Ir a contenido

balance y recomendaciones

La Síndica de Greuges de Barcelona critica el oscurantismo de los servicios funerarios

El informe de la defensora del ciudadano destaca la vivienda como uno de los principales problemas de la ciudad

Luis Benavides

Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona y defensora de los ciudadanos.

Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona y defensora de los ciudadanos. / Álvaro Monge

La Síndica de Greuges de Barcelona alerta de la dificultad de la ciudadanía para acceder a una vivienda y de la falta de transparencia en la contratación de servicios funerarios. La defensora de los barceloneses, Maria Assumpció Vilà, ha destacado estas dos problemáticas esta mañana durante la presentación del balance del 2018.

Aunque ha reconocido los esfuerzos del actual gobierno municipal para facilitar el acceso a una vivienda, Vilà insta al Consorci de l'Habitatge de Barcelona –un ente público integrado por el Ayuntamiento y la Generalitat- a adoptar las medidas que permitan que un 15% del parque de viviendas sea "social y asequible antes del 2027". 

Según los datos del citado consorcio, 442 personas tienen aprobada una solicitud de vivienda de emergencia pero se encuentran en espera de asignación porque no se disponen de suficientes viviendas en el Fondo de alquiler social. Algunas de estas personas, ha explicado Vilà, se han dirigido a la sindicatura durante el 2018 en busca de una solución. También han recibido quejas de personas afectadas por la venta a fondos inversores de los edificios donde residen. Este cambio de propietarios acompañada por un incremento del alquiler, alerta la defensora de la ciudadanía, "pone en riesgo su continuidad como residentes en el inmueble o los deja en una situación de desprotección". Por este motivo Vilà considera urgente promover una reforma de la legislación de arrendamientos urbanos que permita controlar y limitar el precio del alquiler.

El sinhogarismo, estancado

El informe de la Síndica de Greuges de Barcelona también recoge la exclusión residencial, un fenómeno relacionado que “al menos en los dos últimos años” no se ha reducido pero tampoco ha aumentado. El número de personas en esta situación están alrededor de las 3.000 entre los que hacen uso de algún servicio de la Xarxa d’Atenció a Persones Sensellar y los que duermen en el espacio público. “Hemos detectado que algunas de estas personas tienen trabajo, evidentemente mal pagado, y se ven obligados a dormir en la calle”, ha subrayado Vilà, en referencia a los perfiles cada vez más diversos de los sintecho. En este sentido, la Síndica ultima una actuación de oficio para valorar la eficacia del modelo municipal de atención a las personas sin techo.

Referente a los asentamientos en la ciudad, la síndica considera que no deberían existir en “una ciudad comprometida con los derechos humanos como Barcelona”. Ella y su equipo realizaron diferentes visitas a asentamientos irregulares y comprobaron de primera mano las condiciones de vida en esas barracas. En este sentido, Vilà ha manifestado que se deben reforzar las políticas sociales de alojamiento e inserción laboral de las personas empadronadas en la ciudad que “no pueden disfrutar de los recursos de los residentes, con el objetivo de dignificar la vida de la ciudadanía sin ninguna discriminación”. En otras palabras, el documento presentado considera que las “microintervenciones de los servicios sociales”, desbordados por el gran aumento de la demanda, deben dar paso a "soluciones en el ámbito legal y en el diseño de políticas de vivienda".

El oscurantismo de las funerarias

La defensora de la ciudadanía ha detectado prácticas en materia de cálculos de costes, facturación e información de los servicios funerarios que considera "inadecuadas y poco transparentes". De este ámbito, la síndica de Barcelona atendió 24 quejas y ha destacado un caso por el elevado importe de la factura y la vulnerabilidad de la persona reclamante.

La sindicatura decidió acompañar a la demandante en la reclamación tras observar algunas incoherencias en la factura y, sobre todo, al valorar el "limitado grado de discernimiento para tomar decisiones de contenido económico" de la reclamante. "Revisamos una factura de 11.127 euros, un precio muy elevado en relación al servicio que había solicitado. Intervenimos y como la empresa en un primer momento no aceptó la reclamación llevamos el caso a Agencia Catalana del Consumo porque pensamos que era grave", ha recordado Vilà. Finalmente el Órgano Arbitral resolvió "por derecho y por unanimidad" a favor de la demandante y la empresa funeraria le devolvió una parte importante de la factura. Vilà ha recordado que la Sindicatura de Greuges ya alertó en el 2015 sobre el elevado coste de los servicios funerarios en Barcelona a causa de la carencia de competencia en el mercado funerario. 

Vilà también ha comprobado irregularidades en la prestación de servicios funerarios por parte de Cementiris de Barcelona, una sociedad con capital 100% municipal. Las tasas están sujetas a unas reglas específicas, ha explicado, pero difícilmente queda claro porqué se aplica un coste determinado. En este sentido, la Síndica ha pedido al Ayuntamiento que el informe técnico y económico que acompaña a las tasas sea un documento "completo, útil y claro" que cumpla con las disposiciones de la Ley 19/2014 de transparencia.

Más de 1.700 quejas

Todos estos datos y recomendaciones aparecen en el balance del 2018 de la Sindicatura de Greuges de la capital catalana. En total, este organismo que atiende las quejas de las personas que puedan sentirse perjudicadas por el Ayuntamiento o sus servicios públicos ha llevado a cabo 3.604 actuaciones, de las cuales 1.729 son quejas y el resto, consultas. Las quejas clasificadas como medio ambiente (525), transporte público y circulación (164), servicios sociales (115) y  vivienda y dignidad (110) encabezan la lista por temas. En esta línea, los dos órganos que más quejas acumulan son el Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad (471 quejas) y el Instituto Municipal de Hacienda (131).  En el 2018 se dio la razón a la ciudadanía, totalmente o en parte, en un 74% de los casos, mientras que en el 2017 esta cifra fue del 58%.