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DESPLOME EN MONTJUÏC

Afectados por el derrumbe de nichos presentan una querella por profanación

Los familiares de los difuntos afirman que todavía ninguno se ha identificado 'científicamente'

Toni Sust

Imagen del estado en el que quedaron los nichos derrumbados en Montjuïc.

Imagen del estado en el que quedaron los nichos derrumbados en Montjuïc. / ROBERT RAMOS

El derrumbe de 144 nichos -68 se vinieron abajo y 76 tuvieron que ser derribados- en el cementerio de Montjuïc el pasado 15 de septiembre ha llegado a los juzgados. Este lunes, unos 60 afectados han presentado una querella colectiva contra responsables municipales y de la investigación sobre lo sucedido en el camposanto, como avanzó este diario en junio.

La querella se presenta por daños, profanación, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación y está dirigida contra el concejal de Presidencia y presidente de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia; el gerente de Cementiris, Jordi Valmaña, y la directora de la exhumación e identificación de los restos humanos, la antropóloga Dominika Nociarova.

La querella de los familiares, representados por los bufetes Palacio Lassaletta y Duran y Duran,  se sustenta en varios elementos. Uno de los más relevantes es que Cementiris de Barcelona ordenara a sus operarios separar restos humanos de escombros tras el derrumbe sin la presencia de especialistas, ya que las dos antropólogas que han analizado los restos aún no habían puesto un pie en el cementerio.

El abogado José María de Palacio ha precisado que la separación se hizo con una retroexcavadora y pese a lo cual la empresa les aseguró que los empleados del cementerio sabían bien lo que hacían. Aunque son cerca de 60 los familiares que reclaman, la querella ha sido formalmente presentada por 20 de ellos, ya que es algo que corresponde a los titulares de los nichos.

Tanto Palacio como Miguel Durán han cargado contra la actuación municipal, no solo por la gestión hecha tras el derrumbe sino por considerar que en el cementerio no se han hecho los trabajos preceptivos de mantenimiento que, sostienen los abogados, hubiera evitado lo sucedido. Además, sospechan que Cementiris de Barcelona no ha destinado la tasa que cobra por conservación a tal efecto, ya que según los querellantes, la recaudación anual por ese concepto es de dos millones y la empresa aseguró haber gastado 10 millones en los últimos 10 años para mantener el camposanto en buen estado.

Plataforma de afectados

Los familiares han creado una plataforma, https://afectatscementirimontjuic.com, para dar a conocer su reclamación y para difundir el caso, ya que existe la sospecha de que muchos familiares de sepultados en los 144 nichos ni siquiera se han enterado de lo sucedido.

A la presentación de la querella han asistido varios de los familiares, de los que Núria Miñana ha actuado como portavoz. “Hay cero identificados científicamente”, ha lamentado Miñana, al recordar que todavía no se han recibido los resultados de las pruebas de ADN a los que se sometió a restos de los difuntos. Los abogados han criticado el proceso, han acusado al ayuntamiento de resistirse a que se hicieran las pruebas y han criticado errores como el de llamar al cuñado de uno de los difuntos para cotejar su ADN con el de este, lo que lógicamente no tiene sentido sin ser parientes. “Estamos indignados. No pensamos que tuviéramos que llegar a este punto”, ha dicho Miñana.

Consentimiento viciado

El ayuntamiento ha replicado la presentación de la querella defendiendo su actuación. Ha recordado que 68 nichos cayeron solos pero que otros 76 tuvieron que ser derribados por precaución. Según el consistorio, estos 76 siempre han estado identificados. Según la versión municipal, hay 19 expedientes cerrados con acuerdo por daños morales; 16 titulares en conversaciones con el consistorio; 13 que van por la vía judicial; seis localizados que no han respondido; un nicho vacío, y 13 titulares no localizados.

Los que han cerrado un acuerdo por daños morales, según relatan Palacio y Durán, han recibido 5.000 euros como compensación. Una cantidad, ha recalcadlo Durán, que no obligará a nada si se demuestra que la empresa municipal no hizo su trabajo y acaba condenada, porque se habría dado un caso de consentimiento viciado.