Ir a contenido

problema social

El Ayuntamiento de Barcelona amenaza a los pisos colmena con multas de hasta 900.000 euros

El consistorio exige a los promotores que revelen la ubicación de estas "infraviviendas"

Decenas de personas viven ya en espacios con esta fórmula, a partir de siete euros al día

Patricia Castán

Camas de uno de los pisos colmena abiertos este año en Barcelona.

Camas de uno de los pisos colmena abiertos este año en Barcelona. / ALVARO MONGE

Primero se persiguieron las presuntas ilegalidades de los llamados pisos colmena y cualquier conato de piso muestra al respecto. Y ahora es uno de sus principales promotores quien está en el punto de mira del Ayuntamiento de Barcelona, con una sanción que podría alcanzar los 900.000 euros si no revela la ubicación detallada de las viviendas con esta fórmula que ya están funcionando en Barcelona y el área metropolitana. Decenas de personas se alojan temporalmente (normalmente por meses, a partir de unos siete euros al día, según ubicación y tamaño) en las diversas colmenas que han burlado al consistorio y la normativa vigente.

Hace casi dos décadas parecía imposible que cuajara la idea de los primeros pisos turísticos de la ciudad. Inicialmente fueron perseguidos, pero terminaron por regularse y normalizarse como una fórmula más de alojamiento a la que hubo que poner coto. Los instigadores de los pisos colmena (en tanto que espacios comunes compartidos donde las camas son cubículos personales que se pueden cerrar para preservar la intimidad) están convencidos de que este modelo, por "necesario" ya en Europa, también arraigará. Por eso erre que erre vuelven a la carga tras todos los precintos decretados en sus primeros locales-vivienda, y tampoco se han amedrentado con el rechazo -en forma de agresiones a los locales e incluso una concentración en su contra- por parte de algunos colectivos que lo consideran un alojamiento indigno. 

La ofensiva municipal apunta ahora directamente a Marc Olivé, uno de los socios promotores y que habitualmente ejerce de portavoz con los medios de comunicación. El consistorio le ha remitido un requerimiento enumerando los diversos artículos en los que ha aparecido como promotor de las colmenas, el primero de ellos en EL PERIÓDICO el pasado 1 de septiembre. El Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona ha abierto diligencias previas por "presunta infravivienda" y le ha exigido que informe al ayuntamiento de la "ubicación exacta de los locales o viviendas que tiene en Barcelona destinados o con previsión a ser destinados a la actividad conocida como pisos colmenta, indicando calle, planta y departamento" en un plazo de 10 días.

Infracciones graves

El afectado no tiene intención de momento de revelar, y por tanto finiquitar, los pisos compartidos, lo que derivará en "el correspondiente expediente sancionador por una infracción muy grave" que se sanciona con multas por entre 90.001 y 900.000 euros. En el requerimiento firmado por Javier Burón, gerente de Vivienda, se alude a los distintos incumplimientos de Olivé, en tanto a carecer de licencias correspondientes de uso del suelo, y sobre todo a "infracciones muy graves", según la ley de la vivienda, al transmitir, alquilar o ceder el uso de "viviendas que no cumplen con las condiciones básicas de calidad reelativas a la seguridad" o que "no pueden obtener la cédula de habitabilidad". También se considera "muy grave" "ser promotor y responsable de la sobreocupación de una vivienda que ponga en riesgo la seguridad de las personas".

Como guinda, se tipifica como grave "negarse a suministrar datos a la Administración, obstruir o no facilitar la información, control o inspección". En resumen, que todo invita a pensar que las sanciones puedan situarse en la franja máxima, aunque Olivé se mantiene firme en el proyecto.

Los promotores, con varios pisos en activo en Les Corts, Gràcia y Poble Sec (Sants-Montjuï), entre otros, así como algún gran espacio en el área metropolitana y varios espacios de inminente apertura, insisten en defender la dignidad de esta modalidad de alojamiento compartido 'low cost', que de momento está siendo la alternativa para varias decenas de personas a dormir en la calle, en coches o en los saturados albergues municipales, como constató este diario. No obstante, no ha logrado regularizar ninguno de los espacios, por falta de cédulas o de licencia de uso.