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INFORME FINAL

La comisión de investigación concluye que Barcelona Regional derrochó recursos públicos

Un documento afirma que Trias dio una subvención "de forma dudosa" a la agencia

Acusa a Vives y Müller de gestión "temeraria" y contratos "irregulares"

EL PERIÓDICO

El exteniente de alcalde de Barcelona de CiU Antoni Vives a la salida de la Ciutat de la Justícia.

El exteniente de alcalde de Barcelona de CiU Antoni Vives a la salida de la Ciutat de la Justícia. / RICARD CUGAT

La empresa Barcelona Regional (BR) derrochó “recursos públicos” durante el periodo 2011-2015, cuando la presidía el teniente del alcalde Antoni Vives, mano derecha del entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias. Esta es una de las principales conclusiones del informe realizado por la comisión de investigación creada por el ayuntamiento en el 2017.

El documento apunta que las actividades internacionales de la agencia hechas a través de BCN SUS "no correspondían al interés público a pesar de contar con el apoyo público" porque en la práctica los trabajos que promovía en el extranjero tenían como única finalidad “la autopromoción de la empresa como consultora de servicios de urbanismo e ingeniería pero no aportaban ningún servicio de valor público para los barceloneses”.

La gestión económica de BCN SUS fue “temeraria”, según el informe. “En la práctica era un modelo consistente en asumir el riesgo con dinero público  en la búsqueda de unos beneficios que no serían públicos”, detalla el documento.

El informe también concluye que el gobierno de Trias dio una subvención "de forma dudosa" a BR y responsabiliza a Vives, también regidor de Urbanismo durante la etapa de Trias, y al entonces director general de BR, Willy Müller, de gestionar BCN SUS  de contratar "de forma irregular" a personas y generar “importantes pérdidas económicas que la entidad no pudo asumir y que finalmente forzaron su liquidación”.

Respecto a la contratación irregular de trabajadores, la comisión recuerda que estas incorporaciones de “personal de confianza política” se ha de limitar a las plazas previstas legalmente para esta modalidad. La fiscalía ya presentó una denuncia por estos hechos y la causa está en manos del juzgado de instrucción número dos de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona también está personado como acusación.

Subvención "dudosa"

El documento presentado este jueves durante la última sesión de la comisión de investigación considera que el consistorio dio una subvención a BR “con la finalidad de financiar el déficit” de la empresa y no como “una subvención finalista para unas actividades concretas”, que inicialmente no justificó. “Se entendía como una aportación económica que provenía de una decisión política para cuadrar las cuentas de las empresa”, detalla el informe.
 
Esta ayuda no tenía el aval de los gestores económicos del ayuntamiento y fue otorgado por "decisión directa" de Vives "sin informes jurídicos que la avalaran". La justificación posterior de la subvención, a demanda del Ayuntamiento, incluía "actividades que no se correspondían al objeto de la agencia" porque estaban relacionadas con su actividad internacional, según detalla el documento.  El consistorio ha reclamado la devolución de esta parte de la subvención.

Cs y BComú apoyan el informe

Durante la sesión solo Barcelona en Comú y Ciudadanos han apoyado el informe de conclusiones. ERC, PSC y PP han expresado dudas sobre las conclusiones y PDECat las ha rechazado. El informe se llevará al próximo pleno, que tendrá lugar previsiblemente el 3 de mayo.

La comisión, aprobada en el Pleno del Consell Municipal del 26 de mayo del 2017, tiene como objetivos aclarar las posibles irregularidades sujetas a investigación por parte de la fiscalía, impulsar las investigaciones internas en curso y definir posibles mejoras en los procedimientos y la gestión de los recursos del consistorio.