Competència riñe a Colau por la norma de alquiler de motos y bicis de Barcelona

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) considera que la regulación de los servicios de alquiler de bicis y motos aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Barcelona es "restrictiva de la competencia y discriminatoria".

La regulación de los servicios de alquiler de bicicletas y motos propone un número máximo de licencias para llevar a cabo esta actividad, una restricción cuantitativa que, según la ACCO, es la más relevante en términos de competencia porque "cierra la entrada en el mercado a los potenciales nuevos operadores y limita el crecimiento de los que ya operan".

Además, la ACCO dice que la cantidad que supuestamente se fijaría sería de 2.650 licencias de bicicletas que, sumadas a las 6.000 bicicletas del Bicing, superan ligeramente la demanda estimada de 8.500 bicicletas. 

De esta manera, según la ACCO, "parece que sólo se deja un margen mínimo para atender un eventual crecimiento futuro de esta demanda y la competencia por la misma se vería significativamente reducida".

No obstante, la ACCO "es consciente de que el espacio público es finito y que eventualmente podría ser necesaria algún tipo de regulación que limitara su ocupación, a semejanza de lo que sucede con el uso de las aceras de las ciudades para establecer terrazas o quioscos o la ocupación del dominio marítimo-terrestre para la instalación de chiringuitos de playa". 

"Sistema de licencias abierto"

La Autoritat Catalana de la Competència propone que "la regulación sea proporcionada y genere la mínima distorsión en términos de competencia" y que, en vez de números clausus, se implante "un sistema de licencias abierto y flexible que permita en cada uno de los operadores ir ampliando el número de licencias en función del grado de eficiencia en la ocupación del espacio público del conjunto de sus vehículos".

También ve esta regulación "discriminatoria" porque "es parcial" y solo se aplica a actividades de alquiler de bicis o 'bikesharing' y de motos o 'motosharing' y, en cambio, no a otros sistemas de transporte, como el coche compartido o el patinete compartido, ni tampoco a los otros sistemas –no compartidos- de transporte. 

Además, considera que la actuación regulatoria del Ayuntamiento de Barcelona "plantea riesgos para mantener la necesaria neutralidad competitiva del mercado, dado que el Ayuntamiento se vuelve regulador de un sector en el cual es, al mismo tiempo, operador económico a través del Bicing".