Barcelona reclama una normativa para las escuelas de segunda oportunidad

El abandono escolar temprano es del 17% en Catalunya y solo en Barcelona, en el 2016, había 17.000 jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. A estas cifras pretenden poner remedio las escuelas de segunda oportunidad, o de nuevas oportunidades, aquellas que cogen al sujeto que ha dejado la escuela antes de tiempo, miran su trayectoria y acorde con sus capacidades y necesidades trazan un itinerario personalizado con el objetivo último de devolver al joven a los estudios reglados o, en su defecto, actuar de pasarela para integrarlo al mundo laboral con las herramientas necesarias.

El problema es que los pocos centros de este tipo que hay en Catalunya, no se necesitan los dedos de dos manos para contarlos, dependen, en su mayoría, de fundaciones privadas. Y a eso también quieren poner remedio algunos ayuntamientos del área metropolitana. Barcelona abrirá su primera escuela municipal de segunda oportunidad, bautizada como E2O, en septiembre y Sant Boi tiene la voluntad y el proyecto de hacerlo en breve.

Estos dos municipios, junto con Cornellà, Sant Adrià y L’Hospitalet (tres localidades con algún centro en marcha) y El Prat (que lo tendrá) se han reunido este lunes para constituir una mesa de trabajo que les permita intercambiar experiencias y conocimientos, ayudarse mutuamente y, sobre todo, reclamar a la Generalitat (que es quien tiene las competencias en enseñanza) una normativa específica que regule a estas escuelas. En la actualidad estos centros no gozan de un marco legislativo y son la Fundació El Llindar y la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad quienes acreditan estas escuelas y quienes marcan las directrices a seguir.  

Pacto contra la segregación escolar

Paralelamente, y también dentro del ámbito educativo, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i el 'conseller' de Educació, Josep Bargalló, han presidido la reunión constituyente de la comisión de seguimiento del pacto contra la segregación escolar firmado el pasado 18 de marzo y al cual se han adherido más de 25 entidades del ámbito educativo y la mayoría de ayuntamientos con más de 10.000 habitantes.