El Raval arropa a los vecinos de 'Hospital, 99' para evitar su desahucio

La guerra por la vivienda, la situación ha llegado a unos extremos que hace tiempo que no es exagerado llamarlo así, vive estos sofocantes días una batalla decisiva en un escenario estratégico: el corazón del Raval. Así, al menos, lo consideran los movimientos por el derecho a la vivienda (y a la ciudad) del barrio, que han convertido la finca en cuestión, Hospital, 99 -una de aquellas direcciones que quedará ya en el imaginario colectivo de los movimientos sociales- en símbolo de resistencia. El edificio tiene entrada por el pasaje de Sant Bernardí, cuyos bajos son la viva imagen de la precariedad de la vivienda en la ciudad. Este lunes sus vecinos, arropados por el Sindicat de Llogaters y el Sindicat d'Habitatge del Raval han expuesto sus reivindicaciones en una concurrida rueda de prensa en plena calle; bajo la mirada de una de las vecinas afectadas, que se asomaba a la ventana con su bebé en brazos. Piden "forzar la intervención del ayuntamiento para comprar el edificio y ofrecerlo a sus habitantes a cambio de un alquiler social que les permita vivir".

Sobre la finca, en la que viven 10 familias con ocho menores, hay una orden de desahucio abierta, entre este lunes y el día 15, práctica -desahucio sin día y hora fijados para evitar precisamente la resistencia- que los movimientos sociales denuncian y que actualmente está prohibida por ley.

Del 15-M al 1-O

En la mesa tras la que hablan, una pancarta con una sola palabra: "Força". Eso, fuerza, músculo, es lo que muestra el tejido vecinal a sus espaldas, que no cesa en sus cánticos en pro del derecho a la vivienda, actualizando clásicos al estilo "un desalojo, doble okupación".

El primero en tomar la palabra es Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, quien pide primero al ayuntamiento que compre el edificio "por el precio de saldo al que lo compró Blackstone" y a la Generalitat que pare el desahucio de forma inmediata. "Un desahucio que nos llevará repetir escenas como las vividas el 1 de octubre y el desalojo de los acampados del 15-M, de policía pegando a ciudadanos que defiende sus derechos", señala Palomera disparando en todas direcciones. 

Tatiana Sarmiento, portavoz de los vecinos, recuerda como fueron ellos, poniendo sus cuerpos, los que expulsaron a los narcos del lugar.

El edificio okupado es propiedad del fondo inversor Blackstone desde marzo del 2018, cuando lo adquirió en bloque junto a otros edificios después de que el Ayuntamiento de Barcelona, que tuvo sobre la mesa la opción de comprarlo renunciara finalmente a hacerlo.

Fuentes de la propiedad aseguran que "se han esforzado desde el primer día por encontrar una solución colaborativa para la situación de las personas que han ocupado ilegalmente el edificio durante tres años". "Nos hemos ofrecido a realojar a los más vulnerables, a inscribirlos en un plan de apoyo social y cubrir los gastos. Además, hemos mantenido y mantenemos numerosas reuniones con el ayuntamiento sobre esta situación. Ahora, los tribunales han dictaminado que el desalojo se debe llevar a cabo", señalan.

La propuesta

La concejala Lucía Martín explica que sobre la mesa hay una propuesta de acuerdo alcanzada el viernes entre consistorio y propiedad. Propuesta que incluye realojar a las tres familias que consideran más vulnerables en el mismo edificio tras su rehabilitación, y el compromiso de la propiedad a alquilar al menos la mitad del resto de pisos a "precios asequibles" (por debajo del precio de mercado). Un preacuerdo que Martín considera positivo ya que es la primera vez que se logra que un fondo inversor acepte realojar a familias en las fincas adquiridas tras rehabilitarlas, pero que para los vecinos del edificio es totalmente insuficiente ya que no incluye ninguna de sus dos demandas: ni la paralización del desahucio ni la compra del bloque por parte del consistorio.