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control complejo

Decenas de denuncias de supuestos pisos turísticos ilegales son archivadas

Las alegaciones y recursos se suelen apoyar en falta de pruebas sobre la actividad o defectos formales

El ayuntamiento replica que sus investigaciones y expedientes son exhaustivos pero "garantistas"

Patricia Castán

La doctora que reside temporalmente en la Barceloneta y a la que casi le precintan su piso.

La doctora que reside temporalmente en la Barceloneta y a la que casi le precintan su piso. / ALVARO MONGE

En el mismo saco hay casos de viviendas turísticas ilegales, casos de pisos sin actividad turística detectados por error o denunciados por el dedo acusador de un tercero, e incluso casos legales pero expedientados por equivocación. Tienen en común que todos se enfrentan a una multa por alquiler de alojamiento turístico no autorizado y que sus casos han llegado a bufetes de abogados que, paradójicamente, están logrando que decenas de ellos acaben archivados. Los principales motivos son la falta de pruebas sólidas o los defectos formales y técnicos en los procesos, indican varios letrados. Un desenlace que desmonta parte de los casos que nutren la estadística municipal en la cruzada contra los pisos turísticos en Barcelona, mucho más compleja de lo aparente. 

No hay cifras concretas al respecto, pero si la vivencia cotidiana de distintos abogados que relatan estas situaciones. Tal vez sea el peaje a pagar por la Administración, en su intento por ser implacable contra la actividad ilegal. En la balanza, no obstante, pesan más los cierres de hiperactividad ilegal.   

No son pocos los expedientes se están archivando por vía administrativa, mientras otros aguardan desenlace por la vía judicial, aún pendientes de sentencia. La casuística es variada pero abarca desde procedimientos abiertos bajo el mandato de Xavier Trias hasta la actualidad.  En Pertiñez Romagosa, uno de los despachos de abogados especializados y que más casuística gestiona en Barcelona, Marc Pertíñez relata, por ejemplo, haber ganado judicialmente una decena de casos de 2014 y 2015 tramitados de acuerdo a la ley del derecho a la vivienda (multas de 9.000 a 15.000 euros) esencialmente porque al consistorio le ha caducado el plazo para dictar su resolución.

Distintas leyes

En este bufete, con unos 150 casos sancionadores únicos (unos 300 procedimientos) en cartera, han 'ganado' ya más de 90, casi todos por la vía administrativa y con procedimientos incoados en base a la ley de turismo de Catalunya, que establece multas de hasta 600.000 euros. Entre los principales motivos por los que el consistorio da marcha atrás en sus denuncias predominan los que Pertiñez considera "la incoación indiscriminada de expedientes sancionadores y de cese cautelar entre principios del 2016 y del 2018", cuando el ayuntamiento apostó por el programa 'araña' de detección telemática de anuncios que no exhibían número de licencia de actividad. El letrado enfatiza que abundan los casos "sin comprobación material física de si el piso anunciado era o no al que se imputaban los hechos". Se aprecia que el acta de inspección firmada por un funcionario no se pronuncia sobre la identidad entre el piso expedientado y el anuncio, agrega.

Fuentes municipales replican que los expedientes se acompañan siempre de "un análisis exhaustivo que combina la inspección telemática con la presencial". Añaden que tras una denuncia vecinal se hacen comprobaciones para ver si hay que abrir el expediente o no. Y que tras cada anuncio hay una investigación de la ubicación exacta y se abre un procedimiento "garantista" que permite al infractor presentar pruebas en contra. Finalmente, al evaluar alegaciones y recursos se tienen en cuenta los "indicios de duda". Como informó el ayuntamiento la semana pasada, el plan de choque de los últimos dos años ha supuesto orden de cierre de 4.148 pisos (2.355 ya han dejado de operar) y 5.503 sanciones, sin precisar cuántas acaban abonándose.

Lo mismo relata Simone Guagliamone, de Inlaw Abogados y Consultores, que ha ganado 13 casos. "El ayuntamiento es muy proactivo, pero el sistema llega a ser dañino porque se abren expedientes sin averiguaciones exhaustivas previas", considera. Dice que un anuncio basta para abrir ese expediente, muchas veces infundado. "Muchas veces primero disparan y luego preguntan", considera el letrado, que advierte también de los muchos casos de realquier donde el propietario es inocente pero perseguido aun habiendo mostrado un contrato de alquiler.

Más rigor

Y en la misma idea insiste Daniel Rodríguez de Miguel Vilagut, de 1961 Abogados y Economistas, que suma una treintena de casos archivados por falta de identificación correcta de los pisos. Sus historias abarcan desde alegaciones a propuestas de resolución hasta recursos de alzada. Por poner un ejemplo: las fotos de un anuncio se vinculan a un edificio en función de su ubicación frente a otra finca identificada en las fotos, pero sin alcanzar la precisión de comprobar con exactitud la altura del piso, ni acreditar su actividad con una inspección, relata el abogado. En las últimas semanas, no obstante, aprecia como el consistorio está teniendo más rigor en los expedientes más recientes, aunque muchas veces sigue sin acreditarse la presencia de turistas, lo que supone "indefensión jurídica", mantiene la misma fuente.

Pertiñez, además, argumenta siempre en los juzgados que la ley exige la "disponibilidad inmediata -de la vivienda- para considerar que un alquiler es turístico y que el ayuntamiento no lo ha considerado hasta ahora en sus imputaciones". Mantiene que alquilar condicionando el ofrecimiento a una previa reserva (rechazando la inmediata) no sería actividad turística. Entre sus consideraciones alude también en que el único requisito de rango legal para tener licencia de alojamiento turístico es contar con cédula de habitabilidad, mientras que el resto de imposiciones del ayuntamiento son "reglamentarias" lo que "fuerza el tipo infractor para poder poner multas de 60.001 a 600.000  euros". Y sostiene que ello tendrá que ser corregido por los tribunales. 

Sus tesis aluden también a una supuesta "falta de competencias efectivas del ayuntamiento", ya que su acuerdo con la Generalitat acordada en el 2015 no se publicó hasta febrero del 2018 en el BOPB. O a procesos reiniciados (tras ganarlos los propietarios por caducidad) con una aplicación de multas "arbitraria" y superior a la inicial.

CASOS SURREALISTAS

Inspección de los cajones de una médica extranjera

El exceso de celo al combatir la actividad de pisos turísticos ilegales ha llevado a denunciar viviendas donde los propietarios simplemente tenían invitado algún amigo extranjero o, sobre todo, destinadas al alquiler temporal por meses, otra modalidad muy en boga desde que el ayuntamiento ha redoblado la lucha contra los pisos por días. En este sentido, los contratos de más de un mes no son considerados como pisos turísticos. Fue lo que le sucedió hace varias semanas a Giorgia Bulgarelli., una doctora residente de neurocirugía del Hospital del Mar, que alquiló por varios meses un pequeño piso o 'quart de casa' en la Barceloneta.

Al parecer, un anterior inquilino subalquiló puntualmente por días la vivienda en el 2016, lo que derivó en una denuncia. No obstante, el alquiler de este piso es temporal y así se demostró en una inspección el pasado noviembre, cuando la inquilina por meses exhibió su contrato de arrendamiento y documentación de su estancia por trabajo. Pese a ello, el proceso no se detuvo y el pasado mayo se intentó precintar, para pasmo de la médica.

El consistorio logró la autorización judicial para ejecutar el precinto del inmueble en el que residía Giorgia. La médica que relata su caso a este diario lo arrendó en enero por 40 días y posteriormente decidió quedarse hasta junio, cuando finalizaba su periodo de residencia hospitalaria. En el piso se presentaron el cerrajero y cinco personas entre personal del ayuntamiento y la Guardia Urbana, aunque el desalojo no se produjo por la presencia del abogado y la de la médica que tuvo que enseñar hasta el contenido de sus cajones de ropa interior para acreditar la estancia prolongada. "Miraron mi ropa y mi contrato de trabajo", relata. Por suerte llegaba de un congreso y se encontraba en casa, si no se habría quedado sin su hogar provisional, lamenta.

El abogado Marc Pertiñez relata que esta situación no es única. Las confusiones entre alquileres temporales y turísticos son frecuentes en los vecindarios.