El gobierno de Colau descarta los recortes que augura Collboni

¿Provocará la caída en ingresos recortes municipales? El presidente del grupo del PSC, Jaume Collboni, socio de gobierno de Ada Colau durante año y medio -condición que todavía ostentaba cuando se elaboraron los presupuestos-, dice que sí. El gobierno de Colau dice que no. Como mucho, habla de posibles retrasos en alguna actuación si los ingresos menguan. El pulso empezó el lunes, cuando Collboni denunció que la alcaldesa tendrá que recortar. Una afirmación que quedó en parte en entredicho porque erró al asegurar que los ingresos por el IBI se reducirían en más de 100 millones de euros este año. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, puntualizó que no es cierto, que ha habido un cambio en la fecha de cobro y que en realidad se ingresará más por el impuesto. Pisarello no habló de recortes, pero admitió posibles "reajustes de calendario" si los recursos menguan. Collboni también advirtió de una reducción de los ingresos por el impuesto de plusvalías, un riesgo que, este sí, el propio gobierno admite.

El error de Collboni con el IBI contribuyó a que el gobierno saliera airoso del asunto. Este martes, el socialista ha redoblado la ofensiva. Ha afirmado que Colau tendrá que recortar 107 millones de euros en inversiones en los barrios este año y el 2019. Y ha esgrimido un documento interno con esos datos que después fuentes del gobierno han calificado de "desfasado" y elaborado como una proyección posible en el peor de los escenarios, cuando se calculaba, en otoño, que la caída de ingresos por plusvalías sería del 40%: a estas alturas el porcentaje previsto es de un 12% indican las mismas fuentes, que descartan todo recorte social.

Réplica de Sanz

A la segunda denuncia de Collboni ha replicado este martes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que ha evitado confirmar los recortes pero tampoco los ha descartado. Ha empleado un argumentario idéntico al que exhibió el lunes Pisarello: ha recordado que el ayuntamiento es solvente, que ha eliminado el superávit, que es la ciudad grande que más invierte en política social y que la Generalitat y el Estado deben asumir las facturas que le corresponden. Ha recordado que las inversiones de su área están ya ejecutadas en un 75%: "Las actuaciones programadas siguen sin ningún tipo de novedad".