Una jueza atribuye a las prisas sobrecostes en la estación de la Sagrera

La construcción de la plataforma de AVE en el Nudo de la Trinitat y los accesos y la estructura de la estación de la Sagrera produjeron sobrecostes por obras “imprevistas y “urgentes de realización” con una “voluntad de priorizar” los plazos de ejecución pactados y continuando las labores, reservando hasta el final el cobro total de los trabajos. Esta situación no supone que se haya cometido un delito de malversación de fondos públicos, pues no se desvió el dinero a otras labores. Así justifica la jueza de Barcelona María del Carmen Suárez el archivo de la causa abierta en el 2016. La Fiscalía Anticorrupción expone en su dictamen, en el que reclamó el sobreseimiento, que “había prisas en la ejecución de las obras porque se habían marcados los plazos concretos”.

El inspector general del Ministerio de Fomento, ya jubilado, reconoció ante el juez que "por las prisas y por el cumplimiento de plazos que se habían fijado desde las instancias políticas" no se respetaron los procedimientos administrativos, aunque agreg: "No entiendo de que sea ilegal". "Yo sospecho que detrás de mí alguien les ha dicho que corran más y que hagan cosas que posteriormente deban regularizarse". Gráficamente recalcó: "Muchas veces se pone el carro delante de los bueyes".

La Guardia Civil practicó el 14 de junio del 2016 15 registros en Madrid y Barcelona y detuvo a 13 personas, entre ellos directivos de la empresa pública Adif. Esta investigación y los pleitos presentados por constructoras para reclamar cantidades provocaron cuatro años de parón en las obras de la estación del AVE. La denuncia de la fiscalía de que se habían detectado diferentes mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se había ejecutado. Así, en su opinión, se habrían emitido certificaciones de obras con unos importes muy superiores a los trabajos efectuados por las empresas contratistas. La acusación cifró el sobrecoste en 82 millones de euros.

Tras tres años de investigación, la misma Fiscalía Anticorrupción, a la que se ha sumado la Abogacía del Estado, es quien solicitó el archivo de la causa. La jueza de Barcelona María del Carmen Suárez ha recogido la tesis de la fiscal Marta Marquina y de abogados defensores, entre ellos Rafael Entrena y José Luis Rosillo. Según el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, de las diligencias practicadas se deprenden que las “irregularidades” y “deficiencias detectadas” durante la realización de las obras no se deprende que se “encubrieran” diferencias de geometría o medición, “sino de evaluación y valoración”.

La magistrada sostiene sobre las certificaciones de obras que no ha quedado acreditado que hubiera ocasionado “perturbación” o “alteración”, al no haber generado “engaño, error o confusión”, a tenor de la declaración de los testigos y de las pruebas periciales que acreditan las cantidades debidas a las contratistas por parte de Adif. Al entender de la jueza, el gestor ferroviario no ha sufrido ningún perjuicio y tampoco ha habido “menoscabo” de fondos públicos. En definitiva, existen diferencias en la valoración de los trabajos. La resolución reseña que el cobro por parte de las constructoras “no ha tenido lugar en su integridad” y el litigio dirime en la jurisdicción contencioso administrativo.

La fiscalía y abogados defensores han puesto de relieve la “gran indefinición de los proyectos”, lo cual implicó "grandes" complicaciones en las obras. La acusación pública enumera algunas: errores del plan inicial que requirió modificaciones, obras que se realizaron antes de que fueran aprobadas, los trabajos se ejecutaban a medida que se iba calculando y las "graves deficiencias” en la reubicación de operadores ferroviarios o la estabilidad de edificios colindantes. Por lo tanto, a su entender, “la evolución de la obra peculiar y anormal conllevó una serie de deferencias en cuanto a los precios” y que la "única finalidad era evitar su paro y conseguir su entrega en el plazo pactado".