralitatAgustí Serra, tras el tercer encuentro del gabinete de crisis. Un encuentro forzado por las entidades que defienden el derecho a la vivienda -tras ocupar el consistorio- para tratar el realojo de las 600 familias que malviven en pensiones a la espera de acceder a una vivienda social en la ciudad.

"No entienden que estamos ante una emergencia, y como tal pedíamos soluciones urgentes. Tenemos a 600 familias alojados en pensiones sin tener en cuenta el barrio en el que viven o en el que estudian sus hijos y lo único que nos han planteado son medidas a largo plazo. Queríamos soluciones concretas y no nos las han dado", resume Llum Oliver, una de de los portavoces de los colectivos en defensa de la vivienda a quien los condicionantes expuestos por el representante de la Generalitat le han sonado a chantaje. "Dice que las medidas están condicionadas a la aprobación de su decreto ley de regulación de los alquileres, cuando ya tenemos la ley 24/2015 y aún no la han acabado de desplegar", han señalado los activistas de la vivienda, quienes han recordado que precisamente el incumplimiento de esa ley, que obliga a realojar a las familias vulnerables tras sufrir el desahucio, es el que ha provocado el gabinete. 

Más barracones

Entre las medidas a medio o largo plazo expuestas por Martín está la inauguración de la primera promoción de pisos provisionales en contenedores de barco -donde podrán alojarse 12 familias- que prevén inaugurar en dos meses. La concejala ha explicado también que en un mes licitarán el concurso para la construcción de la segunda promoción de viviendas provisionales, en este caso en Glòries, siguiendo este polémico formato, que calculan que podrán estar listos en el 2021 y ha puesto sobre la mesa "la posibilidad de disponer" de un edificio municipal de 70 plazas -"no para 70 personas, sino para resolver 70 casos, con alojamientos que pueden ir de las dos a las seis personas"- en el Eixample. Un equipamiento cuya ubicación exacta no ha querido concretar, pero que requeriría de 1,2 millones para su gestión, que debería aportar la Generalitat. 

El representante del gobierno de Torra, por su parte, ha asegurado que el próximo año destinarán 10 millones a vivienda social, pero, como le han reprochado los líderes sociales, ha subrayado que la aprobación de la mayoría de las medidas presentadas por el consistorio que requieren de su colaboración dependen de la aprobación de su decreto ley.