El Ayuntamiento de Barcelona apoya el sindicato de trabajadoras sexuales

La alcadesa de Barcelona, Ada Colau, se ha colocado en contra del Gobierno central en la polémica sobre el sindicato de trabajadoras sexuales, que el Ejecutivo va a anular después de haberlo autorizado. La concejala de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, ha declarado este viernes que la autoorganización de las trabajadoras sexuales no es solo positiva desde una perspectiva de derechos laborales "sino también desde la perspectiva de la lucha contra el estigma de puta, que afecta a todas las mujeres, y la lucha contra la violencia de género".

"Lo que se debería ilegalizar es la Fundación Franco, no organizaciones de mujeres que ejercen la prostitución u otros colectivos de personas vulnerables", ha agregado Jaume Asens, teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía en el Ayuntamiento de Barcelona. "Los manteros es una actividad en sí ilegal, tienen un sindicato que ni el PP se atrevió a ilegalizar", ha añadido. Por su parte, Pérez ha acusado al Gobierno socialista de hacer "declaraciones juridicas erróneas" en base a sus deseos ideológicos. "El ejercicio de la prostitución es una actividad económica lícita en el Estado español, pero no regulada vía derecho laboral", ha añadido.

La Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) ha respondido ala marcha atrás de la ministra Valerio contra la creación del primer sindicato de prostitutas legalizado. La secretaria general de la entidad, Concha Borrell, ha asegurado que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez debería "dimitir en bloque" tras esta postura. "Los derechos las merecemos todas y no solo unas cuantas privilegiadas", ha añadido. También ha anunciado que no realizarán más declaraciones hasta que se apruebe la creación del sindicato, actualmente sine data.

Otras ha acusado al Gobierno de enmascararse tras la intocable tela del feminismo blanco heterosexual y burgués y ha preguntado a quién beneficia que las trabajadoras sexuales carezcan sistemáticamente de derechos laborales. "Merecemos todo el reconocimiento y respeto de las instituciones, les guste nuestro trabajo o no", han afirmado este viernes en una rueda de prensa.

Marcha atrás

La Dirección General del Trabajo aprobó el sindicato Otras y publicó,  el 4 de agosto, su resolución en el Boletín Oficial del Estado. El pasado jueves, el Gobierno central anunció que daba marcha atrás y anulaba a toda prisa la creación de una entidad para luchar por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. "No avalaremos un sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres", explicó la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Por su parte, Otras ha criticado la postura del gobierno socialista con este último movimiento. "¿Preguntemos a los feminismos hegemónicos europeos por qué, en un gobierno socialista, obrero y fundado por sindicalistas, las mujeres más castigadas socialmente no pueden tener los mismos derechos que ellas?", ha apuntado Borell. La secretaria general también ha tildado de "increíble" la postura que ha adoptado el Gobierno ante esta cuestión. "Bien que se reparten licencias para abrir clubs de alterne", ha afirmado.

Desde la organización han recordado que las trabajadoras sexuales no son sujetos pasivos: "Somos mujeres adultas que sabemos luchar por lo que queremos dentro de la legalidad establecida y buscando el bienestar de todas aquellas personas estigmatizadas, criminalizadas y a las que quieren mantener en los márgenes de la legalidad". La entidad ha recordado que aquello que buscan no es más que tener los mismos derechos que los demás trabajadores. "Acceder a bajas por enfermedad o maternidad, tener un sueldo a final de mes, vacaciones o una jubilación es absolutamente impensable", ha apuntado la máxima dirigente de Otras. 

Apoyo de CGT

CGT Catalunya se ha adherido a la postura de Otras. "Condenamos las declaraciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio", ha explicado la organización en un comunicado. También han acusado a Valerio de ilegalizar un sindicato porque siente su moral atacada.  "Seguiremos luchando conjuntamente en la calle por los derechos laborales de todas las trabajadoras", ha concluido.

En manos del abogado del Estado

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha insistido este viernes en que el Gobierno "no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo" y por eso la Abogacía del Estado ya está estudiando "cómo arreglar esta cuestión". La portavoz ha dicho, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que "no parece difícil" tumbar la constitución de esta organización. "Hay varias vías. Una parece la más rápida y a esa iremos", señaló Celaá.