el sinsentido inmobiliario

Los inquilinos temen que el decreto de alquileres hinche más la burbuja

El Sindicat de Llogaters concluye que el decreto del Govern protege poco y alimenta la gentrificación

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Carles Cols

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Como buenos bármans, los dirigentes del Sindicat de Llogaters han esperado a que baje la espuma de la copa situada bajo el tirador de cerveza y, ahora sí, han saboreado el llamado decreto ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas de los contratos de alquiler que la Generalitat anunció esta semana, lo que son las cosas, a menos de una de una semana de las elecciones muncipales. Demasiado lúpulo. Excesivamente amargo, que en una cerveza puede ser una virtud, pero en plena borrachera gentrificadora, como la de Barcelona, resulta inadecuado.

Los inquilinos sindicados han leído la letra pequeña del decreto ley, como corresponde. Su conclusión general es que el texto es una farsa. Una acusación muy gorda. La argumentan.

Primera observación. La mayoría de los alquileres quedan fuera del paraguas de la ley. Los precios de referencia de lo que debería ser sensato exigir a un inquilino no afectan a los contratos ya existentes, es decir, que en caso de renovación, la referencia ya es la renta que se abona mensualmente, aunque esta sea desmedida. Tampoco quedan bajo el paraguas de la ley los nuevos contratos en caso de que el dueño de la finca haya realizado una reforma integral o sea un edificio de obra nueva, porque se sugueren en este casos incrementos del 20% sobre la renta de referencia. Desde un punto de vista perverso, que nunca está de más ponerlo sobre la mesa, el decreto ley incentiva la gentrificación, promueve las rehabilitaciones integrales que tanto gustan a los fondos de inversión.

Una ley sin sanciones

Segunda observación, la de Pep Bou, el artista de las pompas de jabón. El texto aprobado por el Govern establece por regla general que los alquileres suban como máxima entre un 10% y un 15%, según el caso, por encima de los índices de referencia que fijarán la Generalitat (y el Ayuntamiento de Barcelona, dentro de sus límites territoriales) y que están basados en los precios actuales del mercado. El Sindicat de Llogaters se lleva las manos a la cabeza. Los precios actuales –recuerda Jaime Palomera, uno de los portavoces de la organización, son de burbuja. Es más, está tan tensa que en los últimos meses se han moderado las subidas. Ya no son de dos dígitos. El decreto ley, sin embargo, plantea incrementos del 10% o el 15%. Como Bou, el Govern sopla en el corazón de la burbuja.

En opinión de Palomera, el problema son los cimientos de la ley. El texto pretende ante todo que los propietarios no sufran una merma en sus ingresos, la Barcelona rentista, cuando la urgencia a la que debería atender es otra, al hecho de que entre los alquileres que se exigen y los salarios que se pagan hay una distancia hoy por hoy insalvable.

Hay que leer la letra pequeña de los contratos, pero también hay que ‘leer’ lo que no dicen los contratos, recuerda el Sindicat de Llogaters. Sorprende en este sentido, termina Palomera, que es una norma que no prevé sanciones en caso de incumplimiento o, lo que es peor, sugiera que es el inquilino el que debe abrir la via judicial en caso de que considere que el arrendador ha contravenido alguno de los artículos del decreto ley. Invita a ser David contra Goliat, un enfrentamiento que gana el primero una vez cada millón de ocasiones. Eso se sabe desde tiempos del Antiguo Testamento.