Ascensores que cambiarán la vida de Baró de Viver

"En mi planta hay una mujer mayor con problemas de movilidad que lleva cuatro meses sin bajar a la calle", explica Omar Lechheb, presidente de la escalera del número 28 de la calle de Clariana, en el barrio barcelonés de Baró de Viver. La calidad de vida de su vecina cambiará cuando, dentro de unos seis meses, acabe la instalación de un ascensor, una obra que esta comunidad de vecinos podrá afrontar gracias al programa de ayudas a la rehabilitación de edificios concedidas por el Consorci de l’Habitatge el pasado año.

El consorcio de la vivienda, formado por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, ha publicado esta semana las convocatorias de ayudas a la rehabilitación de edificios e interiores de viviendas del 2019. En concreto, el ente ha abierto tres convocatorias diferentes con un presupuesto global de 13,7 millones de euros (la administración catalana aporta tres millones y el consistorio, el resto): una para reformas de elementos comunes como fachadas y vestíbulos, otra para realizar mejoras en los interiores de los pisos (impulsada durante este mandato) y una tercera dirigida específicamente a fincas de alta complejidad iniciada en el 2018 y enmarcada en el despliegue del Pla de Barris.

Las fincas de alta complejidad son comunidades de vecinos que históricamente no han podido beneficiarse de estas ayudas, que cubren un porcentaje importante del coste total de las obras. O bien no tenían acceso a la información o no estaban suficientemente organizadas para adherirse y realizar todos los trámites. Es el caso de los edificios de Baró de Viver situados entre las calles de Quito y Clariana, pero hay muchas más fincas con este perfil. Un estudio de la UPC detectó que unos 400 edificios tenían grandes dificultades para atender las necesidades de mantenimiento de sus edificios. A partir de este estudio, unos equipos del Pla de Barris del ayuntamiento comenzaron en el 2018 a contactar con estos vecinos ofreciendo asesoramiento y acompañamiento. 

Los ascensores de Baró de Viver

Lecheeb, por sus conocimientos administrativos, asumió todo el papeleo de la escalera y el cajón para el ascensor de Clariana, 28 ya está en camino. Los operarios están preparando en paralelo una rampa en el vestíbulo para que la accesibilidad sea total. “Las obras empezaron en febrero, pero para llegar hasta este punto hemos tenido que esperar muchos años. No teníamos respuesta de las autoridades hasta que el ayuntamiento puso en marcha el Pla de Barris actual”, sostiene Lechheb.

Él vive en uno de los bloques de Baró de Viver construidos en 1993. Son relativamente modernos, con unas fachadas de obra vista, pero sorprendentemente no tienen ascensor. Poco después una ley obligó a colocar uno en los edificios de más de cuatro plantas. “Mucha gente entró a vivir en estos pisos cuando eran jóvenes, algunos fueron trasladados cuando echaron abajo las casas bajas, pero ahora los años pesan y cuesta subir los escalones”, explica Jordi Raduà, presidente de la Associació de Veïns de Baró de Viver, quien considera que el actual consistorio ha allanado el acceso a estas ayudas en cuestión de dos años. Se basa en el convenio de la entidad firmado con el ayuntamiento en el 2008 para poner en marcha estas actuaciones: hasta hace pocos meses solo habían conseguido instalar un elevador, concretamente en el número 1 de la calle Quito, en funcionamiento desde el 2016. “Ese primer ascensor fue muy importante. Cuando los vecinos vieron que era posible conseguir ayudas para su instalación, otras escaleras se animaron a iniciar los trámites”, recuerda Raduà.

Cuatro de 22

Para mejorar la accesibilidad en estos bloques es necesario instalar un total de 22 elevadores. Uno ya está instalado y otros tres, en camino. 14 de los 22 ascensores deberán ser instalados por el exterior.  “Son un poco más caros. Pueden costar unos 180.000 euros cada uno, pero se pueden asumir si solo tiene que pagar el 25% entre todas las unidades familiares”, apunta Miquel Àngel Lozano, jefe de proyectos del Pla de Barris Baró de Viver-Bon Pastor, quien recuerda que este tipo de obras que afectan a la vía pública requieren previamente un Plan de Mejora Urbana (PMU), cuya redacción puede alargarse entre nueve meses y un año.

Lozano subraya la implicación de las comunidades de vecinos en este programa de ayudas para fincas de alta complejidad, el proceso de empoderamiento iniciado hace un par de años: “Hemos realizado un acompañamiento social y técnico para que puedan instalar unos ascensores que son una reivindicación histórica del barrio y hemos conseguido que estas comunidades sean más autónomas y comiencen a trabajar de una manera más autogestionada”.