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VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

El dueño del piso multado con 196.000 euros en Barcelona triplicó el alquiler legal e intentó desahuciar a la inquilina

La denunciante firmó un contrato de arrendamiento de 800 euros al mes cuando el precio máximo para esa VPO eran 340,82 euros

El denunciado, que intentó desahuciar a la habitante del piso, tiene otros dos pisos a su nombre en el mismo bloque

Luis Benavides

Bloque de pisos de protección oficial situado en la calle de Doctor Aiguader

Bloque de pisos de protección oficial situado en la calle de Doctor Aiguader

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto otros dos expedientes al arrendador multado con 196.000 euros por no vivir en la vivienda que recibió ayudas públicas, alquilarla a un tercero sin permiso y hacerlo por encima del precio legal. A nombre suyo, de su mujer o de sus hijos, el multado tiene alquilados tres pisos en el mismo edificio, un bloque de viviendas situado en la calle del Doctor Aiguader construido en 1995. Durante 30 años, concretamente hasta el 26 de julio del 2025, los tres están sometidos al régimen legal de protección oficial. El sancionado, que responde a las iniciales U.A., fue denunciado por una de sus arrendadoras, Elena Martín.

Martín lleva desde el 2011 viviendo en uno de estos tres pisos, el que está en la sexta planta y que le costará 196.000 euros al propietario (180.000 euros en concepto de multa y el resto como devolución de los alquileres cobrados). Ella firmó ante notario un contrato de arrendamiento más propio del mercado privado: pagaría 800 euros al mes a U.A., cuando el precio máximo por este piso de 78,35 metros cuadrados debería ser 340,82 euros (4,35 euros por metro cuadrado).  

Subida del alquiler

Martín, a cargo de dos menores, uno de ellos con una discapacidad intelectual, pagó escrupulosamente el alquiler durante los primeros cuatro años. Finalizado este primer contrato, la propiedad subió 100 euros el alquiler y ella intentó cumplir. “Durante un año pude más hacer frente al alquiler, pero me redujeron las horas en el trabajo y hablé con el propietario para que me bajara un poco el alquiler. Como tenía problemas para pagarle, y a veces pagaba con retraso, su respuesta fue desahuciarme”, explica Martín, quien al intentar pedir ayudas a la administración para pagar el alquiler comprobó lo que hacía mucho tiempo que se rumoreaba en el barrio. “Sabía que el piso era una VPO y me habían comentado que el piso lo había comprado en un primer momento alguien que iba en silla de ruedas, porque además está adaptado, pero no sabía que el actual propietario no tiene permiso para alquilarlo hasta el 2025”, continúa Martín.

U.A., que puso el piso de la sexta planta a nombre de sus dos hijos en el 2017 pero sigue como apoderado para administrar la vivienda, tiene dos pisos idénticos en la primera y quinta planta, ambos a su nombre y el de su esposa. “Todos están en la segunda puerta, que son lo que dan a la calle y tienen terraza”, apunta la denunciante. En los tres casos se incumple una cláusula obligatoria: debe ser el domicilio habitual y permanente de los propietarios. Con todo, la Agència de l’Habitatge de Catalunya, el organismo competente en la materia, puede permitir al adquiriente que no lo destine como residencia habitual en casos muy excepcionales. Los propietarios de estos tres pisos, ni U.A. ni sus dos hijos, en ningún momento pidieron la correspondiente autorización para  alquilarlos y eso está tipificado como “una infracción muy grave”, según fuentes municipales.

Martín y sus dos hijos, la prioridad

La ley prevé la expropiación cuando se incumple la función social de la VPO, pero fuentes del consistorio explican a EL PERIÓDICO que ahora mismo la prioridad es que Martín y sus dos hijos se puedan quedar en su vivienda pagando un precio social. El Ayuntamiento ha intentado negociar con al arrendador, que no parece estar por la labor y mantiene sus intenciones de desahuciar a la denunciante.  “El hijo mayor -uno de los dos propietarios según las escrituras del piso- se ha empadronado hace poco en el barrio y creo que quiere el piso para él y su pareja. Si finalmente entra a vivir será muy difícil expropiar el piso porque está a su nombre”, explica la actual inquilina del piso.

EL PERIÓDICO  ha intentado sin éxito contactar telefónicamente con U.A.,  para conocer su versión de los hechos. “Al principio iba diciendo por ahí que su hijo y yo compartimos piso al principio pero que se fue porque le hice la vida imposible, pero eso no se lo cree nadie”, explica la denunciante, quien vive en una tensión constante por el desahucio y porque el hombre que le alquiló el piso, con el que ya ha tenido algún encontronazo, trabaja en un establecimiento situado en los bajos del edificio. 

Desahucio abierto

El pasado 23 de octubre los vecinos de Martín consiguieron parar el desahucio, pero ahora vive con angustia porque U.A. ha pedido un desahucio abierto, esto es, sin fecha. El propietario alegó en el juzgado a través de sus abogados que ese lanzamiento “acabó sin efecto” por la presencia de varias plataformas contra desahucios “con personas en sillas de ruedas como barrera” y la participación de “solo dos agentes de los Mossos de Esquadra”.

Fuentes del ayuntamiento recuerdan a este diario que no pueden interferir en el proceso de desahucio impulsado por el propietario, pero que llegado el momento los técnicos municipales intervendrán con todos sus servicios disponibles como en otros casos de emergencia habitacional. Martín, que forma parte de la Comissió d’Habitatge de la Barceloneta y del Sindicat d’Habitatge del Raval, no quiere un realojo sino la expropiación. Espera que se haga justicia y de alguna manera sea ejemplar. “El Ayuntamiento hablaba el otro día de otros 12 expedientes abiertos,  pero seguro que en Barcelona hay muchos más casos como el mío, de gente que alquila sin permiso pisos sometidos al régimen legal de protección oficial”, añade.

Temas: Desahucios