Territori irrita a Colau al frenar la imposición del 30% de pisos asequibles a los promotores

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha manifestado esta tarde su indignación por el freno que acaba de dar la Conselleria de Territori i Sostenibilitat a la medida del gobierno municipal que obliga a los promotores de vivienda nueva a reservar el 30% a viviendas  asequibles. La respuesta se ha producido el mismo día en que la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat debía aprobar esta norma, que ya aplican otras grandes ciudades como Londres y París para garantizar el acceso a la vivienda.

“El tema de la vivienda asequible es lo que más preocupa a los barceloneses. Y en septiembre la inmensa mayoría del ayuntamiento, con la única excepción del PP, votó a favor de la propuesta de reservar el 30% de la nueva vivienda a alquileres asequibles. Pero ahora la Generalitat pretende incluir cambios y aumentar las exenciones”, ha explicado Colau visiblemente molesta. “No quiero pensar que la Generalitat ha cedido a las presiones de grupos inmobiliarios muy potentes”,  ha añadido la alcaldesa a quien se le escaparon las lágrimas en aquel pleno del 28 de septiembre cuando se aprobó la medida.

Como el ayuntamiento no puede obligar a los promotores a alquilar las nuevas viviendas, al imponer un precio asequible el propio municipio puede adquirirlas gracias al derecho de tanteo y retracto y alquilarlas entonces a un precio más económico. Se calcula que cada año se construyen unos 1.200 pisos nuevos en la ciudad, con lo que cuando entre en vigor la medida el parque de viviedas protegidas o sociales crecería en más de 300 anuales.

Sobre la posibilidad de que la imposición del 30% frene al sector inmobiliario, la alcaldesa sostiene que sus colegas de ciudades como Londres y París le han explicado que cuando ellos aplicaron la medida existió el mismo temor, pero la realidad es que en esas ciudades el mercado inmobliario no se ha resentido. "Los constructores pueden seguir haciendo negocio en Barcelona con la vivienda, pero tienen que ser corresponsables con este 30% que tiene que servir para que los vecinos no sean expulsados de la ciudad", ha detallado Colau, quien ultima su mandato municipal y se enfrenta a unas próximas elecciones muy reñidas sobre todo desde la confirmnación de Ernest Maragall como candidato de ERC.

Aprobada y bien argumentada

“No entendemos que ahora la Generalitat, que son el PDCat y ERC, quieran introducir rebajas cuando esos mismos partidos en el ayuntamiento ya aprobaron la medida. No entendemos qué está pasando –ha añadido Colau–. La Subcomisión de Urbanismo no tiene que opinar sobre esta medida, sino aprobarla. Es inaceptable. La Generalitat no debe rebajar una propuesta municipal que además está bien argumentada jurídica y económicamente y que ya fue aprobada”.

Colau ha asegurado que desde el pasado 1 de octubre hasta hoy se han presentado 234 licencias para realizar obras mayores en Barcelona y 157 certificados de aprovechamiento de espacio. “Ya son nuevas promociones perdidas , que se escapan del 30%. No entiendo la actitud del conseller Damià Calvet y  con quien insisto en reunirme de forma inmediata”.

Esperar al 5 de diciembre

La alcaldesa se ha mostrado confiada en que la medida se apruebe sin recortes en la próxima reunión de la subcomisión de Territori, prevista para el 5 de diciembre. ¿Y si no fuera así? “Sería una crisis política de primera magnitud y no la contemplo. Pero estoy perpleja. Quiero pensar que todo ha sido un malentendido y espero a hablar con el conseller”. 

La imposición del 30% de pisos asequibles a los promotores fue aprobada en pleno municipal el viernes 28 de septiembre tras tres meses de discusión. Sólo el PP votó en contra y Cuitadans se abstuvo. PDEcat se sumó en el último momento al acuerdo alcanzado por ERC, Barcelona en Comú y PSC, aunque con algunas peticiones como que el promotor no tenga que entregar ese 30% de pisos de la misma finca que esté construyendo, sino que puedan ser pisos de otra obra.

Respuesta del 'conseller' de Territori

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Puig,  había informado por la mañana de la suspensión de la reunión de la subcomisión de vivienda en un tweet en el que anunciaba un encuentro la semana que viene con el ayuntamiento de Barcelona  “para abordar los aspectos técnicos de la propuesta del 30% para vivienda asequible en todo el suelo urbano de Barcelona”. Para Calvet, la medida “debe ser técnica y jurídicamente impecable antes de poderse llevar a aprobación definitiva”. Este requisito pretendería evitar la presentación de recursos contencioso-administrativos por parte de los promotores de viviendas que verían reducidos sus beneficios económicos con la imposición del 30% para vivienda social.

Por la tarde, el 'conseller' ha comparecido en rueda de prensa para negar que pretenda recortar el porcentaje del 30% para vivienda social, sino que lo que su departamento quiere es garantizar la seguridad jurídica de la norma. Uno de los escollos sería la reducción del 30 al 20% que plantea la norma municipal para solares adquiridos en el primer semestre del 2016 para compensar la menor revalorización de las inversiones. "Se trata de una debilidad jurídica", ha dicho. 

Calvet también ha rechazado que haya recibido presiones para modificar la norma, tal y como ha insinuado Colau. "Ni rebajas, ni presiones. La única presión que aceptamos es la de los ciudadanos", ha dicho a la vez que ha defendido el papel de la subcomisión de Urbanismo: "No es un mero trámite. No es una reunión en la que se pone un sello".

Algunas de las entidades que más han impulsado la medida de reservar el 30% de los nuevos pisos a alquileres sociales a buen precio, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatori Desc,  se han mostrado sorprendidas y molestas por la no ratificación de la medida municipal por parte de la Generalitat.

"La vivienda asequible en Barcelona es totalmente inexistente. Hay 35.000 personas en lista de espera para conseguir una vivienda social. Esta medida del 30% de los pisos asequibles se tiene que aprobar urgentemente y además hay informes jurídicos y económicos que la avalan", ha explicado Irene Escorihuela, directora del Observatori Desc.

Las dos entidades de defensa al derecho de la vivienda, que tratan de evitar los deshaucios y el encarecimiento desmedido de los pisos gracias a la especulación, también piden "que la Generalitat apruebe una ley que impida que una vivienda protegida se pueda revender".