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Conflicto en Gràcia

Los dueños de las casitas de Encarnació dicen que el distrito les instó a tirarlas

Los propietarios pidieron permiso para hacer una nueva conservando las existentes

El concejal de Gràcia niega que los técnicos municipales propusieran el derribo

Toni Sust

Las dos fincas de Encarnació, ya tomadas por los vecinos.

Las dos fincas de Encarnació, ya tomadas por los vecinos. / FERRAN NADEU

La posible demolición de las casitas situadas en los números 13, 15 y 17 de la calle de Encarnació, así como la tala de una encina bicentenaria que está en el jardín, ha suscitado una campaña vecinal que persigue que las casas sigan de pie y que el árbol esquive la sierra. Con el lema ‘Salvem l’Alzina i les casetes del carrer Encarnació’ un colectivo pugna por frenar las obras previstas, que fueron frenadas cuando ya habían empezado.

La familia propietaria ha vivido hasta ahora en silencio la situación, presa de la sorpresa, de un mosqueo relativo y de una creciente preocupación: “Para la familia es un infierno”, dice uno de sus integrantes. Por primera vez, los familiares han decidido hablar del tema, si bien prefieren reservar su apellido, aunque no es ningún secreto.

“Somos de Gràcia”

“No somos especuladores, somos de Gràcia”, subraya el miembro que actúa como portavoz, que afirma que lo que no entiende de este proceso es que ahora parezca que están cometiendo un crimen cuando el consistorio les concedió con toda normalidad los permisos para derribar las casas, para talar la encina y para construir nuevas viviendas en el terreno, 28 en concreto.

La propiedad pide que se desaloje las viviendas por el riesgo que sufren los que trasitan por ellas

Es más: afirman que de entrada la familia comunicó al ayuntamiento que su intención era conservar las dos casas y construir un nuevo edificio junta a estas. Entonces, relata el portavoz, el consistorio les instó a no complicarse la vida, derribar las dos casas y construir encima. Ese fue el consejo de los técnicos y esa fue la decisión que tomaron los promotores. Corría 2017. Es una acusación con mucha carga de profundidad que el concejal del distrito, Eloi Badia, ha querido personalmente desmentir. Según su versión, los técnicos municipales jamás podrían dar es aindicación a un propietario. Como mucho, añade, indicar que prevé el planeamiento en aquel lugar, es decir, que toda nueva construcción debe alinearse con el resto de fincas. En caso de haber querido conservar de entrada las casitas, los técnicos les habrían indicado que lo que requería esa fórmula es un plan especial.

Multa por no podar la encina

Sobre el árbol, la situación no es menos paradójica. La encina, relata el miembro de la familia propietaria, suscitó varias denuncias de vecinos, ya que invade parcialmente la vía pública y el espacio de un vecino. El ayuntamiento instó entonces a los dueños de las casas a podar el árbol. En la práctica, relata el portavoz, podarla obligaba a talar la encina, por  que cortar para que no sobresaliera del muro suponía una mutilación falta. En un rebrinco irónico, el ayuntamiento multó a la propiedad por no podar el árbol. Una sanción de 500 euros que no se llegó a ejecutar pero que se impuso. Según la familia, miembros de Parques y Jardines que inspeccionaron el espacio no se pronunciaron en ningún momento a favor de que la encina tuviera que mantenerse. Ahora, el consistorio se propone catalogarla y utilizarlo como argumento para retirar los permisos concedidos.

Los abuelos, en un piso de alquiler

Esta historia tiene cuatro generaciones. Un bisabuelo, el que compró el terreno en 1940. El abuelo y su mujer residieron, que residieron allí toda su vida: ahora viven en un piso de alquiler a la espera de que la reforma acabe y puedan regresar. En principio iban a hacerlo en marzo del 2020. Él tiene 85 años, ella 81. La tercera generación la componen sus cinco hijos, que a su vez tienen nueve hijos.

“La idea fue que la casa siguiera siendo la de la familia”, cuenta el portavoz. Para ello era necesaria la reforma. La idea era erigir 28 pisos y alquilar los que no fueran ocupados por los familiares. Y con ese dinero afrontar los gastos de las obras. "El timbre ha sonado a menudo", ha explicado el hombre, aludiendo a las múltiples ofertas que han tenido para vender, que no han escuchado.

La familia sostiene que ha recibido varias ofertas de compra que nunca ha escuchado

La seguridad

Lo que ahora preocupa más a la familia es que haya gente entrando y saliendo de las casas, y pasando bajo el árbol, con el riesgo que, advierten, ello supone. Porque las obras empezaron y por lo menos una de las casas está en un estado que amenaza al propio inmueble y al de una vecina. El portavoz teme que haya una tragedia y considera que al riesgo físico para las personas que transitan las viviendas se añade el que sufre la familia de acabar siendo señalada como responsable. “Es un peligro y una enorme irresponsabilidad. La obra se tiene que apuntalar y se tiene que reparar la medianera con la vecina”.

La familia deseaba pronunciarse para defender su posición, para subrayar que no son ningún fondo de inversión y para advertir de que si acaban perdiendo su vivienda será un caso de “gentrificación inversa”. Pero al mismo tiempo apuestan por la colaboración con el ayuntamiento y la posibilidad de alcanzar un acuerdo, un camino que dicen que ya se está recorriendo.

Menos casas

Para ello será necesario elaborar un convenio que, según les ha anunciado el propio ayuntamiento, deberá compensarlos. Aceptan mantener las fachadas de las viviendas y la posibilidad de que finalmente se erijan menos pisos de los 28 previstos. Incluso están dispuestos a aceptar que parte del jardín acabe siendo abierto al público. Pero quieren que acabe “la ocupación” del espacio, que no se les criminalice y que quede claro que de entrada nadie puso el cielo por la posibilidad de que derribaran las casas en las que residían, sino que se les llegó a recomendar que lo hicieran.

Entretanto, la asamblea creada por ‘Salvem l’alzina’ ha emitido este jueves un comunicado en el que explica que en una reunión celebrada el miércoles el colectivo apostó directamente por que el ayuntamiento proceda a expropiar las parcelas de Encarnació, 13, 15 y 17, abrir el jardín a los vecinos y a la ubicación de potenciales equipamientos y pisos públicos de alquiler asequible.

El concejal de Gràcia, Eloi Badia, advirtió de entrada que el proyecto disponía de las licencias preceptivas y que no cabía echar mano de del derecho de tanteo y retracto porque en este caso no había venta, sino un proyecto de viviendas de alquiler. La semana pasada, el consistorio dio con una senda para detener la iniciativa prevista: catalogar la encina y utilizar esa catalogación como argumento para retirar retroactivamente la licencia de obras concedida.