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Luz verde para que el 30% de pisos nuevos en Barcelona sean vivienda protegida

El 75% de los barceloneses podrán aspirar a los 334 pisos protegidos que se ganarán anualmente

Patricia Castán

Promoción de un centenar de pisos sociales en Diagonal Mar.

Promoción de un centenar de pisos sociales en Diagonal Mar. / DANNY CAMINAL

Barcelona dio ayer un salto adelante en materia de vivienda al abrir una nueva vía para ganar pisos protegidos en la ciudad, donde hasta ahora solo suponen el 2% del total y se acumula un déficit bochornoso. Superadas las desavenencias que impidieron un acuerdo hace dos semanas, la subcomisión de Urbanismo de Barcelona aprobó definitivamente por la tarde la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que permite destinar el 30% del techo de las nuevas promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados y de grandes rehabilitaciones integrales a vivienda de protección oficial.

En esencia, y partiendo de la media de inmuebles construidos en los últimos nueve años, la nueva regulación permitirá que la ciudad gane unas 334 viviendas públicas anuales, a las que podrán aspirar el 75% de los barceloneses por sus ingresos. Se calcula que el alquiler medio para un piso de unos 80 metros cuadrados será de 510 euros al mes, mientras que la compra sería por unos 136.000 euros, en base a los precios fijados por la Generalitat.

La medida, nacida de las reiteradas reivindicaciones de entidades como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), el Observatorio DESC, el Sindicat de Llogaters o la FAVB, entre otras, y abanderada por la alcaldesa Colau, se convirtió en uno de los caballos de batalla del ayuntamiento (con el voto en contra del PP y la abstención de Ciutadans) y ha tenido un final feliz de la mano del Govern.

Antiespeculación

Para Colau, fue un día "histórico", en tanto que pone "límites a la especulación desatada" y es un "mensaje muy claro al sector inmobiliario, "legal y legítimo pero que ha de hacer las cosas desde la corresponsabilidad". El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha afirmado que la publicación del MPGM en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) será con toda probabilidad la próxima semana. La iniciativa emana de la ley del derecho a la vivienda del 2007 que recogía la posibilidad de hacer rexervas de protección oficial dentro de la trama urbana.

Como guinda, Calvet ha anunciado que el próximo enero se elevará al consejo ejecutivo un proyecto de decreto para que las viviendas de protección tengan esta calificación indefinida (sean de alquiler o venta), evitando así la lucrativa reventa que se ha producido durante años.

El 'conseller' y la alcaldesa han detallado que el plan finalmente enmienda una disposición adicional que especifica el periodo de transitoriedad en la aplicación de la nueva obligación, que hace dos semanas fue motivo de discordia entre ambos, cuando el Govern echó el freno a la aprobación para garantizar su viabilidad jurídica.

Las fincas o solares que se hayan adquirido después de junio de 2016 tendrán dos años de carencia para tramitar la licencia desde la entrada en vigor de la norma, mientras que en los adquiridos durante el primer semestre del 2016 se estudiará individualmente si la operación es viable económicamente para el promotor. En el caso de que lo sea, se deberá reservar ese 30%; en caso contrario pueden fijarse porcentajes variables, caso a caso a caso, o incluso llegar al extremo de que el promotor quede exento si la operación es inviable. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, afirma que existen entre 200 y 300 operaciones por analizar.

La batalla contra la especulación también se redobla al haberse aprobado que toda la ciudad quede declarada zona de tanteo y retracto, con condiciones establecidas para que el consistorio tenga derecho preferente de adquisición de fincas o solares que puedan ser estratégicos. 

Mejor distribución

Otra de las virtudes del plan es distribuir por todos los distritos la vivienda social, garantizado su existencia en zonas céntricas y deseadas, y evitando la habitual concentración en áreas periféricas. Se calcula que más de la mitad estarán en barrios faltos de vivienda protegida y que sufren especialmente la gentrificación.


Con el suelo edificable casi agotado en Barcelona, la medida ahondará también en las grandes rehabilitaciones en los edificios no catalogados. 

Aplauso de las entidades y críticas del sector inmobiliario

Las entidades sociales que promovieron la medida, que ya han implantado ciudades como Londres o París, aplaudieron ayer el acuerdo. La portavoz del Observatorio DESC Irene Escorihuela declaró a Efe que es una medida que "ha venido para quedarse" y una "victoria para Barcelona", pero también para las otras ciudades que "se están empoderando".

Desde la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Daniel Pardo manifestó que "hasta ahora nadie había asumido la responsabilidad de promover una medida así" y criticó que "el sector privado expulse a los vecinos y vecinas de los barrios todos los días sin responsabilizarse".

Muy distinas son las opiniones desde el bando opuesto. Lluis Lluis Marsà, presidente de la Associació de Promotors de Catalunya, ha criticado reiteradamente que el plan "olvida al área metropolitana" y mantiene que muchos propietarios preferirán no sacar los viejos edificios al mercado para su rehabilitación. Insiste en que repercutirá en un "envejecimiento del parque de vivienda" de la capital catalana. 
También son muy críticos en el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, donde temen que muchos promotores desistirán de construir en Barcelona, lo que "reducirá la oferta", y además encarecerá la vivienda del mercado libre porque los promotores se verán obligados a repercutir más el coste del suelo. El consistorio replica que no ha sucedido en otras ciudades. El colectivo de administradores reivindicaba que se compensase con un aumento de volumen edificable proporcional a la merma de ingresos.

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