Ir a contenido

Constructores y administradores de fincas aplauden el freno al plan de vivenda de Colau

Sostienen que se producirá un descenso de promociones y un aumento del precio de la vivienda libre

Patricia Castán

Edificio en construccion en la zona del Fòrum.

Edificio en construccion en la zona del Fòrum. / FERRAN NADEU

La imposición de una cuota del 30% de pisos sociales en las promociones de vivienda privada que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona para paliar su déficit en la ciudad enervó desde el minuto uno al sector de la construcción y su entorno, crítico con las consecuencias que vaticina. De modo que la paralización de la aprobación prevista hoy en la subcomisión de Urbanismo ha sido recibida con momentáneo alivio.

Para Lluis Marsà, al frente de la Associació de Promotors de Catalunya, la propuesta lanzada por Colau no sirve en tanto que solo apunta a Barcelona, sin atender al "problema de la vivienda que comparte ya con toda el área metropolitana", opina. Lamenta que "las administraciones no hayan impulsado en años políticas de alquiler social" y ahora "no actúen sobre los 70.000 metros cuadrado de suelo para pisos protegidos en la zona", apuntando solo al caso barcelonés con una medida "difícil de implantar". ¿Por qué? "Además de a los promotores, afectará a los propietarios que preferirán no sacar los viejos edificios al mercado". Son inmuebles que podrían haber sido rehabilitados -también para adaptarse a futuras normas de sostenibilidad- y cuyos dueños "ahora preferirán apaños mínimos para mantener sus alquileres". Sostiene que repercutirá, pues, en un "envejecimiento del parque de vivienda" de Barcelona, en un "efecto perverso".

30% más de volumen edificable

Desde el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, su gerente, Llorenç Viñas cree que haber frenado hoy jueves la medida tiene sentido por parte del Govern, ante las complicaciones jurídicas que entraña. Y destaca que siempre han sido críticos con la iniciativa del ayuntamiento porque creen que muchos promotores desistirán de construir en Barcelona, lo que "reducirá la oferta", y los que construyan "repercutirán el coste del suelo en los precios de la vivienda libre", de modo que esta "se encarecerá".

El colectivo plantea que si se lleva adelante la cuota del 30% para pisos sociales, se permita a cambio un 30% de volumen edificable que compense los precios. También reclama a consistorio y Govern que alcance acuerdos con los bancos para sacar partido a los miles de viviendas en sus manos, y que sean más firmes con los turísticos que, en su opinión, han alentado los precios al alza. Y reclaman, ante todo, "más seguridad jurídica para los pequeños propietarios" (el 65% de la oferta) que asumen muchos riesgos al poner sus viviendas en el mercado de alquiler.