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DECRETO DEL GOVERN

Pulso en Barcelona por la inminente regulación de las habitaciones por días

Barrios como la Barceloneta y la patronal hotelera temen que sea un coladero de pisos turísticos ilegales

El ayuntamiento es partidario de impulsar licencias temporales y con limitaciones de estancias

Patricia Castán

Damaris Rojas, presidenta del colectivo de Veïns i Amfitrions de Barcelona, en su piso del Poble Sec donde alquila una habitación por días.

Damaris Rojas, presidenta del colectivo de Veïns i Amfitrions de Barcelona, en su piso del Poble Sec donde alquila una habitación por días. / CARLOS MONTANYES

La oferta de precios es amplia, tanto como la estética y las ubicaciones. Una persona puede dormir por unos 40-50 euros al día en una habitación privada en casa de un barcelonés este mismo mes, mientras que una pareja encontrará sobre todo opciones desde unos 60-70. De la modernidad minimalista a los visillos de la abuela. Se cuentan por miles los ciudadanos que utilizan el recurso de ofrecer 'bed&breakfast' doméstico para redondear su economía desde la alegalidad, a falta de regulación en Catalunya. Una situación que cambiará este otoño, afirma el Govern, cuando se supone que se aprobará por fin el decreto del reglamento de Turismo de Catalunya, que regulará la actividad pero que ya ha abierto un pulso de intereses que hará muy compleja su implantación en Barcelona.

El documento que lleva más de dos años en barbecho, paralizado por diversos motivos políticos (como el artículo 155), ya ha pasado por alegaciones y modificaciones varias. La última versión está ahora pendiente del informe que haga la comisión de gobierno local, de pasar por el Consell Tècnic de la Generalitat y del dictamen de la Comissió Jurídica Assesora del Govern, para ser finalmente aprobado en sesión de gobierno. El decreto abarca entre otras muchas cuestiones la creación de la modalidad de alojamiento "hogar compartido", como respuesta a la demanda ciudadana que reivindicaba la llamada economía colaborativa en el ámbito turístico, puntualizan fuentes de la Agència Catalana de Turisme.

El compartir se traduce en que -al contrario que en los pisos turísticos completos-, en estos hogares existe un propietario que es residente habitual pero alquila una o más habitaciones por periodos menores a 31 días. Para realizar la actividad, debe constar en el registro de la Generalitat, contar con cédula de habitabilidad, tener condiciones de inmediata disponibilidad, estar amuebladas y equipadas, en perfecto estado de higiene y con la correspondiente habilitación municipal.

Pero lo que se planteó como una alternativa sostenible a los pisos por días -dado que la presencia del anfitrión evita los excesos o molestias- conlleva muchas aristas en el caso de la capital catalana. Tanto por la oferta en sí como por la picaresca que los más agoreros vaticinan al respecto.

Cabe recordar que en Barcelona se llegó a estimar que había al menos 6.000 viviendas de uso turístico ilegal (frente a las 9.600 legales). El ayuntamiento ha cerrado más de 2.300 y tiene cientos en vías de ser erradicadas, pero la tarea para su detección, denuncia y sanción es titánica. De ahí, que ahora sean vecinos de barrios saturados, como la Barceloneta, o el Gremi d'Hotels de Barcelona quienes sacan las uñas contra la nueva legalización, al considerar que "será muy difícil comprobar si el propietario reside realmente y si no se trata de un piso turístico ilegal camuflado", argumenta Manel Casals, director de la patronal.

Alud de trampas

En países con más tradición con hogares compartidos, este uso está muy interiorizado por la población. Pero ante el alud de trampas desatadas en este sector en Barcelona en los últimos años (publicar números de registro inexistentes, realquilar pisos a turistas sin ser propietario, fingir contratos temporales cuando eran para menos de un mes...), parece normal recelar sobre la actividad real de las viviendas. Manel Martínez, vicepresidente de la Associació de Veïns de la Barceloneta, tiembla al pensar lo que se avecina en su barrio si se abre la veda a las habitaciones por días. "Cualquiera con un piso ilegal se empadronará y dirá que solo alquila camas". Algo que, además, multiplicaría la necesidad de inspecciones. Los hoteleros apuntan también que esta modalidad fomentará el turismo de baja calidad y perjudicará a la imagen de la ciudad, en tanto que no se pueda controlar el estado e higiene de este alojamiento.

Por contra, la Associació d'Amfitrions i Veïns de Barcelona, reivindica esta práctica como forma integradora del turismo, de redistribución de la riqueza que genera y como medio para llegar a fin de meses en muchos hogares de la ciudad con pocos ingresos. El colectivo se queja de que el ayuntamiento está denunciando a algunos anfitriones como si ofertaran pisos turísticos, cuando solo "alojan viajeros en su propia casa". Invocando a otros países, exigen la legalización y que se abra el grifo para su implantación local de forma no profesionalizada.   

La asociación de Amfitrions i Veïns de Barcelona reivindica el derecho a los "hogares compartidos" para distribuir entre la ciudadanía los beneficios del turismo

La palabra final para la implantación la tendrán los municipios. En el caso de Barcelona, el equipo de Colau ha dicho reiteradamente que ve con buenos ojos esta práctica, en tanto que es muy distinta del piso turístico como negocio profesionalizado en muchos casos. Ahora que se acerca el momento, el concejal de Turismo, Agustí Colom, explica a este diario que están pendientes de reunirse con Turisme para concretar al máximo las reglas del juego. 

Control de la actividad

Para Colom es vital regular esta fórmula de alojamiento para frenar su proliferación incontrolada, pero enfatiza que en la capital catalana es esencial prevenir antes que curar. Es decir, que haya "limitaciones de días de estancia totales" para las habitaciones, y que se intente establecer un sistema de "licencias temporales", o sea, "dinámicas". El edil considera - en sintonía con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-, que limitar la actividad a un volumen máximo fijo y con permisos definitivos crea monopolios. Para evitar que se especule con las licencias, como ha sucedido con los pisos turísticos, el consistorio sería partidario de que pudieran ir cambiando de manos, adaptándose así a "las necesidades cambiantes de la ciudad", argumenta.

El ayuntamiento también exige que haya requisitos claros de calidad y responsabilidades y prestaciones. Menos claro está cómo se articulará la actividad. "En función del redactado definitivo" podría configurarse en el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) que regula el número de camas en la ciudad, o tener otra normativa independiente.  Y sobre todo, Colom exige que se establezcan claramente las "consecuencias de un incumplimiento en los requisitos". No hay planes todavía sobre las fórmulas inspectoras, que sin duda serán peliagudas.