Detectados 172 pisos sospechosos de ser explotados como hostales en Barcelona

Decenas de turistas han seguido entrando y saliendo este fin de semana como Pedro por su casa del inmueble de la calle de Lluís el Piadós, 7, en Ciutat Vella, que un avispado inquilino de nacionalidad rusa ha convertido en un lucrativo negocio de habitaciones por días sin permiso alguno. El fraude, no obstante, tiene las semanas de vida contadas porque el Ayuntamiento de Barcelona ya ha comprobado la completa ilegalidad del caso y le abrirá un expediente sancionador de 60.000 euros de multa, además de restituir el uso normal de la vivienda. Iñaki Gorostiaga, su propietario, no está solo en esta cruzada. El consistorio ha detectado hasta la fecha 172 "emplazamientos sospechosos de actuar como pensión-hostal sin licencia" o como piso turístico explotado por estancias. De estos, 107 casos ya cuentan con expediente abierto y se ha logrado que se retire su correspondiente anuncio de las plataformas de reserva.

El caso del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, a unos metros del Arc de Triomf, y que avanzó EL PERIÓDICO el pasado jueves, es un ejemplo más del bucle en el que ha entrado el negocio del alojamiento turístico ilegal en la capital catalana. Ante la ofensiva municipal contra los pisos sin permiso, la actividad se disfraza ahora de habitaciones por días. Al tratarse de una figura pendiente de regulación y que no se persigue cuando se trata de alojamiento en casa de un particular, miles de camas se anuncian con esta fórmula, sin que ningún anfitrión habite en ellas. Se pervierte así la actividad conocida como hogares compartidos que muchos barceloneses utilizan para complementar sus ingresos, y en cambio lo que se está ofreciendo son usos de hostal o pensión no autorizados.

En Lluís el Piadós, el dueño de un piso confió en una familia -acudieron con niños y abuela- para hacerles un contrato de alquiler de cinco años que desde el primer momento se convirtió en un negocio ilegal, donde todas las puertas de sus estancias lucen ahora llave e incluso se han colocado camas en lo que fue el salón. 

Complejos procedimientos

El ayuntamiento detalla a este diario que actualmente para acreditar que se está realizando una actividad de uso turístico hace falta que "se alquile el piso entero con contraprestación económica y por menos de 32 días". Y la falta de regulación de sus variantes (como las habitaciones en domicilios particulares, ahora alegales y pendientes de un decreto que debe aprobar el Govern) añade dificultad a las inspecciones y distinguir las casuísticas, ya que es frecuente que el anfitrión "camufle anuncios o deje alguna habitación sin alquilar" como picaresca. En paralelo, sucede otro tanto con las pensiones y similares, ya que la cobertura que establece la ley de arrendamientos urbanos hacen difícil "actuar con contundencia", realizar comprobaciones efectivas y erradicar prácticas que "enturbian la convivencia vecinal y fomentan la economía sumergida".

A resultas de tantas trampas y tan complejos procedimientos, florecen los "anfitriones que alquilan diversos pisos en la ciudad haciendo falsos alquileres de habitaciones que no dejan de ser pensiones encubiertas", agrega la misma fuente. En este escenario, el consistorio destina los mismos recursos del plan de choque contra los pisos turísticos ilegales a perseguir esta actividad, con el resultado de 172 casos bajo sospecha (107 confirmados) hasta el momento.

Uno de ellos, el de Lluís el Piadós, está en el punto de mira desde que el 13 de mayo se recibió la queja del propietario, alertando de que el piso que había alquilado a una familia rusa se estaba alquilando por habitaciones. El servicio municipal de inspección ha comprobado como en este se arriendan por días todas las habitaciones con anuncios camuflados e incluso "como se informa a los huéspedes para que no den información en caso de recibir una inspección municipal". Investigando tanto el anuncio en internet como físicamente la vivienda, se han hallado "pruebas necesarias para poder abrir el correspondiente expediente sancionador de 60.000 euros".

Varios meses

El ayuntamiento también ha requerido a Airbnb que retire el anuncio de esta plataforma. Gorostiaga confía en que esta pesadilla acabe pronto. Reside justo encima del inmueble y es testigo continuo del trasiego de turistas que acuden con reserva confirmada a la hora en que el operador ruso envía a algún colaborador a hacer los check in, como si de un hotel se tratara. 

El ayuntamiento no puede avanzar cuánto tiempo le llevará acabar con la actividad en dicho inmueble porque el procedimiento incluye alegaciones y varios pasos que se suelen alargar varios meses. El propietario está ejerciendo paralelamente la vía judicial -que puede llevar un año- para acabar con el negocio, después de haber fracasado los intentos de pactar con el inquilino que le engañó. Se da la circunstancia, además, de que la comunidad de propietarios tiene vetada la actividad turística en toda la finca.