Una asociación de fiscales reclama una reforma legal para castigar más la reincidencia

La Asociación de Fiscales (AF) ha advertido este lunes que los profesionales de la justicia disponen de herramientas “escasas y poco disuasorias” para hacer frente al "repunte" de los hurtos, robos con violencia y delitos contra la vida e integridad de las personas en la ciudad de Barcelona, a la vez que reclaman una reforma legislativa del Código Penal para endurecer las penas contra los reincidentes. “Es preciso recordar que es exclusivamente el poder legislativo, esto es, los partidos políticos con representación en el Parlamento quienes dictan leyes y reforman los Códigos”, precisa esta entidad en un comunicado.

La asociación de fiscales mantiene, de esta manera, la misma postura manifestada por su expresidenta y actual fiscala jefe de Barcelona, Concha Talón, Concha Talónque el pasado mes de julio apostó por un cambio legal para combatir el incremento de la reincidencia continuada en la comisión, sobre todo de hurtos en la capital catalan. La máxima representante del ministerio público en la provincia, tal y como ahora hace su asociación, sostuvo que la solución del problema no corresponde a los jueces y fiscales. “Con la ley que tenemos no podemos hacer otra cosa y somos los primeros que queremos la reforma”, concretó. 

El remedio sería una modificación del artículo 235 del Código Penal que regula el delito de hurto y extender, así, la condena de hasta tres años de cárcel a los delincuentes que cometan una sustracción de un objeto valorado en menos de 400 euros si ya ha sido condenado antes por tres delitos de las mismas características. En julio del 2017, el Tribunal Supremo interpretó restrictivamente la agravación de la pena por hurto aprobada en el 2015. A partir de esa resolución, la situación cambió.

Efecto preventivo

La asociación de fiscales recalca en un comunicado que ante el aumento de los hurtos, los robos con violencia y los delitos contra la vida “los fiscales siguen actuando, como siempre lo han hecho, con arreglo” al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Admite, sin embargo, que las herramientas de las que disponen son insuficientes y es necesario una “reforma” para que la condena en caso de reiteración delictiva “supere la categoría de pena leve multa” y pase a ser castigada con prisión, “lo que provocaría un importante efecto de prevención especial y general”.

 “Depende exclusivamente de la voluntad política” dotar de plantilla adecuada a fiscales, jueces y policías y “proveer a todos ellos de los medios materiales necesarios para poder actuar con mayor eficiencia y celeridad en la lucha contra todo tipo de celebridad”, incide la asociación.

La AF recuerda que la prisión provisional, “como medida limitativa” del derecho fundamental a la libertad deambulatoria, “solo puede solicitarse cumpliendo determinadas garantías” y bajo los concretos requisitos marcados por la ley. Y agrega que el concepto de “alarma social” que el delito cometido genera en la sociedad fue suprimido hace años por el legislador como justificación para acordar el encarcelamiento provisional, “por lo que no puede ser tenido con sustrato de la petición de prisión por parte de la fiscalía”. Las estadísticas oficiales desvelan que a solo el 10% de los detenidos por los Mossos por robos violentos en Barcelona se les aplica esta media.