Barcelona y nueve ciudades se unen contra la nueva ola de alquiler turístico ilegal

El fenómeno del turismo de masas es tan global y acelerado que Barcelona, como otros destinos urbanos, se ve literalmente superada a la hora de poner orden en todos los negocios y servicios que afloran antes que las propias normativas. Sucedió primero con los pisos turísticos, que crecieron sin control hasta que se regularon, y está pasando ahora con el nuevo fenómeno de las falsas habitaciones por días, que en muchos casos ya no son en casa de particulares sino que ocupan pisos enteros donde no vive anfitrión alguno, aprovechando el vacío legal al respecto. En ese marco, el ayuntamiento se ha aliado ahora con otras nueve urbes para intentar frenar la invasión de camas turísticas que contribuyen a la gentrificación y afectan al acceso a la vivienda habitual. Juntas se han movilizado para lograr en Bruselas una legislación europea que dé más armas a los municipios para afrontarlo.

En el mismo bando están, de momento, Barcelona, París, Berlín, Amsterdam, Viena, Bruselas, Munich, Burdeos, Cracovia y Valencia. Desde hace meses colaboran para compartir sus experiencias e iniciativas, pero ahora han reaccionado unánimemente ante un reciente dictamen preliminar del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que defiende que el servicio que ofrecen plataformas como Airbnb es propio de la sociedad de la información y de la libertad de prestación de servicios. Respondía a un caso presentado por un tribunal de París sobre Airbnb Irlanda. De ese modo, las ciudades ahora aliadas intepretan que estos negocios "no tendrían prácticamente ninguna responsabilidad a la hora de garantizar que se cumplan las normas sobre el alquiler que se ofrecen en estas mismas plataformas". En un manifiesto conjunto de las 10 ciudades, temen que esta actitud aumente "el alquiler turístico de viviendas a gran escala, lo que perjudicará aún más nuestro vulnerable mercado de la vivienda y la habitabilidad en las grandes ciudades".

La ley que limita el alquiler topa con el rechazo político y social

La concejala de Urbanismo, Janet Sanz, recuerda lo complejo que llegó a ser tener acceso a los datos de Airbnb y otros portales para  poder sancionar a los titulares de pisos turísticos ilegales, así como poder exigir a estos que no anunciasen pisos sin número de registro que acreditase su licencia de actividad. "Ahora muchas envidian el caso de Barcelona por haber podido imponer multas y perseguir la actividad ilegal gracias a la ley de turismo, que da herramientas de inspección y sanción a los ayuntamientos", relata. De  hecho, desde el 2016, cuando comenzó el plan de choque local, se ha ordenado el cierre de 5.429 apartamentos turísticos sin permiso. De estos, hasta mitad del pasado mayo unos 1.800 habían vuelto a tener uso residencial tradicional. También se ha logrado que las plataformas hayan eliminado unos 5.800 reclamos ilegales.

No obstante, la normativa "se queda obsoleta porque las plataformas se mueven" y buscan nuevas vías de negocio. En este marco, ha irrumpido con fuerza el fenómeno de los pisos alquilados enteros pero por habitaciones, lo que permite que se anuncien como "habitaciones por días", supuestamente en casa de un anfitrión y en el ámbito de la llamada economía colaborativa, que no se multa y está en vías de ser regulada. Pero en cada vez más casos es una trampa. No hay propietario alguno residiendo, de modo que se trata de operadores que antes explotaban pisos ilegales y como ya no los pueden anunciar ahora recurren a este truco. El resultado son viviendas que funcionan como pensiones, de las que ya se han detectado más de 170 casos, como avanzó EL PERIÓDICO.

Seguimiento complicado

Esta nueva dinámica complica muchísimo la detección, inspección y abordaje. Hace un año Sanz ya reivindicó en Bruselas un marco comunitario que permitiera frenar la proliferación sin control de camas turísticas en las ciudades. "Tenemos herramientas del siglo XIX para combatir fenómenos del siglo XXI", razona la edila, convencida de que se puede aplicar normas comunes que respeten a cada territorio, pero imponiendo unos "mínimos". Se evitaría así no solo esta amenaza contra la vivienda residencial, sino también casos de blanqueo de capitales y tributación en paraísos fiscales por parte de algunas empresas y operadores, añade.

Con este mar de fondo, esta semana las 10 ciudades han firmado una declaración y mantendrán reuniones con los comisarios europeos para promover el nuevo enfoque. Está previsto un encuentro en septiembre para planificar todos los pasos a seguir. En el caso de Barcelona, el consistorio se siente avalado porque las normas locales "no contradicen la normativa europea de servicios", y son varias las sentencias que demuestran que el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos de Barcelona es válido, mantiene Sanz.

A lo largo de los últimos tres años, se han tramitado 7.024 expedientes sancionadores y dictado 301 precintos cuando se desobedecia la orden de cierre. Pero la senda jurídica que acompaña a cada caso es compleja y no pocos abogados se han especializado en la materia en Barcelona, logrando desarticular expedientes que no probaban al cien por cien la actividad ilegal.

Con las habitaciones, hasta ahora impera la alegalidad, tras varios años a la espera de un nuevo decreto de turismo que sigue en el limbo y que, de nuevo, podría haber caducado antes de ver la luz, dado que no contemplaba la picaresca de las falsas habitaciones. Por eso, el ayuntamiento insiste en reclamar al Govern que replantee la ordenación de este servicio turístico, limitando la actividad y previendo medidas de control.