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REGISTRO MUNICIPAL

Colau pone en marcha el proceso para poder expropiar solares vacíos

La medida se aplicará en aquellas fincas en los que no se construya ni se hagan actuaciones durante dos años

El Ayuntamiento utilizará leyes vigentes para activar el uso de terrenos y promover más viviendas

Felipe Valenzuela

La alcaldesa de la ciudad de Barcelona, Ada Colau, durante una rueda de prensa.

La alcaldesa de la ciudad de Barcelona, Ada Colau, durante una rueda de prensa. / FERRAN SENDRA

El gobierno municipal de Barcelona ha hecho pública una nueva medida para intentar paliar el problema de la falta de vivienda pública o accesible en la ciudad: la creación de un registro de solares vacíos, que ha de ser el primer paso para poder llegar a expropiar terrenos si a estos no se les da ningún uso durante dos años. El decreto lo firmó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el pasado 28 de junio pero no se hizo público hasta este martes, día en el que ha salido publicado en Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

"Es un nuevo instrumento para activar los solares que no cumplen su función -explicó la teniente de alcalde de Urbanismo y alcaldesa en funciones, Janet Sanz.- No puede ser que, con la falta de pisos que existe actualmente, haya terrenos privados vacíos que además se utilicen para especular." La finalidad del registro es promover la activación de solares sin utilizar y sin una causa clara de esa falta de uso, hasta llegar a la medida extrema de la expropiación, aunque esta no podría empezar a hacerse hasta el 2020

El anuncio de Sanz provocó una rápida reacción de los partidos de la oposición, que acusaron al equipo de gobierno de improvisar y de no aplicar en sus propios solares lo que ahora quiere exigir a los otros propietarios. 

Una medida que ya existía

Actualmente ya existe un cuerpo legal en Catalunya que permite este tipo de actuaciones, basado en las leyes de urbanismo y del derecho a la vivienda. Entre los motivos que legitiman una expropiación destacan las infracciones urbanísticas muy graves en materia de parcelación, de uso del suelo de edificación; el incumplimiento de los plazos para ejecutar las obras de urbanización o para edificar en los solares resultantes; el incumplimiento de los plazos para empezar o acabar obras de edificación de vivienda pública o que los propietarios no hagan las obras en solares o inmuebles necesarias para garantizar la seguridad de las personas, entre otros motivos. 

El consistorio expropiará los solares que no realicen ningún tipo de obra dos años después de haber sido avisados. "Se llevará a cabo una valoración externa que determinará el valor de la finca y a partir de ahí se ofrecerá un precio justo, tal y como sucedió con la Torre Garcini, en Horta-Guinardó", ha apuntado la concejala de Urbanismo. Esta  medida se suma a la campaña del ayuntamiento para ampliar la oferta de vivienda pública, que ya incluye la polémica normativa de destinar un 30% de superfície de superfície a la construcción de pisos asequibles en obras de más de 600 metros cuadrados.

En marcha en el 2019

Tras la puesta en marcha del registro, el siguiente paso es la aprobación de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para extender el derecho de tanteo y retracto a toda la ciudad, algo que podría ocurrir a finales de año o principios del 2019, según Sanz, ya que debe contar con el visto bueno del pleno del ayuntamiento y la posterior autorización de la comisión de Urbanismo. De esta manera, en cuanto esté en marcha el nuevo PGM, se notificará a los propietarios y a partir de ahí comenzará la cuenta atrás de dos años para solares que no tienen fecha de construcción fijada. El plazo será de tres años en caso de solares situados en polígonos y parcelas a punto de acabar su urbanización. 

El ayuntamiento prevée que para finales del 2020 o principios del 2021 comiencen a caducar los plazos otorgados a los dueños de los terrenos vacíos. Según la alcadesa accidental, el consistorio tendrá dos años para edificar en los solares adquiridos y así "evitar la expulsión de los vecinos y vecinas de sus barrios".

El consistorio no se limitará únicamente a solares sin edificar sino que también intervendrá en los edificios sin rehabilitar o sin conservar. "Si se incumple este deber, el ayuntamiento puede actuar y después reclamar el dinero invertido o bien expropiar el edificio -ha asegurado Sanz- Ya que existe un interés de patrimonio arquitectónico o de seguridad". El registro, y lo que conlleva, ya se contemplaba dentro de la ley de urbanismo de la Generalitat. "La normativa ya establece que en los solares hay obligación de edificar, conservar o rehabilitar en un período de dos años como máximo y, que si no se hacía, alguien debía intervenir", ha afirmado la concejala. 

El máximo provecho de las competencias municipales

El registro de solares sin edificar pretende fomentar la vivienda accesible y asequible, según Sanz. "Protegeremos a los ciudadanos de los abusos que se dan en el mercado del alquiler", ha afirmado la concejala, quien también ha aprovechado para recordar que algunas problemáticas traspasan los poderes municipales. "Nuestro deber es sacar el máximo provecho de las competencias del ayuntamiento -ha apuntado-. Hay muchas actuaciones que dependen de leyes estatales como el mercado de alquiler y los precios de la ley de arrendamiento urbano (LAU) y otras que dependen de la Generalitat como priorizar el alquiler frente la compra".

Con la puesta en marcha de este registro, el gobierno de Colau despliega otra normativa más contra la gentrificación. Después de que en mayo se conociera el suspenso que los barceloneses le dieron al ayuntamiento en política de vivienda -un 46,2% reprobó a la alcaldesa según el Barómetro Municipal del GESOP-, el consistorio dio a conocer un mes después los ya presentados pisos prefabricados "funcionales, sostenibles y de calidad" que construirán en Sants-Montjuïc, Poblenou y Ciutat Vella. Los edificios, o "barracones" según la oposición municipal, alojarán a 250 personas por menos de 300 euros mensuales mientras se construyen los edificios permanentes pero no llegarán hasta el 2019.

Dentro de la misma línea contra la problemática de viviendas se encuentra la polémica normativa, presentada también en junio, que obligará a los promotores de nuevas obras y rehabilitaciones a destinar un 30% de la superfície a pisos protegidos. Colau intentó imponer la normativa la misma semana que se presentó e incluso propuso suspender las licencias ya dadas y que no contemplasen este porcentaje, pero finalmente acabó por posponerla hasta otoño para tratarla en el pleno de septiembre u octubre. 

Temas: Ada Colau

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