Los desahucios en Barcelona bajan un 23% entre los años 2015 y 2018

En el Ayuntamiento de Barcelona leen las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre desahucios ejecutados como una muestra de que, pese a que es evidente que queda un largo camino por recorrer, su empeño ha dado sus frutos. Desgranando los números, separando Barcelona ciudad del resto de Catalunya y mirando la comparativa 2015-2018, la nueva concejala de Vivienda, Lucía Martín -exdiputada en el Congreso y, como la alcaldesa Ada Colau, una de las impulsoras de la PAH- destaca que los desahucios en la capital catalana han disminuido un 23,1%. En el mismo periodo, en Catalunya, la disminución fue del 7,22%, cifra bastante menor.

Pese a que no hay una única explicación sobre el por qué de esa diferencia, Martín pone dos cuestiones sobre la mesa: por un lado, el músculo de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda en la ciudad, y, por el otro, el trabajo de mediación hecho por la Unidad contra la exclusión residencial (Ucer), creada por los 'comunes'. En el 2018 esta unidad -"en la que todas las trabajadoras son mujeres", destaca con orgullo la edila- atendió a 2.270 "unidades familiares", es decir, 2.270 procesos, que afectaban a 6.371 personas. El 92% de los atendidos encontraron, según datos del consistorio, una "solución definitiva". De estos, solo un 12%, eso sí, se pudieron quedar en su vivienda, pactando un alquiler social con el propietario (la opción ideal para los movimientos sociales).

Valor humano

Desde los movimientos sociales y vecinales han valorado siempre el trabajo humano de las nuevas mediadoras municipales, cuya figura, pionera, se inspira en el acompañamiento tanto humano como legal que ha ofrecido siempre a las familias la PAH. 

En cifras totales, en la ciudad de Barcelona hubo 3.098 desahucios en el 2015, 2.691 en el 2016, 2.519 en el 2017 y 2.381 en el 2018. Casi 10.700 familias que han pasado por esta situación traumática en el último mandato. 

Tras el 'rescate' en febrero de este año de los dos puntos de la Ley 24/2015 suspendidos por el PP y resucitados por Sánchez -el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de la vivienda vacía de estos- las entidades confían- y lucharan día a día para que sea una realidad- en que la reducción en las cifras del 2019 sea mucho mayor.