PIONERO EN EUROPA

Esprint final en los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu

Los terrenos de Casernes cedidos a una agrupación de exlegionarios

Los terrenos de Casernes cedidos a una agrupación de exlegionarios / JUAN CAMILO MORENO

Luis Benavides

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El proyecto del Comité Olímpico Internacional (COI) en los terrenos de los antiguos cuarteles de artillería de Sant Andreu encara la recta final. La representante de la fundación Olympic Refugee Foundation, Jojo Ferris, visitó esta semana Sant Andreu y se reunió con miembros del Ayuntamiento de Barcelona con la concejala del distrito, Laia Ortiz, a la cabeza. La idea de crear un centro de entrenamiento para la selección de atletas refugiados, desvelada a principios de año, sigue cogiendo forma.

Desde el pasado junio, miembros de la delegación española del COI han visitado este solar de más de 5.000 metros cuadrados. Fuentes del distrito celebran la visita de  una representante del organismo olímpico, venida expresamente desde Lausana para poner en marcha un proyecto deportivo y solidario dirigido a la selección de atletas refugiados creado por el COI pero también abierto al resto del barrio. Según fuentes municipales, se trata de "un proyecto comunitario que pretende tejer vínculos entre la comunidad educativa, el tejido deportivo del barrio y las personas refugiadas" a través del deporte.

Con todo, el organismo supremo del olimpismo moderno deberá enviar una propuesta concreta antes de abril y la cesión podría hacerse efectiva en tres meses. Los servicios jurídicos del consistorio estudian ahora la mejor fórmula para ceder unos terrenos que todavía disfrutan en precario la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona.

Pionero en Europa

“Es un proyecto nuevo en Europa. Solo hay algunos precedentes, con programas similares, en otras ciudades africanas y sudamericanas que han recibido la llegada masiva de inmigrantes”, explica la también teniente de alcalde de Derechos Sociales a EL PERIÓDICO, quien considera que la elección de la capital catalana para poner en marcha esta “prueba piloto” tiene mucho que ver con el pasado olímpico de la ciudad y programas municipales como ‘Barcelona, Ciutat Refugi’.

El proyecto requiere una “urbanización ligera”, principalmente pistas de atletismo y baloncesto al aire libre. En este sentido, Ortiz entiende que la financiación de la infraestructura deportiva “no será un problema” y llegarán fácilmente a un acuerdo. La concejala de Sant Andreu ha subrayado la “mixtura de usos” de un espacio que no está pensado únicamente en la alta competición sino como un “espacio de cohesión social”. 

En este sentido, la representante de la fundación olímpica para los refugiados conoció de primera mano otros proyectos del distrito como la construcción del campo de fútbol de Baró de Viver, reivindicado durante casi tres décadas por los vecinos del barrio, y la Casa Bloc, un edificio que acoge de manera temporal a familias solicitantes de asilo desde hace tres años.

Con Tokio 2020 en el horizonte

Los atletas refugiados compitieron por primera vez en el verano del 2016 con motivo de los Juegos Olímpicos de Río. Este equipo incluía dos nadadores sirios, dos judocas de la República Democrática del Congo, un corredor de maratón de Etiopía y cinco corredores de media distancia de Sudán del Sur. Desde entonces, los equipos de refugiados han participado en otras competiciones regionales e internacionales como el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres 2017.

En los próximos meses parte de la selección de atletas refugiados creada por el COI podría preparar en Sant Andreu su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Quedan por definir detalles como el lugar en el que se alojarán estos atletas, que no tendría por qué ser necesariamente en el barrio de Sant Andreu ni en el edificio situado en el paseo de Torras i Bages que utiliza la hermandad de legionarios como sede social.  

El departamento de Urbanismo del ayuntamiento y sus servicios jurídicos trabajan en estos momentos para avanzar con el desalojo y la demolición del edificio cedido en precario por el Consorci de la Zona Franca a una asociación de exlegionarios y simpatizantes del cuerpo, un colectivo que ha despertado recelos entre los vecinos de la zona y entidades del barrio.