Barcelona aprueba el 30% de vivienda asequible en las nuevas promociones

La comisión municipal de Urbanismo de Barcelona ha aprobado provisionalmente esta tarde dos iniciativas medida que obligarán a reservar un 30% del techo construido a vivienda de protección oficial a los promotores de nuevas viviendas y grandes rehabilitaciones de inmuebles, además de habilitar al ayuntamiento a ejecer el derecho de tanteo y retracto en la compraventa de viviendas. El gobierno de Ada Colau ha obtenido, además del apoyo de los grupos municipales de arcelona en Comú, ERC y PSC, el voto favorable de los concejales no adscritos Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé,  con lo que alcanza los 21 concejales necesarios para tramitar la modificación del Plan General Metropolitano.

La aprobación definitiva se producirá en el pleno del próximo 28 de septiembre pero su contenido no será aplicable hasta que no sea confirmado por la subcomisión de urbanismo de Barcelona de la Generalitat. Una aprobación que según Guillem Domingo, del Observatori DESC, una de las entidades sociales que han impulsado la iniciativa y que hoy han anunciado y celebrado la aprobación junto con los representantes de los grupos municipales que la han apoyado, debería producirse ya que el papel de la comisión es "el control de la legalidad", en su opinión ya validada por un informe del secretario municipal que la considera un desarrollo válido de las leyes de urbanismo y derecho a la vivienda catalanas. La portavoz de la PAH, Lucía Delgado, ha manifestado su esperanza en que la CUP, que reclama un porcentaje del 60%, acabe dando también su voto afirmativo en el pleno del 28 de septiembre.

Tras el anuncio del acuerdo, en una comparecencia en el vestíbulo del ayuntamiento por parte de los grupos impulsores (la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, el Observatori DESC, la Asseamblea de Barris pel Turisme Sostenible y el Sindicat de Llogaters), la alcaldesa ha comparecido para manifestar su "orgullo" por el hecho de que Barcelona sea la primera ciudad de España en "garantizar la vivienda asequible en cualquier promoción privada" y ha invitado al resto de administraciones a seguir en este camino.

"Hoy en Barcelona decimos al sector privado que no puede enriquecerse sin límites", ha subrayado Ada Colau que ha calificado la aprobación de la nueva normativa de "punto de inflexión" y un "inicio" de un "cambio de paradigma" que hace corresponsabilizarse a los promotores en el cumplimiento de l ejercicio del derecho a la vivienda y de "día histórico".

La tramitación

La iniciativa del Gobierno de Ada Colau tropezó con las resistencias de la oposición en el mes de junio. El ayuntamiento preveía aprobar inicialmente la modificación del PGM en el pleno de aquel mes, poniendo en vigor una moratoria en la práctica (solo se concederían licencias a los propietarios que ya cumpliesen el 30%) durante el verano hasta su aprobación definitiva. Finalmente, en una primera victoria parcial, se aprobó un debate y exposición pública de la iniciativa durante el verano para su posterior aprobación en otoño.

El concejal del PSC Daniel Mòdol ha justificado su apoyo a la medida como una medida realista frente a la crisis del acceso a la vivienda. "Sin embargo, no se puede esconder el fracaso profundo de las políticas de vivienda de Colau en este mandato", ha añadido. El PDECat y la CUP han apuntado que mantendrán las conversaciones con el equipo de Gobierno y no descartan el voto favorable en el pleno.

Las medidas

La modificación del PGM establece que las promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados de techo construido o por construir deban destinar un 30% de la superficie a viviendas de protección oficial, en régimen de alquiler o venta. Según el Ayuntamiento, que hubiese preferido forzar únicamente la fórmula del alquiler pero que se ha encontrado con la imposibilidad legal de hacerlo, la aplicación del cambio normativo haría crecer "el parque de vivienda asequible" en la ciudad en unos 330 pisos al año.

Los requisitos aprobados se aplicarán a las nuevas licencias que se tramiten a partir de la aprobación definitiva, excepto las que acrediten transacciones hechas -compra de solar- desde el 1 de julio de 2016 hasta la aprobación inicial, y tampoco deberán ajustarse a la nueva norma ni las licencias solicitadas antes de la aprobación inicial ni las solicitadas antes de la aprobación definitiva.

En cuanto al derecho de tanteo y retracto, se habilitará al ayuntamiento, durante seis años prorrogables a seis más, a disponer del derecho de compra preferente, con el importe registrado en la transacción, de edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificaciones en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y viviendas protegidas. Según el ayuntamiento, esta medida "servirá para detener operaciones claramente especulativas que provoquen la expulsion de vecindario y operaciones en el mercado negro, y para proteger los inmuebles de propiedad vertical de la adquisición por parte de fondos de inversión".