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INICIATIVA PARA FRENAR EL ACOSO AL INQUILINO

BCN apuesta por la vía administrativa para combatir el 'mobbing' inmobiliario

El consistorio y las entidades sociales llaman a denunciar malas prácticas de los dueños

La ley de vivienda del 2007 prevé sanciones de 90.000 hasta 900.000 euros según los casos

Toni Sust

Miembros de la PAH, el Sindicat de llogaters y el Observatori Desc presentan denuncias contra el mobbing inmobiliario, este martes.

Miembros de la PAH, el Sindicat de llogaters y el Observatori Desc presentan denuncias contra el mobbing inmobiliario, este martes. / RICARD FADRIQUE

La ley de vivienda que el Parlament aprobó en el 2007 fue demonizada en aquel momento por gran parte de la oposición, que acusó al Govern tripartito de facilitar la expropiación de la propiedad privada. El asunto quedó en un olvido relativo y pasaron unos años hasta que la norma se reveló útil, aunque tampoco puede decirse que tremendamente exitosa. El caso es que fue aquella ley la que sirvió de base para que los ayuntamientos empezaran a esgrimir la amenaza de las sanciones a los bancos -que se quedaron con el grueso de los pisos que tantos hipotecados perdieron por impago durante la crisis- por tener las viviendas vacías durante más de dos años. Ahora, la misma ley será utilizada en Barcelona para sancionar a los propietarios que empleen tácticas para echar a los inquilinos de sus fincas que sean consideradas propias del mobbing inmobiliario.

Como en otros frentes de la vivienda, el gobierno de Ada Colau y las entidades sociales han ido de la mano en este tema. Este martes, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicat de llogaters y el Observatori DESC han defendido la vía administrativa como una nueva vía contra el mobbing. Lo han hecho en el Raval, donde han anunciado que ponen a disposición de quien lo preciso un modelo de denuncia y han citado varios casos. También han confiado en que la iniciativa se traduzca en un mayor castigo a los responsables del mobbing, que hasta ahora han recibido demandas por la vía penal que no suelen acabar en condena con facilidad.

Denuncia en el Raval

A continuación, han acudido a la oficina de vivienda del ayuntamiento en el barrio, en la que han presentado tres denuncias por acoso inmobiliario en tres fincas que son de fondos de inversión o similares: una contra la propiedad del número 106 de la calle del Carme, otra contra la de Floridablanca, 92 y contra la de Entença, 151. Vecinos de las fincas han relatado las situaciones que han vivido, como el clásico de la puerta de la calle rota que nadie va a reparar.

En Carme, 106, por ejemplo, esa puerta rota facilitó consecuencias. Propició que un grupo de toxicómanos eligiera un espacio en la finca para pincharse, o que hayan robado en tres de las siete viviendas. En la finca de Floridablanca, también se dejó de reparar la puerta de la entrada, al margen del mal estado de otras partes del edificio, en el que no faltan las termitas. En Entença, 151, ha relatado uno de sus vecinos, Juan Gómez, la denuncia es por falta de mantenimiento y conservación. Gómez no ha ahorrado críticas al ayuntamiento, y ha apelado a un eslogan para subrayar que no solo hay un problema legislativo y que el consistorio puede hacer más: "No solo es la LAU, también es la Colau". Además de estas tres denuncias, las entidades ya presentaron otras dos días atrás.

Asens y Montaner

Un par de horas después, en el ayuntamiento, el teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, han anunciado que el consistorio se dispone a sancionar por la vía administrativa a los propietarios que incurran en el ‘mobbing inmobiliario. La ley del 2007 prevé sanciones de 90.000 a 900.000 euros, pasadas las primeras multas coercitivas. Asens y Montaner han explicado que el gobierno de Colau pidió un informe a los servicios jurídicos para asegurarse de que tenía margen para acudir a esa vía, que llegó en febrero. Ahora, ha relatado Asens, hay 10 fincas compradas por grandes tenedores por las que han recibido denuncias. Cuatro de ellas están siendo inspeccionadas y se ha abierto un proceso sancionador en un caso, precisamente el de la calle del Carme, 106. 

¿Qué es el acoso inmobiliario?

Una serie de prácticas son consideradas acoso inmobiliario. La negativa injustificada a cobrar el recibo del alquiler fue quizá la primera forma de acoso que surgió. Era una manera de poder culpar al inquilino para echarlo. El incremento del precio del alquiler sin previo aviso en el contrato es otra forma de acoso. También lo es una oferta de una indemnización inferior a la que corresponda para que alguien abandone una vivienda o impedir que recurra al tanteo en el caso de que un tercero la quiera comprar. Otros tipos de acoso son no respetar la duración prevista en el contrato, paralizar las obras de rehabilitación de un edificio, el deterioro por la falta de mantenimiento, la insalubridad, el acoso verbal a los inquilinos, con amenazas, engaños y presiones para que abandonen la finca. Incluir a vecinos problemáticos es una artimaña conocida para perjudicar a los que la propiedad quiere fuera. Al igual que cortar los suministros e impedir a un inquilino con discapacidad que haga obras para adaptar la vivienda a sus necesidades.