Barcelona da el primer paso de su nuevo decreto anti-VTC

El pasado 28 de septiembre, el Gobierno daba su respuesta al pulso planteado por el sector del taxi contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC): publica un decreto por el cual las licencias concedidas caducarán en el 2022, pero durante estos cuatro años los entes locales podrían regular condiciones restrictivas para compensar el aumento de VTC en las calles, que en España son ya uno por cada cinco taxis, muy por encima de la relación 30/1 que se aspira a fijar dentro de cuatro años. El Àrea Metropolitana de Barcelona ha dado hoy elprimer paso en este sentido, con el inicio del trámite de la norma que establecerá las condiciones de funcionamiento de las VTC en el ámbito metropolitano durante los próximos cuatro años.

La presidenta de la AMB y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, firmó ayer el decreto por el que se inicia el primer trámite para redactar esta nueva norma, un proceso de participación abierto a todos los interesados a partir del 25 de enero. La normativa local puede regular los servicios que empiecen y acaben dentro del territorio de su competencia y puede modificar las condiciones de explotación de las licencias en su ámbito, haciendo que en la práctica la relación entre VTC y taxis en la calle en cada momento pueda ser más favorable a estos últimos. 

Durante cuatro años

Durante los próximos cuatro años, hasta la renovación de las licencias VTC prevista para el 2022 (o más tarde si hay prórroga), "los titulares de las autorizaciones VTC que quieran trabajan en el área metropolitana de Barcelona deberán cumplir los requisitos que se aprueben con este reglamento", recuerda en una nota la AMB. 

El Institut Metropolità del Taxi podrá "regular el registro de vehiculos, las condiciones de explotación de la autorización, la definición de la precontratación, el establecimiento de las condiciones referentes a la seguridad viaria y la lucha contra la contaminación mediante la fijación de la antigüedad de los vehícyulos y la tipología de combustibles, el cumplimiento de las obligaciones en materia de contratación laboral y seguridad viaria de los conductores" y otros aspectos como "los dáis de descanso semanal, los horarios, el registro de servicios, la transparencia de las tarifas aplicadas, el servicio de inspección o el régimen sancionador".

Pese a iniciar el desarrollo de la nueva normativa, Ada Colau ha insistido en considerar legal la anterior normativa de la AMB, suspendida cautelarmente por el TSJC, y continuará defendiéndola ante los tribunales.