Barcelona ya tiene los primeros barracones oficiales para vivienda social

Conseguir un techo para los más vulnerables lleva décadas siendo un problema en Barcelona. De hecho, lo es la vivienda en general y la protegida en particular. En la ciudad no hay espacio ni dinero para alojamiento social. Y como la situación llevaba visos de enquistarse desde hace tiempo, el consistorio puso la imaginación a trabajar y dio con una solución: barracones. Así lo anunció en febrero del 2018 con la presentación del programa Allotjaments de Proximitat Provisionals (Aprop).

La idea era construir edificios modulares prefabricados a partir de los contenedores de mercancía desechados para el transporte marítimo. Una solución "más económica y más sostenible" que los pisos de obra, a juicio de Laura Pérez, alcaldesa accidental, que tiene por objetivo "aligerar la presión que ahora mismo hay en la mesa de emergencia" habitacional. El ayuntamiento tenía previsto tener listos antes de finales de ese año, del 2018, tres bloques de casas prefabricadas de 30 a 60 metros cuadrados por vivienda. Uno en Ciutat Vella, otro en Sants-Montjuïc y un último en Sant Martí. Pero los tempos se han alargado.

Con retraso y marcha atrás

Este lunes, con retraso –"después de acabar el proyecto nos dimos cuenta de que el tiempo mínimo para tenerlo listo es de nueve meses"­–, se ha puesto la primera piedra (de hecho se ha puesto el primer contenedor) del que hasta ahora es el único bloque en marcha. Los otros dos aún no están licitados, aunque desde el ayuntamiento aseguran lo estarán en cuanto haya presupuesto municipal aprobado. Lo cierto es que sí se licitaron en su momento, pero la empresa adjudicataria se retiró tras el concurso.

Así las cosas, los primeros contenedores han llegado esta mañana al Barri Gòtic. Lo dicho, han llegado con retraso y han llegado de culo. El tráiler que transportaba el primer módulo ha tenido sus problemas para maniobrar por Ciutat Vella. Marcha atrás por la plaza de Joaquim Xirau y la calle de Josep Pijoan para arribar al solar que hace esquina con Nou de San Francesc. Tampoco ha sido fácil mover el módulo desde el camión para anclarlo a la estructura de hierro que lo soporta. Se supone que la maniobra no debe llevar más de 15 minutos. Pero, lo dicho, el tiempo se expande cuando el tema es la vivienda protegida y se agrava cuando las calles miden lo que miden las de Ciutat Vella.

Cinco años como tope

La operación se ha hecho tres veces a lo largo del día. Hasta completar el primer piso, el resto –cuatro plantas a razón de tres viviendas por rellano (dos de 30 metros cuadrados y una de 60)– se llevarán a cabo hasta el jueves. Luego continuarán la fase dos: instalar ascensor, escaleras y pasarelas de acceso; y la fase tres: fachada y huerto urbano en la azotea. En total, un coste de 940.000 euros. La previsión es acabarlo a finales de octubre y entregarlo a 12 familias del barrio que han sido expulsadas por desalojos. Estarán allí hasta que se les otorgue una vivienda social definitiva. Se trata, como el nombre del proyecto indica, de una solución provisional. Aunque de una provisionalidad que se intuye larga: "Cinco años es el tope estipulado por el ayuntamiento", ha asegurado Pérez. Sobre el retraso en poder disponer de los bloques que faltan (80 viviendas más) habrá que esperar a tener las cuentas aprobadas, convocar concurso y otros nueve meses de construcción. 

Aun así, Pérez se ha mostrado "muy satisfecha" por la construcción de un bloque prefabricado levantado a partir de contenedores de mercancías de 30 y 60 metros cuadrados. En el 2005, cuando María Antonia Trujillo, por entonces ministra de Vivienda, habló de construir vivienda de protección oficial de 25 a 30 metros, la idea fue tachada, como poco, de inmoral e indigna, e incluso de franquista. Las cosas habrán cambiado.