Hasta que el 155 les separó

Parecían estar todo el día a la greña, pero en el fondo, muy en el fondo, se necesitaban el uno al otro. La relación (política) que han mantenido durante estos años la alcaldesa Ada Colau y el socialista Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona fue un tira y afloja hasta que llegó el divorcio, motivado por el apoyo de los socialistas a la aplicación del 155. Fueron socios de gobierno durante año y medio, pero fuera de ese armisticio, los puñales entre los ‘comuns’ y el PSC han volado como naves en llamas más allá de Orión. La seguridad, el turismo, la movilidad y el debate nacional han sido sus grandes temas de desencuentro. Ahora vuelven a pactar y tocará limar asperezas. 

Este análisis no puede hacerse en base a declaraciones. En ese juego, el de los recados a través de los medios o las redes sociales donde se han dicho de todo, cualquiera podría pensar que no se soportan. Durante la campaña previa a las municipales, Colau cargó tintas contra Collboni consciente de que muchos de sus votantes desencantados podían terminar en el caladero socialista. El alcaldable del PSC también fue duro durante la contienda electoral, pero más lo fue a partir de noviembre del 2017, cuando las bases de Barcelona en Comú, enfurecidas por la aplicación del 155, votaron a favor de echarle del gobierno de la ciudad, del que formaba parte desde mayo del 2016 como segundo teniente de alcalde. Aquella ‘joint venture’ política se bautizó como “acuerdo de izquierdas, por una Barcelona contra el paro y las desigualdades y a favor de la prosperidad económica, los derechos sociales y la regeneración democrática”. Romper aquel pacto fue un antes y un después. 

Desencuentros turísticos

En el espectro urbanístico hubo ciertas discrepancias sobre el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos. A pesar de que Collboni votó a favor, los socialistas siempre se han mostrado más laxos sobre las limitaciones hoteleras en Barcelona. También las supermanzanas les han distanciado, con duras críticas del PSC a la que se instaló en Sant Martí y con la idea de “repensarlas para aplicar un modelo coherente de gran ciudad en todos los barrios”. Tampoco hubo consenso con el hotel que la cadena Praktik tenía previsto abrir junto a Drassanes. El concejal socialista Daniel Mòdol se mostró “absolutamente a favor” del plan y llegó a protagonizar una discusión dialéctica con Gala Pin, concejala de Ciutat Vella y contraria al proyecto, que nunca se ejecutó.

La seguridad ha sido otro dardo constante del PSC hacia los ‘comuns’, sobre todo en lo que respecta a la gestión del Raval y el Gòtic. Tanto los denominados ‘narcopisos’ como el incremento del número de delitos han sido una constante en la paleta de críticas de Collboni hacia Colau. De ahí que muchos hayan dado por seguro, durante la negociación del cartipacio, que Albert Batlle, número tres de la lista socialista y exjefe de los Mossos, sería el responsable de un área que en el mandato anterior asumió la propia alcaldesa. También los manteros han sido arma arrojadiza en los últimos cuatro años. El concejal socialista ha acusado constantemente de “inacción” al gobierno y ha presentado todo tipo de proposiciones exigiendo mecanismos para poner fin a la “ocupación intensiva de espacios sensibles para la seguridad”. El desencuentro radica en el nivel de empatía hacia los comerciantes y hacia los jóvenes que se dedican al ‘top manta’.

Batalla por el plan de barrios

El plan de barrios es quizás uno de los puntos que más ríos de tinta ha generado. El pasado mes de marzo, a dos meses de las elecciones, Collboni destrozó este plan de revitalización de 16 vecindarios de la ciudad, dotado con 150 millones de euros. Lo hizo a través de un pleno extraordinario convocado junto a la CUP y en el que se reprobó el proyecto con los votos favorables de todos los partidos excepto BComú. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, defendió que el 67% de las actuaciones estaban terminadas o en ejecución. Según los socialistas, solo se había llevado a cabo el 6% de las inversiones presupuestadas. En el ámbito social también hubo rencillas sobre la creación de una funeraria municipal, plan que no logró pasar el corte del pleno. Los socialistas votaron en contra, y entre otros reproches, acusaron de postureo a los ‘comuns’. Es probable que el asunto se retome, porque sí hay coincidencia en que enterrar a un ser querido no debería costar miles de euros.

Sobre la municipalización del agua, el PSC no se mojó en exceso, pero sí reclamó aparcar el debate sobre el modelo de gestión y centrarse en lograr una factura lo más barata posible. También se han enfrentado por el modelo económico de la ciudad, por las cuentas municipales, por las terrazas y, cómo no, por el debate nacional. El mandato, de hecho, se abrió con la recuperación del lazo amarillo en solidaridad por los políticos presos, un símbolo que los socialistas rechazan. Poco antes de las elecciones, en el coloquio Primera Plana convocado por este diario, Collboni instó a “pasar página del gobierno de Colau y del proceso independentista". Pues parece que ni lo uno ni lo otro.