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conflicto tributario

Rebelión vecinal por el repentino cobro del IBI en aparcamientos de concesión de Barcelona

Usuarios del macropárking subterráneo de Sants-Badal rechazan el impuesto, que no se ha aplicado en 24 años

El ayuntamiento comienza a girar recibos del tributo en 110 recintos municipales en la misma situación

Luis Benavides / Patricia Castán

Interior del aparcamiento situado bajo la rambla de Brasil, esta semana

Interior del aparcamiento situado bajo la rambla de Brasil, esta semana / JOAN MATEU PARRA

“¿Vais a pagar el IBI?”. Con esta pregunta Josep Manel Gay empapeló los aparcamientos subterráneos con concesión administrativa de 50 años situados en la rambla de Brasil, en el barrio de Sants-Badal. Se dirigía a cientos de personas que, como él, hubieran recibido dos cartas reclamando el pago de los impuestos sobre bienes inmuebles del 2018 y el 2019 por el uso de estas plazas construidas a mediados de la década de los 90. No son los únicos. El consistorio, de la mano de nuevos datos del catastro, ha comenzado a girar el recibo a otros 109 párkings en similar situación. Muchos municipios no cobran este impuesto al no tratarse de un bien en propiedad, sino en cesión. Incluso la justicia ha sentado al menos un precedente dando la razón a los usuarios, años atrás, en el barrio de Sant Antoni.

“Llevamos 24 años utilizando este aparcamiento, pagando trimestralmente el mantenimiento -mucho más alto que en uno privado, como ha comprobado este diario-, y nunca antes nos habían dicho nada del IBI, que entiendo que es para los propietarios, algo que no somos”, añade Gay,  de 70 años, quien sostiene que este cambio obedece a un afán recaudatorio por el que no quieren pasar. Los vecinos llevaron el tema al último Consell de Barri, sin que nadie del distrito de Sants-Montjuïc supiera dar una explicación.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, consultadas por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, explican que solo están haciendo cumplir lo que dicta la ley y que tienen en marcha un plan de regularización del IBI como consecuencia de la detección en el 2017 de una serie de concesiones –como la de este aparcamiento de 400 plazas situado en la rambla de Brasil- que no estaban inscritas en el catastro. El plan se enmarca, subrayan, en “una política activa de inspección y de lucha contra el fraude fiscal”.

En total, el ayuntamiento tiene concesionados 190 aparcamientos, de los cuales 110 están siendo objeto de esta actuación de regularización que se realizará por fases. El resto, o bien no están sujetos (los 27 que gestiona directamente BSM) o ya estaban tributando o han sido recientemente regularizados.

Los técnicos del ayuntamiento quitan hierro al asunto explicando que el catastro detecta “miles de modificaciones cada año” que los consistorios tienes que liquidar. Pueden ser piscinas no declaradas, obras nuevas, cambios de titularidad... En el caso del aparcamiento de la rambla de Brasil, 4-60, en un primer lugar se cobró a Saba, como propiedad vertical, en una única liquidación en el 2018 fruto de la revisión; y este gestor de aparcamientos manifestó que había transmitido la concesión y presentó una solicitud de devolución.

¿Propietarios o usuarios?

Los usuarios del aparcamiento protestan porque entienden que en ningún momento han firmado un contrato como propietarios, un término que no aparece textualmente en ningún documento. “Hemos hablado con el administrador de las plazas -que es CGI, designado por Saba-, y ha puesto un recurso de alzada”, explica otra usuaria del aparcamiento,  Mari Carmen M. Pallarés, de 60 años, quien ha recibido dos cartas reclamando el IBI. En total, dos giros de 59 euros cada uno. La fecha límite para hacer el ingreso es el próximo 2 de mayo. “Alguien nos ha metido estas plazas en el catastro y puede darnos problemas cuando hagamos la declaración de la Renta, sobre todo si eso te supone subir un escalón”, añade.

Pallarés y el resto de usuarios del aparcamiento firmaron un contrato adicional al contrato de cesión de uso  inicial para recibir la plaza de aparcamiento. En el primer punto se pone de manifiesto que “Saba cedió y transfirió al Usuario-Concesionario una cuota indivisible de los derechos que ostentaba como concesionaria del aparcamiento”. El experto y profesor de derecho financiero y tributario de la UOC, Benja Anglès, explica que “a partir de la firma del primer contrato, los usuarios se convirtieron en usuarios-concesionarios, y como concesionarios se convierten en sujetos del IBI, en su caso de la parte indivisa que les corresponda". Y añade el experto: "No obstante, aunque no se hubiera producido la cesión de la concesión, Saba hubiera podido repercutir el impuesto a los usuarios igualmente de acuerdo con el derecho común". En cualquier caso, esta regularización tiene una retroactividad limitada, ya que “toda revisión de una liquidación tributaria prescribe a los cuatro años", concluye Anglès.

“No estamos de acuerdo y estamos reuniendo el máximo número de firmas para hacer fuerza. Si el administrador  no colabora y no es imparcial,  tomaremos otras medidas alternativas”, advierten. Los vecinos tratarán de unir fuerzas con los afectados que comiencen a recibir las mismas notificaciones. En el barrio de Sant Antoni, en los años 90 se estuvo realizando el cobro del IBI en un aparcamiento de concesión, cuyos usuarios recurrieron la medida. La justicia les dio la razón y obligó al reembolso del impuesto.

Un párking clave para sufragar la cobertura de la Ronda del Mig

InEl porciolismo legó entre otros horrores de los años 60 un Primer Cinturón de Ronda que rápidamente se convirtió en una pesadilla en cuanto a ruidos y contaminación en las calles de Badal, Brasil y Gran Via de Carlos III. La movilización vecinal de los años posteriores evitó que esa autopista urbana fuera completa (se salvó un tramo de la carretera de Sants a Pavia), pero los residentes nunca dejaron de luchar por el cubrimiento. Balcones llenos de carteles durante los 80 y principios de los 90 y muchos estudios técnicos previos pusieron finalmente sobre la mesa del gobierno municipal socialista un proyecto que no habría podido arrancar sin la implicación personal y económica de los vecinos. ¿Cómo? Vendiendo previamente las plazas de aparcamiento que daban viabilidad al primer tramo a cubrir de Sants a Avenida de Madrid (6.01 millones).
Eran más de 400 y cuando los trabajos comenzaron en 1994 ya estaban colocadas más del 60%, a un precio más parecido al de una plaza de venta que a una concesión. Pero el barrio tenía hambre de aparcamiento y de cubrimiento, y el parking destacaría luego por su comodidad y amplitud.
A lo largo de los años, como en otros aparcamientos de concesión temporal, los titulares han ido transmitiendo las plazas ('vendiéndolas') siempre previa comunicación al consistorio. Y con dudas sobre si debían pagar impuesto de transmisiones patrimoniales o no, al no ser un bien de propiedad. Ni administradores ni abogados consultados eran coincidentes. Aún con todo y por miedo a cometer una ilegalidad, muchos la han abonado. Lo singular de estas plazas concretas, que como otras muchas de este tipo nunca han tributado IBI, son los altísimos gastos que se abonan por teórico mantenimiento y seguridad. Sobre los 32 euros por plaza y mes a través del administrador, CGI.

El padre de Gay compró dos plazas en 1994, cuando todavía no estaban construidos. Todos los compradores pagaron unas 321.000 pesetas de la época más IVA en concepto de depósito, y durante 14 meses pagaron unas 18.000 pesetas mensuales.  “En total, pagamos dos millones y pico de pesetas, unos 11.000 euros al cambio de media. 

Con los años el cubrimiento se fue ampliando a toda la ronda hasta alcanzar 2,2 kilómetros y convertirse en el túnel urbano más largo de España y segundo de Europa. El alcalde Clos lo inauguró en el 2003, tras una inversión de 67 millones. No obstante, el aparcamiento del tramo superior tuvo menos éxito porque la demanda ya era menor y en esa zona rivalizaba con muchos párkings de propiedad.