BCN detecta 358 pisos protegidos con irregularidades como alquileres sin permiso

El plan de inspección de viviendas de protección oficial ubicadas en Barcelona ha comprobado el estado de 2.679 pisos y ha detectado indicios de mal uso en 358 de ellos (el 13,3% del total), la mayoría por estar vacíos o alquilados sin autorización o por encima del precio correspondiente.

Estos datos han sido facilitados por la concejal de Vivienda, Lucía Martín, que ha destacado que casi la mitad de los casos con indicios de mal uso (173) son por alquileres sin autorización, y que 32 pisos están vacíos, lo que representa un 1,1% de los inspeccionados.

El resto de los 358 casos detectados con indicios de mal uso incluyen situaciones diversas, como destinar la vivienda de protección oficial a usos de despacho o a un piso turístico, o tenerla cedida a algún familiar, entre otras.

La directora técnica de la Unidad de Disciplina de la Vivienda, Fuensanta Alcalá, ha detallado que los casos son muy diversos, y ha explicado que han encontrado alquileres sin permiso que cobraban hasta el triple de lo correspondiente por ser vivienda protegida.

Este plan de control, creado en el 2017 y pionero en España, ha empezado por los pisos que pierden la calificación de vivienda protegida durante los próximos años, y ha encontrado indicios de mal uso en diversos barrios, entre ellos la Barceloneta, Clot, Poble Sec y Vallbona.

Expedientes y sanciones

Con el plan, se ha logrado la cesión de seis pisos vacíos a la Bolsa de Vivienda de Alquiler, y se han producido 11 regularizaciones de familias que estaban en alquiler en casos no autorizados, rebajando el precio de mercado que pagaban al que establece la ley por una vivienda protegida.

Por el momento se han incoado 60 expedientes, que están en diversas fases de tramitación, y 12 propietarios ya han abonado los importes de las sanciones correspondientes, que oscilan entre los 4.000 y los 45.000 euros.

Martín ha explicado que las sanciones son más elevadas pero que se rebajan si se corrige la situación, y se modulan en función del incumplimiento, y ha remarcado que el objetivo del plan de inspección no es sancionar, sino garantizar que los pisos protegidos se usen como tal.

La ley catalana por el Derecho a la Vivienda establece que las de protección oficial deben destinarse al domicilio habitual y permanente, aunque se pueden poner en alquiler con una autorización que establece un precio máximo: si no se cumplen estas condiciones, la administración pueden sancionar e incluso expropiar la vivienda.

Exigencias al Estado y la Generalitat

Alcalá ha recordado que nunca antes se había realizado un plan de inspección sistemático en la ciudad, y Martín ha exigido a la Generalitat que ejerza su responsabilidad de inspección, porque ayuntamientos como el de Barcelona pueden promover planes propios pero consistorios con menos recursos no tienen suficiente capacidad.

Martín ha pedido al Govern que haga permanente la calificación de vivienda protegida –actualmente termina con los años–, y también que asuma su responsabilidad en la Mesa de Emergencia para personas que requieren una vivienda, ya que del Govern depende un 60%, pero el Ayuntamiento asume el 80%, ha cifrado.

Ha remarcado que, si la Generalitat asumiera sus competencias en la Mesa, no habría lista de espera ni serían necesarias propuestas como la de Govern para que la Sareb alquile a mitad de precio todas las viviendas que tiene en la ciudad a cambio de una subvención del 60%, algo que ha dicho que debe valorar la mesa creada con entidades.

También ha recordado las exigencias del ejecutivo de Ada Colau al Gobierno central: regular los precios de alquiler, y modificar la fiscalidad que tiende una "alfombra roja" a entidades como fondos de inversión que contribuyen a aumentar los precios de la vivienda, ha dicho.