Barcelona, de pleno extraordinario en pleno extraordinario

No ha sido necesario emprender una investigación sesuda para determinar cuál es la razón de que suceda. La fragilidad creciente de las mayorías de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona conlleva molestias que no tuvieron que sufrir alcaldes como Pasqual Maragall y Joan Clos. A Jordi Hereu, con 14 concejales del PSC desde el 2007, ya le tocó vivir una época precaria. Xavier Trias, con idéntica cifra de ediles, también sufrió por su escasa mayoría de gobierno,  y todavía más lo ha hecho Ada Colau, con tan solo 11 miembros en el equipo y menos socios potenciales a medida que avanzaba el mandato.

Los tres sufrieron la precariedad aritmética que ofreció y ofrece a la oposición margen para recordar al que gobierna su debilidad. De forma creciente, y muy especialmente en este mandato, la aritmética ha permitido a la oposición echar mano de un castigo sutil al gobierno: forzar la convocatoria de plenos extraordinarios.

Crítica sin relevo

Este miércoles, el consistorio ha celebrado uno de esos plenarios extraordinarios, en este caso sobre terrazas. Nada especialmente noticioso: 40 minutos de reproches y una comisión sectorial. Suelen tener ese formato: escasa duración y un efecto limitado. Porque aunque la oposición lo tiene fácil para forzar un pleno extraordinario –no es una meta compleja, basta con que lo pidan 11 concejales-, no suma tanto como para votar conjuntamente decisiones relevantes. Es inviable encontrar una votación en la que coincidan 21 ediles opositores. De otro modo, Colau ya no hubiera sido elegida como alcaldesa. Se trata de sesiones que sirven para escenificar un capón al que gobierna.

Hereu afrontó en febrero del 2010 un pleno sobre la crisis económica que forzó CiU –como se llamaba entonces el grupo, en la prehistoria del procés- y a Trias le tocó asumir uno forzado por el PSC, entonces liderado por el actual gerente de Colau, Jordi Martí, en enero del 2014, a cuenta de la desigualdad de la ciudad. En lo que va de mandato, según las cuentas del consistorio, la oposición ha forzado ya ocho plenos extraordinarios. El último, sobre seguridad, no ha sido todavía convocado: es la alcaldesa quien tiene la potestad de decidir cuándo se celebrará. Será, posiblemente, el próximo 25 de enero, el mismo día en el que se celebra el pleno ordinario de este mes.

Ha sido pedido por el PDECat y ERC, después de que el Barómetro semestral revelara que la inseguridad es ahora la principal preocupación de los barceloneses. Es probable que de ese pleno no surjan soluciones revolucionarias. Pero la alcaldesa deberá escuchar cómo le sacan los colores, lo que de cara al ciudadano no parece una desgracia. La experiencia prueba que las mayorías absolutas entrañan un serio peligro de endiosamiento, así que cómo síntoma no es del todo malo.

El pleno de Puigdemont

El primer pleno extraordinario de la era Colau fue forzado por los grupos de CiU y el PSC en julio del 2015, para abordar la decisión de Barcelona en Comú de renunciar a los Juegos Olímpicos de Invierno. Acabó asociado a uno sobre pobreza, promovido por parte de la oposición y Barcelona en Comú. En septiembre de aquel año, CiU, ERC y la CUP promovieron un pleno extraordinario para hablar de la posible adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

La abstención de Bcomú impidió la adhesión de la ciudad a la asociación, lo que supuso el inicio de su mala relación con Alfred Bosch y el grupo de ERC, que con el tiempo se fue complicando todavía más. A aquel pleno extraordinario asistió un hombre del que entonces no se preveían las peripecias que ha vivido posteriormente: el entonces alcalde de Girona y presidente de la AMI, Carles Puigdemont.