Proyecto ante en TSJC
La CUP exige que el suelo liberado por el FC Barcelona sea 100% público
El grupo municipal de CUP-Capgirem, que ha presentado un recurso administrativo ante el TSJC para pedir al juez que paralice el proyecto Espai Barça de remodelación del Camp Nou y su entorno, exige, entre otras cosas, que el suelo que quede liberado por el derribo del Palau Blaugrana pase a ser 100% público.
El pasado 12 de abril, el ayuntamiento gobernado por Ada Colau y el FC Barcelona alcanzaron un acuerdo, que calificaron de "histórico", para reordenar todo el entorno de las instalaciones del club, un proyecto que tiene previsto comenzar en el verano de 2019, que permitirá "abrir a los vecinos" el Camp Nou y que no tendrá coste para el consistorio.
El proyecto global 'Espai Barça' tiene un coste global de 639 millones de euros y afectará a 23.000 metros cuadrados, además de reservar 243.400 metros cuadrados sobre rasante para equipamientos privados del recinto, como el futuro Camp Nou y el nuevo Palau Blaugrana, además de espacios como la masía o el museo del club.
En rueda de prensa recogida por Efe, el grupo municipal de la CUP ha detallado este miércoles las alegaciones que ha presentado en su recurso y que se basan en considerar que se trata de un proyecto que favorece "la especulación", aunque reconoce que es necesaria una reforma urbanística de la zona de Les Corts donde se ubican las instalaciones azulgranas.
Calificación del suelo
La CUP defiende que se necesita una modificación del Plan General Metropolitano para "asegurar unos beneficios evidentes para el vecindario de los dos barrios (Sant Ramon y la Maternitat) del distrito de Les Corts.
"No estamos de acuerdo con la propuesta de calificación del suelo destinado a equipamientos, es decir, rechazamos el concepto de equipamiento privado de uso público", han explicado los concejales de la CUP-Capgirem.
El grupo anticapitalista quiere que el FC Barcelona ceda al consistorio el suelo que se libere del derribo del Palau Blaugrana y la pista de hielo para que este sea 100 % público, y además denuncia que el proyecto no resuelve que "el acceso al Camp Nou esté adaptado a las necesidades de unos barrios donde el transporte público se colapsa los días de partido y el privado se convierte masivo".
"Mientras los barrios de Sant Ramon y Maternitat tienen una población de 23.000 personas, la asistencia media al estadio es de 63.000 personas. Así, los días de partido, el acceso en esta zona de Les Corts con coches, motos y personas se triplica", alegan.
También rechazan el proyecto Espai Barça porque dicen que los viales de las avenidas Joan XXIII y Gregorio Marañón y las calles Arístides Mallol y Elisabeth Eidenbenz "se estrechan en vez de ser auténticos paseos para peatones".
La pretensión, paralizar el proyecto
Igualmente rechazan que las zonas de vial y la zona deportiva se puedan reconvertir en zonas comerciales.
"No estamos de acuerdo con la recalificación de suelo deportivo en suelo comercial. La instalación de un edificio de oficinas y de un hotel no forman parte de nuestra concepción de dinamización económica del espacio público del barrio", han señalado los ediles.
La CUP, que asegura que el pacto logrado entre el FC Barcelona y el gobierno municipal "no genera una ganancia para la ciudad", critica que el acuerdo establezca "la dependencia de ciertos proyectos en el barrio en función del pago por parte del Barça de las plusvalías de las actividades comerciales y complementarias".
También han criticado "la falta de voluntad de integrar la perspectiva de género en este proyecto" y que "la masía de Can Planes, de la que el Barça ha hecho lo que ha querido, destruyéndola como ejemplo arquitectónico y artístico de una época, no se destina al barrio", por lo que exige su cesión para usos sociales.
Con la presentación del recurso, la CUP quiere paralizar el proyecto porque "estamos convencidos de que el club puede ofrecer mejores condiciones urbanísticas, económicas y sociales".
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