Barcelona multará con hasta 900.000 euros la dejadez de los dueños de locales convertidos en narcopisos

Barcelona quiere comenzar a sancionar a los propietarios de pisos abandonados en el barrio del Raval que acaban en manos de traficantes de droga. Se trata de una medida, la de multar a dueños de locales que se desentienden de sus posesiones facilitando que se conviertan en sede de actividades ilegales, que se aplica desde hace tiempo -el alcalde Xavier Trias lo había ensayado ya contra burdeles clandestinos- y supone un nuevo intento, el enésimo, para contener una epidemia contra la que, de momento, no existe ninguna panacea. 

En verano del 2017, el Ayuntamiento de Barcelona tomó la iniciativa de contactar con los dueños reales de los narcopisos para asegurarse de que estos se harían cargo de los inmuebles tras una operación policial -e impedir así que nuevos traficantes reabrieran el 'negocio'-. En otoño se dio un paso más e incluso se procedió a tapiar algunos accesos de domicilios ocupados pertenecientes a propietarios que no respondían. En enero del 2018, se estrenó otra estrategia, poner un precinto judicial en los domicilios en cuyo interior pudiera demostrarse que no residía nadie. Ahora, la apuesta es apuntar al bolsillo de los dueños más pasotas.

Este viernes el grupo de trabajo integrado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la jueza decana de la ciudad, Mercè Caso, el conseller de Interior, Miquel Buch, y la consellera de Justicia, Ester Capella, ha acordado utilizar esta estrategia -inicialmente diseñada contra el acoso inmobiliario- para combatir la epidemia de narcopisos que sufre el distrito de Ciutat Vella, y más concretamente, el vecindario del Raval. Los expedientes sancionadores podrían alcanzar la suma de 900.000 euros. El Ayuntamiento ya ha abierto cuatro de estos procedimientos recientemente aunque ninguno de estos, según Colau, está relacionado con el tráfico de drogas.  

Complicidad entre traficantes y especuladores

Los narcopisos son "un problema policial, de investigación de las redes organizadas que gestionan los pisos de la droga, pero también de especulación inmobiliaria", ha detallado Colau. "Hemos visto que dos tercios del censo de pisos vacíos en el Raval pertenecen a grandes propietarios como bancos o fondos buitres. Esta existencia de pisos abandonados genera una complicidad con las redes de narcopisos".  El centro histórico de Barcelona recibe millones de turistas y eso lo convierte en objeto de deseo de la "especulación mundial", ha subrayado.

Por este motivo, se ha acordado aplicar estas sanciones contra los dueños que, de una forma manifiesta, faciliten con la dejadez de su propiedad el anidamiento de traficantes de droga. "No solo necesitamos que denuncien que sus pisos han sido ocupados, también que se responsabilicen de cerrarlos adecuadamente tras una operación policial", ha insistido. El descuido de estas propiedades genera "un problema grave de convivencia y de seguridad".

Los hurtos y los robos se disparan

El grupo de trabajo de este viernes también ha estado dedicado a luchar contra el incremento de hurtos y robos con violencia registrado este 2018, y sobre todo en verano, en el distrito de Ciutat Vella, tal como avanzó EL PERIÓDICO. Preocupan más los segundos, los robos que protagonizan, por ejemplo, las manadas de 'relojeros' -ladrones que persiguen relojes de gama alta-, porque tienen un impacto mayor en la sensación de inseguridad cuidadana. 

No se trata únicamente de carteristas que actúan por su cuenta, sino de grupos más o menos organizados que demuestran un alto grado de mobilidad entre las principales capitales europeas. Esta característica complica las cosas de forma sensible: cada vez que detienen a un sospechoso, si este no entra en prisión preventivamente, huye del país y no resulta posible juzgarle. La coordinación de los Mossos con las policías extranjeras sí ha permitido comprovar que, en realidad, algunos de estos estaban siendo buscados en otros países. En los últimos meses, la policía ha entregado a tres 'relojeros' a las autoridades francesas, que llevaban tiempo tras ellos.

Tanto Colau como el conseller Buch han prometido trabajar para mejorar la respuesta policial y judicial. Para esto último la jueza decana Caso ha facilitado la apertura de un juzgado temporalmente para resolver "el tapón" que impide luchar de forma efectiva contra la multirreincidencia. Sin una coordinación efectiva entre Urbana, Mossos y jueces, la mayoría de las detenciones que llevan a cabo los cuerpos policiales se quedan sin efecto tras pasar a disposición judicial, dado que no resulta posible acreditar todos los delitos que recaen sobre el arrestado y este tan solo acaba declarando por el más reciente, a menudo un hurto que no basta para alejarlo de la calle.