FIN DE LEGISLATURA

10 frentes económicos que piden más diálogo a los alcaldables de Barcelona

Con bolsas de tiendas 8Viandantes en el paseo de Gràcia de Barcelona.

Con bolsas de tiendas 8Viandantes en el paseo de Gràcia de Barcelona.

Patricia Castán

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El último encuentro que el sector del comercio celebró con la alcaldesa Ada Colau hace unos días escenificó a la perfección las desavenencias que en muchos momentos han existido entre el gobierno municipal de los 'comuns' y los agentes económicos de Barcelona. El mandato finaliza con relaciones distantes con muchos representantes del comercio, la hostelería o el turismo, y con reiteradas críticas a su gestión. No hay que tomarlo estrictamente en clave de enfrentamiento con los lobis -que incluso podría ser ideológicamente meritorio para este gobierno municipal-, ya que la trinchera crítica incluye a muchos pequeños empresarios y empleados de esos ámbitos. Los alcaldables deberán tener en cuenta estas 10 brechas abiertas con algunos de los principales sectores estratégicos.

1 El crecimiento del 'top manta' enerva al pequeño comercio

El fenómeno de la venta ambulante sobre las aceras se ha enquistado en Barcelona, sin que haya voluntad real de frenarlo, según la Plataforma d'Afectats pel Top Manta, que aglutina a numerosos colectivos de comerciantes, pero también vecinos. Colau ha sido reiteradamente interpelada por los comerciantes, pero no ha sido hasta los últimos días cuando ha decidido dar un golpe de timón al conflicto y anunciar un plan de choque en colaboración con otros cuerpos policiales para tratar de erradicar las mantas del litoral de la ciudad, pendiente de implantar. Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, lamenta su "defensa total de los manteros" durante el mandato, sin tener en cuenta la competencia desleal y prejuicios que sufren muchos pequeños establecimientos del entorno, opina. Estos afectados reclaman a los alcaldables "el fin de los problemas de convivencia y seguridad que genera" de forma permanente y no durante el periodo electoral.

2 Sin acuerdo sobre la creación de BIDS ni la dinamización

Otra pata del malestar con el mismo colectivo es la falta de sintonía sobre los esperados BIDS o áreas de promoción económica urbana, que aunque carezcan todavía del necesario paraguas legal a nivel autonómico son vistos con recelo por el gobierno local. La colaboración público privada que implica se interpreta desde el consistorio como un intento de privatización del espacio público, su limpieza y seguridad. En cambio, la alcaldesa ha propuesto como plan estrella de dinamización comercial la compra de 150 locales comerciales en desuso (estimada en 30 millones de euros) por todo el territorio en régimen de alquiler de protección oficial. El problema, señalan desde el sector, es que esta iniciativa es "irrelevante" en el cojunto de la ciudad, integrada por 73 barrios... También hay profundas discrepancias sobre la promoción e impulso a la campaña navideña, demasiado austera según el sector.

3 Pérdida de poentes fichajes hoteleros

El PEUAT o plan especial urbanístico de alojamiento turístico tiene el mérito de haber frenado un excesivo crecimiento de la oferta turística en zonas colapsadas. Pero tiene entre sus aspectos cuestionados una rigidez que impide el desembarco de cadenas estratégicamente importantes para la imagen turística de la ciudad o para la revitalización de edificios emblemáticos en desuso. Y la normativa no siempre da buenos resultados, señalan desde el Gremi d'Hotels de Barcelona. El ejemplo más claro es el de la Torre Deutsche Bank, en paseo de Gràcia, donde iba desembarcar Four Seasons, con una estimación de 400 puestos de trabajo. Los Comuns prometieron en la anterior campaña pisos sociales e impidieron la construcción del hotel pero lo que finalmente está en marcha son 34 residencias de super lujo, con una veintena de empleados. Otro tanto sucedió en la Torre Agbar con Hyatt, entre otros casos. Las grandes cadenas tienen poco interés en los barrios periféricos donde se otorgan licencias con cuentagotas y duras condiciones, si no había licencia previa.

4 Promoción turística cuestionada y "turismofobia"

El ayuntamiento ha intentado en los últimos años ganar protagonismo en Turismo de Barcelona, el consorcio público privado que había colocado a la capital catalana en el podio europeo del turismo. El nuevo enfoque ya no se centra en la promoción, sino que en cierto modo ejerce de agencia de mediación turística. Con la tesis municipal -y en los barrios más saturados- de que había un exceso de viajeros, el consorcio se ha reconducido y casi se habla con timidez de cifras positivas o acciones para captar turismo de calidad, un concepto que el consistorio cuestiona en términos económicos. Las cifras de viajeros se han recuperado en el 2018, pero desde la hostelería insisten en que ha sido a costa de un viajero con menos poder adquisitivo. Junto al comercio y casi todos los grupos de la oposición reivindican la creación de un consorcio de promoción comercial de la ciudad, con la vista puesta también en una promoción más potente de la ciudad para un viajero más estratégico (y de negocios). Y acontecimientos que mantengan a Barcelona en el mapa, así como erradicar los brotes de turismofobia y más diálogo con el sector.   

5 Marca Barcelona sin definir y sin plan de ataque a la vista

El mandato que se acaba ha sido uno de los más complicados de gestionar en cuanto a la imagen exterior de Barcelona. La confluencia de episodios de turismofobia (reportados en algunos de los principales medios de comunicación internacionales), del atentado de la Rambla y del 1 de octubre y sus posteriores incertidumbres han afectado a la proyección en mayor o menor medida. Desde Barcelona Global, su presidente, Pau Guardans, prefiere ser propositivo que crítico y considera que en este momento ya no se trata de hacer reflexión conceptual sobre la marca sino de "promoverla" activamente. No de cara al turismo sino a la atracción de talento y de estudiantes internacionales. "Se han puesto temas interesantes sobre la mesa pero no se ha actuado". Y urge a actuar en defensa proactiva de la "reputación de la ciudad", tras los mencionados conflictos..

6 Cruceristas calificados como "langostas"

Las recientes declaraciones de la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, comparando a los cruceristas como una "plaga de langostas" han dejado pasmado de nuevo al sector. En otros puertos catalanes (y del resto de la Península, excepto Palma) se alienta su presencia por su aporte económico, mientras que Barcelona está reconduciendo el crecimiento hacia la temporada baja y los que inician o acaban ruta en la ciudad. El Port de Barcelona no ha querido entrar al trapo en la polémica pero recuerda que el impacto económico es de 1.083 millones de euros en Caalunya (73% en Barcelona ciudad) y 562 para el PIB catalán.

Los recelos de los Comuns contra los cruceros sorprende entre los operadores, porque los tres millones anuales de cruceristas no equivalen a individuos (se contabiliza dos veces al pasaje que inicia y acaba ruta, y decenas de miles son viajeros catalanes), y representan muchos menos que los excursionistas de un día llegados en coche o tren. A nivel medioambiental, aportan un 1,2% de la contaminación por óxidos de nitrógeno en la ciudad (el tráfico en las calles alcanza el 59,9%), se defienden. Para el alojamiento local, su peso también es relevante.   

7 Guerra abierta por el conflicto de las terrazas

La cruzada que vive los bares y restaurantes con el ayuntamiento no tiene precedentes. La ordenanza heredada de Xavier Trias (CiU) y aplicada con ímpetu por Colau abrió una batalla que solo se zanjó con el apoyo de casi todos los grupos de la oposición a la causa de los hoteleros y la consiguiente modificación de la ordenanza. Su aplicación inicial supuso recortar muchas terrazas, en algunos casos invasivas pero en otras muy arraigadas a nivel de barrio. Pero cuando parecía que la situación se suavizaba, la mano de Pin en algunas plazas y ejes como el paseo de Joan de Borbó, al margen de la modificación, ha desatado el conflicto hasta la creación de una comisión especial de terrazas del distrito central que en su reciente debut ha sido un fuego cruzado entre las distintas partes, y politizado.

8 Compleja regulación de las habitaciones por días

Mientras la oferta ilegal de apartamentos turísticos por días se extingue a costa de denuncias y de frenar su publicidad desde grandes portales como Airbnb, crecen sin freno las camas que se pueden alquilar en el formato de habitaciones por días en domicilios particulares. Este nuevo melón, que en breve regulará el Govern con un decreto, tendrá que ser incorporado a su vez en el complejo mapa del alojamiento turístico de Barcelona. El actual gobierno municipal lo contempla como una economía a priori más colaborativa que los pisos (muchos de ellos convertidos en negocios profesionales) pero es consciente de la complejidad de controlar su actividad real. El Gremi d'Hotels y asociaciones de vecinos como la Barceloneta rechazan su legalización en la ciudad porque será complicado discernir si se trata de habitaciones en viviendas privadas o de pensiones encubiertas. 

En paralelo, y pese a la gran reducción de pisos turísticos ilegales, sobre la mesa está el tema de introducir una fecha de caducidad para las licencias turísticas -como avanzó este diario-, de forma que no sean un privilegio vitalicio para los 9.600 titulares que en su día pagaron apenas 200 euros por el permiso, sino que puedan ser redistribuidas.   

9 Impacto de la movilidad en la actividad económica

Las decisiones que afectan a la reurbanización de un eje nunca son fáciles, pero en el caso de vías clave que aguardan tantos años una reforma total como la Rambla y la Via Laietana, sorprende la falta de sintonía con algunos agentes económicos instalados in situ. En la Rambla los planes de Colau tienen en contra a los bares y restaurantes (que pierden terraza), así como a los kiosqueros, entre otros operadores. La Via Laietana sale de un proceso participativo, sobre el que los comerciantes de la zona echan pestes, y reniegan del proyecto.

10 Vivienda protegida a la fuerza

La decisión del consistorio de ganar vivienda protegida obligando a incoporar un 30% en las nuevas promociones privadas de la ciudad ha sido mal recibida por constructores y promotores, al considerar que frenará la actividad y que es inviable en algunas zonas por el precio del suelo si no se compensa con altura u otros beneficios para incentivar la construcción. También hay una pugna abierta con el Govern sobre si la localización debe afectar o no a los precios de la vivienda protegida, como ha defendido este. Por contra la alcaldesa cree que ello segregaría a las personas con menos recursos. Los sectores económicos, por contra, reclaman propuestas que van más allá. Como la recalificación de terrenos industriales en edificables o aumentar los coeficientes de edificabilidad permitiendo más densidad residencial.