Barcelona sanciona con 196.000 euros al propietario de un piso de protección oficial que lo alquiló

El propietario de un piso de protección oficial de la Barceloneta deberá pagar 196.000 euros por no vivir en la vivienda que recibió ayudas públicas y alquilarla a un tercero (180.000 euros en concepto de multa y el resto como devolución de los alquileres cobrados) sin obtener el necesario permiso ni aplicar un precio de alquiler público. Esta sanción es la primera que se aplica tras el plan de inspecciones realizado por el Ayuntamiento de Barcelona en coordinación con la Agència de l'Habitatge de la Generalitat. De las 1.500 inspecciones realizadas se han tramitado otros 13 expedientes sancionadores todavía abiertos. Aún queda por examinar la situación del resto de viviendas protegidas, hasta llegar a las 16.000 que conservan esta calificación en Barcelona.

La ley catalana del derecho a la vivienda establece la obligación que las viviendas de protección oficial se destinen a residencia habitual de las personas a las que se adjudican en propiedad. Esta calificación se mantiene durante 20 o 30 años, según los casos, hasta que entonces pasan al mercado libre. Solo en supuestos excepcionales, y de manera transitoria, cuando los adjudicatarios acrediten la imposibilidad de vivir en esa vivienda, la Agència de l'Habitatge de Catalunya les puede autorizar alquilarlo, pero a un precio fijado por la Administración. Las sanciones previstas por incumplir esta normativa puede suponer multas de 90.000 a 900.000 euros. Pese al elevado importe de las sanciones, el Ayuntamiento de Barcelona sostiene que no persigue un afán recaudatorio sino "que las viviendas que se encuentren vacías vuelvan a recuperar su uso social".

En la calle doctor Aiguader

El expediente ya resuelto ha sancionado a los propietarios de una vivienda de protección oficial construida en los años 90 en la calle Doctor Aiguader, en la Barceloneta. En este caso se les ha aplicado una sanción de 180.000 euros por dos infracciones muy graves, no vivir en el inmueble y destinarlo a alquiler sin autorización y a un precio "muy por encima del que se le habría autorizado". Además de la multa, la sanción también incluye la obligación de retornar a la Administración las cantidades recibidas en concepto de alquiler por encima de lo permitido, en total 16.048 euros.

Mientras conserven su calificación de vivienda de protección oficial (en este caso, 30 años), los propietarios de estos pisos siguen sometidos a estas limitaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona reclama al Govern que la condición de vivienda de protección oficial se mantenga de forma indefinida, de manera que el parque de vivienda asequible financiada con fondos públicos se mantenga en lugar de ir desapareciendo progresivamente. La técnica municipal Fuensanta Alcalá ha recordado que la VPO habitualmente tiene un precio máximo de venta de 1.940 euros por metro cuadrado y de alquiler de 6,40 euros el metro, pero los que se alquilaban sin autorización cobraban entre un 30% y un 50% más. 

Muntaner ha lamentado que otros municipios de Catalunya no realicen este tipo de inspecciones, que en primera instancia son competencia de la Generalitat, y ha recordado que hasta ahora no se había realizado un "control sistemático" del parque de VPO y solo se habían interpuesto sanciones tras denuncias.  

16.000 viviendas de protección oficial

El programa municipal de inspecciones prevé comprobar si se cumple la normativa en las 16.000 viviendas que aún mantienen esta calificación en la ciudad. Los 13 expedientes en trámite tras inspeccionar los primeros 1.500 pisos se encuentran en los distritos de Ciutat Vella (3), Sants-Montjuïc (1), Horta-Guinardó (2), Nou Barris (4), Eixample (1) y Sant Martí (3).