Entidades vecinales y otros colectivos impugnan la legalidad del pacto de las terrazas de Barcelona

Cuando el pasado junio se rubricó el llamado pacto de las terrazas, con la consiguiente modificación de la ordenanza que había provocado tres años de guerra entre el ayuntamiento y el sector de la restauración, se habló de "consenso". Pero medio año después, diversas asociaciones vecinales bajo el paraguas de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) junto a casi una veintena de colectivos de dístinta índole (desde personas discapacitadas a movimientos contra el auge turístico o la gentrificación) se han aliado para tratar de impugnar los cambios en la ordenanza -que la flexibilizaban-, al considerar que vulnera normativas de rango superior tanto en el ámbito de la accesibilidad, como de la contaminación o los procesos participativos.

Cabe recordar que la normativa de terrazas fue herencia política del alcalde Xavier Trias (antigua CiU), pero que a la hora de su implantación todos los grupos políticos dieron marcha atrás al ver el enorme impacto (eliminación y recorte de mesas) que tendría en el sector, y las consiguientes protestas. Comenzó entonces a fraguarse un pacto promovido desde el Gremi de Restauració de Barcelona que logró consenso político en el 2017 (excepto la CUP) y pasó por un supuesto amplio proceso participativo, hasta incorporar también medidas en favor de algunos colectivos discapacitados, según enfatizó el gobierno de Colau al aprobar la modificación final. Pero las entidades que ahora suscriben el recurso contencioso administrativo cuestionan la validez y efectividad de ese proceso, explica Daniel Pardo, de la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS).

Según estos colectivos, los recursos se basan en el "incumplimiento de las normativas superiores de accesibilidad e igualdad de condiciones, de contaminación acústica y ambiental y de procedimiento administrativo y participación ciudadana". Lamentan el uso electoralista de la imagen de los discapacitados, mientras se "legisla vulnerando sus derechos fundamentales". Se alude a casos como el de las personas invidentes, dado que la modificación de la ordenanza permite colocar terrazas pegadas a la pared en casos excepcionales. Por contra, la demanda de los afectados es que las paredes estén siempre despejadas como guía. Desde la FAVB, Ana Menéndez insiste en el derecho al descanso vecinal y al efecto contaminante de las terrazas.

Entre los apoyos a la impugnación figuran asociaciones de vecinos de Poble Sec, Besòs, Casc Antic, Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, Sagrada Família, Sant Andreu de Palomar, Vila de Gràcia y otros. Entre las entidades, la Associació Catalana per a la Integració del Cec, Ciutat Vella no està en venda, Ens Plantem Poblenou, Fem Sant Antoni, SOS Enric Granados y demás.

Todos ellos se preguntan "si quien gobierna el ayuntamiento son los partidos políticos o los lobis económicos".

La patronal contrataca

Poco después, el sector ha replicado en boca del director de la patronal, Roger Pallarols, que sostiene "el lobi más clásico es la FAVB". "Esta iniciativa son fuegos artificiales, porque no consiguieron apoyo popular para ir en contra de la modificación de la ordenanza que aprobó el plenario en plena legalidad". Rememora la pugna de iniciativas ciudadanas que lideraron ambas partes. El gremio logró 18.000 apoyos para impulsar los cambios que la flexibilizarán, y la federación finalmente no los presentó transcurrido el periodo pertinente (dos meses) y su prórroga.

Según Pallarols, la "FAVB no ha sabido digerirlo y ha dejado de representar a muchos barceloneses que tienen un pequeño negocio, que trabajan en un bar o restaurante o que simplemente disfrutan de las terrazas de la ciudad". No obstante, "si el juez admite el recurso y se presentó a tiempo", volverán a defender "la legalidad" de lo pactado, afirma.

De hecho, los empresarios de restauración de Ciutat Vella llevan meses en pie de guerra al considerar que el distrito no está acatando las nuevas reglas del juego y sigue recortando terrazas. La última queja tuvo lugar el pasado viernes día 30, con la rebelión de los operadores de Joan de Borbó.