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POSIBLE 'MOBBING' INMOBILIARIO

Barcelona acusa a una empresa israelí de desahuciar a vecinos en Ciutat Vella

La concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, denuncia la negativa del propietario a ofrecer un alquiler social a una familia que acumula impagos por no poder pagarlo

Luis Benavides

La concejala Gala Pin en el último pleno del ayuntamiento.

La concejala Gala Pin en el último pleno del ayuntamiento. / ALBERT BERTRAN

Medio centenar de vecinos  han conseguido parar este jueves por la mañana un desahucio en el número 6 de la calle de Espalter, en el corazón del Raval de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona estudia presentar un recurso contencioso administrativo o bien multar a la propiedad, Olno Espalter 6 SL,  por su negativa a ofrecer un alquiler social a una familia que acumula impagos por no poder pagarlo. La sanción puede ascender a 90.000 euros, según fuentes municipales.

La concejala del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, ha mostrado su apoyo a la pareja desahuciada y al resto del bloque, un inmueble de cuatro plantas y ocho pisos, situado junto a la Filmoteca.  “El edificio fue comprado por unos inversores israelís que también han comprado otros edificios del barrio. Su ‘modus operandi’ habitual es vaciar los pisos para reformarlos y luego alquilarlos con un precio mucho más alto de lo que pagan actualmente las familias”, ha explicado Pin, quien añade que los propietarios pidieron autorización para realizar obras menores cuando en realidad estaban realizando obras mayores que hacían “la vida imposible a los vecinos”, lo que podría ser considerado 'mobbing' inmobilario.

El consistorio, que ha tenido que parar las obras en este bloque hasta en tres ocasiones, ha pedido aplicar la Ley 24/2015, una norma que obliga a los grandes tenedores de vivienda a alojar a las personas desahuciadas con un alquiler social. “Esta ley está otra vez en vigor desde  febrero del 2019, pero los propietarios se han negado y lo hemos notificado al Juzgado”, ha afirmado la concejala del distrito, que espera que lamenta que esta notificación no sirva para para el deshaucio. “Creemos que la ley debería ser más garantista”, ha añadido Pin, quien espera que la ley se aplique de la manera más garantista posible teniendo en cuenta “la situación de emergencia habitacional existente”. “Todos nos tenemos que alinear para hacer cumplir la ley –ha continuado la concejala-, y desde el ayuntamiento haremos todo lo posible para generar jurisprudencia”.

Mariam y su pareja tienen un contrato de renta antigua. En el inmueble también hay actualmente otras dos familias desahuciadas, deudores de buena fe (no pagan porque no pueden), y otras dos a las que se les acaba el contrato recientemente.

Temas: Desahucios