El Peuat que regula el alojamiento de Barcelona sigue cuestionado

Un año y medio después del durísimo parto del Peuat (plan especial urbanístico de alojamientos turísticos) de Barcelona, las posturas desde de los distintos frentes e intereses siguen irreconciliables. Tanto, que hace un par de meses tanto el sector turístico como grupos de la oposición reclamaron su flexibilización. El polémico pero necesario plan nació en enero con el objetivo de controlar el incesante crecimiento de camas turísticas en la capital catalana, pero con una contundencia que ahora se cuestiona en algunos ámbitos, en tanto que ha frenado importantes inversiones.

En esencia, el Peuat estableció una zona 1 de decrecimiento (comprende el centro, el Poble Sec, Poblenou, buena parte del Eixample...) donde no se pueden crear nuevas plazas y si algún negocio cierra no puede ser relevado; en la zona 2 se apuesta por el mantenimiento (parte más periférica del Eixample, áreas de Sants, de Les Corts, de Gràcia y Sant Gervasi, entre otros) donde si algo cierra se puede abrir otro establecimiento con igual número de plazas, en la 3, en la mayor parte del resto de la ciudad, se puede crecer de forma contenida teniendo en cuenta criterios de densidad, que en la práctica hacen cualquier apertura muy difícil; y en la zona 4, en puntos como la Sagrera, Sant Andreu, norte del 22@ o la Marina del Prat Vermell (Sants) hay una planificación específica de usos.

Los hoteleros consideran que esta planificación corta las alas al desarrollo del sector y su calidad en la ciudad y ha frustrado el desembarco de potentes sellos como Four Seasons. En paralelo, más de 30 operadores litigan contra la medida.

Pero lo más limitado son los pisos de uso turístico. Se cerró el grifo legal en algo más de 9.600 y si se da alguna baja de licencia solo se puede generar otra apertura en zonas descongestionadas, sin ganar en volumen de plazas y sin sustituir a una vivienda residencial. Por eso, la patronal Apartur no se cansa de reivindicar nuevas licencias, argumentando que un tercio de la demanda mundial apunta a los pisos turísticos, como forma de alojamiento más adaptada a necesidades familiares y de inmersión en las ciudades. En cambio, las plataformas vecinales más combativas con el turismo piden justo lo contrario. 

Licencias intocables

En todo este proceso, el ayuntamiento ha estudiado fórmulas para gravar más a los pisos turísticos (un negocio que parte de una licencia que costaba poco más de 200 euros) y que no debe cumplir requisitos de seguridad, limpieza y los muchos controles a los que son sometidos hostales y hoteles, impuestos aparte. Pero no ha hallado de momento marco legal para imponerlo. Ni tampoco para levantar las licencias ya dadas. El consistorio centra sus esfuerzos solo en erradicar los pisos ilegales, que se llegaron a estimar en unos 6.000, pero que entre órdenes de cese efectivas y erradicación de anuncios en los grandes portales supuestamente son ya muchos menos.

Grupos políticos como el PSC, que avalaron el Peuat, reclaman ahora ajustes para "planificar" los alojamientos de la ciudad, en lugar de limitarlos. De hecho, Barcelona en Comú prometió que el plan sería como un ser vivo, que se iría ajustando a las nuevas realidades.

Y la realidad es que ahora se avecina una previsible nueva crisis con la inminente regulación por parte del Govern de las habitaciones por días en domicilios privados, eje de la llamada economía colaborativa que extiende los beneficios económicos del turismo entre los particulares. El Gremi d'Hotels opina que "multiplicará las ilegalidades" y trampas, ante la dificultad de controlar que el titular empadronado viva o no en la vivienda, y que esta de destine por completo a viajeros.