Okupación sin patada en la puerta

La okupación de 60 pisos en cinco bloques nuevos del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, se produjo en la noche del 12 de julio del 2017, hace poco más de un año.  Fue una ocupación peculiar por varias razones. Los pisos no eran todavia de particulares, ya que no habían sido entregados, y pertenecían a su actual propietario, el Consorci de La Mina, una entidad pública en la que participan los ayuntamientos de Barcelona y SantAdrià, la Generalitat de Catalunya y la Diputació de Barcelona.

Otra peculiaridad es que , al parecer, no hubo que pegar la patada en la puerta, sino que los ocupantes consiguieron entrar en los pisos hasta abriendo con llaves, después de conseguirlas supuestamente de las personas encargadas de proteger los inmueble, según han explicado algunos de los nuevos vecinos. 

Sin cargas policiales

Aunque varias personas del barrio llamaron a los Mossos d’Esquadra ante lo que parecía una gran ocupación coordinada y simultánea, los agentes no efectuaron cargas, según algunos testigos, aunque sí evitaron posibles nuevas entradas en otros edificios. Otra peculiaridad de este caso es que no hay constancia de una ocupación tan grande en número y simultánea.

Uno de los orígenes del conflicto se remonta a la pretendida demolición, nunca realizada, de los enormes bloques de pisos de la calle de Venus, que forman parte de la imagen más fea del barrio y donde viven las familias mas humildes. En un principio se planeó trasladar a esos vecinos a los nuevos bloques okupados ahora en las calles de Anne Frank, Ramon Llull, Ernest Lluch, Mercè Rodoreda y rambla de La Mina. Pero ese traslado no se llegó a producir. Al parecer, porque los inquilinos de los feos bloques en forma de caja de  cerillas no aceptaban las condiciones del trueque. El principal escollo habría sido la cantidad de dinero que el Consorci pedía para entregar un nuevo piso.

Para acabar de complicar el conflicto de las viviendas, la okupación masiva se produjo solo unas semanas después de que se denunciara una supuesta trama ilegal de vigilancia de los edficios a través del dinero del Consorci. El caso provocó la detención de un concejal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en Sant Adrià. Sin embargo, el político fue liberado poco después de la detención mientras los Mossos seguian investigando si esas vigilancias se producían para desviar fondos y si existía alguna posible relación con el tráfico de drogas.