queja laboral

Trabajadores sociales protestan por "promesas incumplidas" con el Ayuntamiento de Barcelona

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Elisenda Colell

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Unos cincuenta trabajadores sociales han protestado esta mañana en la sede del Institut Municipal de Serveis Socials del Ayuntamiento de Barcelona para exigir mejoras laborales. En concreto, son trabajadores municipales de tres servicios externalizados que trabajan con personas o familias que viven en la calle o en asentamientos urbanos. "Nos prometieron unas medidas y ahora vemos que no se cumplen", asegura una portavoz del comité de empresa.

Según estos trabajadores, a finales de abril se reunieron con el director de los Servicos Sociales Municipales, Jordi Sánchez. En esa reunión, explican los empleados, pidieron que el nuevo concurso que publique el ayuntamiento sobre este servicio municipal, porque está externalizado, obligara a las empresas a mejorar sus condiciones laborales. Según dicen, el director se comprometió a ello. Pero el concurso ya se ha publicado y no incluye ninguna medida. 

En concreto, los trabajadores piden aumentar su sueldo. "Estamos cobrando lo que establece el convenio de acción social, nos prometieron un complemento de 240 euros, y un plus de impacto emocional que sí tienen otros servicios similares, como el CUESB", asegura esta trabajadora que no quiere ser identificada.

Se trata de dos servicios muy concretos, el SIS, que atiende personas adultas que viven en la calle, y el SISFA ROM, especializado en familias con menores que malviven en asentamientos, de etnia rumana. Según en nuevo contrato, van a tener que trabajar más horas, cobrando lo mismo que en 2010. Pero es que además, piden más recursos para las familias que atienden. “Viviendas no tenemos, pero es que cuando agotamos el presupuesto para ayudas a comida se quedan sin nada, ¿cómo conseguimos que salgan de la calle?”, ha lamentado.

Durante la protesta, y según cuentan los trabajadores, el director de los servicios sociales les ha recibido en su despacho. “Nos ha pedido disculpas y ha explicado que los servicios jurídicos municipales han tumbado las propuestas”, aseguran.